Díaz Ayuso inicia maniobras para intentar ahogar al director general de Telemadrid

Las relaciones entre el Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso y la cúpula de Telemadrid, con José Pablo López a la cabeza, no han sido especialmente fluidas desde que la política tomó posesión de su puesto como presidenta de la Comunidad. De hecho, el Consejo de Administración de este medio de comunicación envió hace unos meses una carta al Ejecutivo autonómico en la que lamentaba la falta de interlocución que mantiene con la radio-televisión pública madrileña. En esta situación, el margen de maniobra del director general ha quedado comprometido.

Según adelantó Vozpópuli este miércoles, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, envió el martes una carta al presidente de la corporación, Alfonso Morales, y al director general del ente público, José Pablo López, en la que les pide que aclaren los motivos del déficit de 4,59 millones de euros que le atribuye Intervención General de la Administración de la Comunidad de Madrid.

Dentro de la radio-televisión autonómica, este mensaje ha sido interpretado como un intento de arrinconar a López. Entre otras cosas, porque la ley que regula este servicio público, aprobada en 2015, deja la puerta abierta a que el director general de Telemadrid sea destituido en caso de que se cierre un ejercicio con desviación presupuestaria, apuntan.

¿Qué dice la ley?

En concreto, se le podría cesar -con mayoría de dos tercios en la asamblea (difícil de conseguir por cualquier partido)- en dos casos: por un lado, si Telemadrid registrara “un empeoramiento del resultado presupuestado para un ejercicio” y, por otro, si existiera “una desviación presupuestaria de las cifras aprobadas para el total de dotaciones, tanto del presupuesto de explotación como del presupuesto de capital”.

José Pablo López llegó al despacho principal de esta empresa pública en 2017 con un mandato de seis años. Los legisladores decidieron que la duración de este ciclo fuera mayor que la de una legislatura para reducir las probabilidades de que el gestor de la televisión autonómica se convirtiera en un títere del Gobierno regional. Algo que ha ocurrido en reiteradas ocasiones en estos medios de comunicación públicos.

A López le apoyaron en la Asamblea de Madrid el PP de Cristina Cifuentes, así como el PSOE y Ciudadanos. En la votación, Podemos se abstuvo.

A la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la Presidencia autonómica, la relación entre el Gobierno regional y los gestores de esta televisión se enfrió. Tal es así que, según fuentes cercanas a su Consejo de Administración, esta Administración comenzó a rechazar las peticiones para cubrir las bajas laborales y para realizar contratos de fin de semana para poder ofrecer el deporte autonómico. También demoró la adquisición de equipos para mejorar la infraestructura de este medio de comunicación, añaden.

El clima mejoró tras la declaración del estado de alarma, puesto que la presidenta concedió entrevistas a Telemadrid y su Gobierno autorizó algunos contratos necesarios para cubrir las bajas que la covid-19 dejó en su plantilla. Sin embargo, en mitad de la emergencia sanitaria, aparecieron en las instalaciones de esta empresa pública los ‘hombres de negro’ de la Intervención, apuntan estos informantes.

Situación complicada

La conclusión que han extraído es que “el resultado de la empresa, en términos de contabilidad nacional, arroja un déficit de 4,599 millones de euros”. Este dato contrasta con el que figura en las cuentas que aprobó el Consejo de Administración de Telemadrid hace unas semanas, que apuntaban a que el ejercicio 2019 se cerró con equilibrio presupuestario.

La clave –inciden estas fuentes- es si el Gobierno de Ayuso utilizará este dato para presionar a López o incluso para tratar de impulsar su cese, pues no es ningún secreto que el Ejecutivo regional no está cómodo con el gestor de Telemadrid.

Este tipo de acciones han sido frecuentes en los medios públicos. Sin ir más lejos, el Gobierno de Mariano Rajoy provocó la dimisión de Leopoldo González-Echenique de Radiotelevisión Española tras negarle una inyección económica de 130 millones de euros que era necesaria para aliviar las urgencias financieras de la corporación.