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La directora de entretenimiento de TVE, imputada por el caso de 'La Rueda'

El juez ha citado a declarar en calidad de investigadas a ocho personas relacionadas con el escándalo de La Rueda.

Imagen de un despacho en la sede de RTVE.
Imagen de un despacho en la sede de RTVE. Efe

La directora de Programas de Entretenimiento de RTVE, Antonia Prieto, es una de las ocho personas citadas a declarar como investigadas por el caso 'La Rueda' de la SGAE, relativo al escándalo de los derechos de autor de las canciones que se emitían en televisión durante la madrugada. En este grupo, también se encuentra José Arturo Morales Rodríguez, encargado de Los Conciertos de Radio Clásica.

Ambos tendrán que declarar en la Audiencia Nacional, y en calidad de investigados, el próximo 3 de octubre, según se detalla en el documento de diligencias previas del caso, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Fuentes oficiales de RTVE han asegurado que en la corporación no se ha recibido ninguna notificación al respecto, aunque han precisado que Antonia Prieto sólo gestionó la programación musical relacionada con La Rueda durante dos meses, una vez se había descubierto el supuesto caso de corrupción que salpica a estos temas musicales. Sobre su responsable hasta ese momento no han realizado declaraciones.

En las diligencias previas de la Audiencia Nacional, también se especifica que entre el 3 y el 4 de octubre deberán declarar como investigados el presidente de la Sociedad General de Autores Españoles, José Miguel Fernández Sastrón, así como otros presuntos implicados en la trama, como Juan Manuel Muruve, Raquel Camins, José Luis Rupérez, María Sanz Núñez y Carlos Salazar Murillo. Este último, ejercía de jefe de la división musical de Canal Sur en el momento en el que saltó el caso a los medios.

Esta trama, destapada hace algo más de un año, estaba integrada por varios socios de la SGAE y habría defraudado entre los años 2006 y 2011 unos 100 millones de euros mediante una operativa consistente en el registro fraudulento de supuestas modificaciones de obras originales -y, por tanto, libres de derecho de autor- sin variación alguna de las auténticas para ser emitidas en programas nocturnos de televisión.

Según el magistrado instructor, estas obras de dominio público plagiadas se titulizaron a nombre de familiares y testaferros bajo diferentes editoriales pertenecientes a los investigados. Estas sociedades formalizaban acuerdos con los responsables de contratación de música de las diferentes cadenas de televisión, las cuales, a cambio, cobraban un porcentaje variable de los derechos de autor de dichas obras, según explica Europa Press.



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