Después de estrechar el cerco sobre EFE, toca resolver la papeleta de RTVE

Circula estos días entre los directivos de las televisiones privadas un mensaje que alguno compara con el cuento de Pedro y el lobo. Porque hay alguien desde el Gobierno que se ha preocupado de airear un rumor que sólo puede ser interpretado como una amenaza. Es el relativo a la posible vuelta de la publicidad a Radiotelevisión Española, algo que perjudicaría sobremanera el negocio tradicional de Atresmedia y de Mediaset, que durante los últimos años ya ha sufrido los embates derivados de la decadencia de la TDT y de la elevadísima competencia en el sector del entretenimiento digital.

Como siempre ocurre con este tipo de mensajes, es necesario diferenciar la verdad de la mentira; y los hechos de los rumores. La realidad es que la nueva normativa audiovisual abre la posibilidad a RTVE para que incluya publicidad en sus canales digitales –RTVE.es y RTVE Play, entre otras- y que desde el alto mando de la corporación se pidió hace un tiempo al Ejecutivo el desarrollo de ese punto para disponer de una vía de financiación adicional. Quizás incluso más cuantiosa que la que obtiene a partir de los patrocinios.

A partir de ahí, todo es especulación. Hay quien incluso ha lanzado estos días el mensaje de que el Gobierno estaría dispuesto a modificar la Ley de Financiación de la corporación para permitirle financiarse con entre un 20 y un 25% con publicidad. Preguntadas al respecto fuentes de la Secretaría de Estado de Comunicación, han dado la callada por respuesta. Sea como sea, el gasto de RTVE ha aumentado en los últimos tiempos y hay quien dentro de la casa avisa de que 2023 va a terminar con un déficit que podría alcanzar los 30 millones de euros. Eso, tras gastar un presupuesto superior a 1.200 millones. Y eso, teniendo en cuenta que hay un pleito por resolver con Hacienda -por la desgravación del IVA- en el que hay 500 millones de euros en juego. Todo parece indicar que RTVE ganará en los tribunales -al igual que las televisiones autonómicas-, pero hasta que el Tribunal Supremo no dé la última palabra, todo puede pasar.

Una presidencia consistente

Dentro de Moncloa, hay otros aspectos de RTVE que causan preocupación. El primero es el de la propia figura de Elena Sánchez, que es presidenta provisional -aunque con poder ejecutivo- y que fue propuesta para su puesto por el propio Gobierno. Sin embargo, hay quien en el palacio presidencial porfía de su capacidad para llevar la radio-televisión pública al terreno donde Pedro Sánchez desea. No ayudan a calmar las aguas, en este sentido, las frecuentes visitas a Moncloa y llamadas a deshoras de alguno de sus altos directivos, que aspira a mandar todavía más de lo que le dejan y que está especialmente empeñado en describir los puntos flacos de la presidenta por aquellos lares.

Tampoco juega en su favor el hecho de que Prado del Rey se haya convertido en un conjunto de reinos de taifas en los que cada cual hace la guerra por su cuenta. En el Comité de Dirección confluyen actualmente personas de la máxima confianza de Elena Sánchez con otras que 'coló' Moncloa y otras que sobrevivieron tras la dimisión del anterior presidente, José Manuel Pérez Tornero, que en algunos casos mantienen diferencias irreconciliables con la líder de la casa. En alguna reunión, incluso se han llegado a escuchar insultos y descalificaciones personales. No hace falta arrimar la oreja a la sala de juntas para cerciorarse de ello. Lo cuentan los propios participantes.

Algo similar ocurre con el Consejo de Administración, donde cohabitan sensibilidades tan diferentes que hay reuniones que han sido infernales, por decirlo de algún modo. Tal es así que la propia Sánchez llegó a retar al resto de los vocales a promover una cuestión de confianza contra ella para votar sobre su destitución. La sangre nunca llegó al río. Entre otras cosas, porque su sucesor se encontraría exactamente con los mismos problemas que la actual presidenta. Y porque hay quien vive mejor como agitador que como gestor.

Moncloa busca estos días una solución para todos estos problemas -solución de su conveniencia, claro- y ya ha deslizado entre sus voceros la posibilidad de proponer al Partido Popular una reforma legal que elimine la obligación de que el presidente y los consejeros de administración se presenten a un concurso público para acceder a esos puestos.

Hay que tener en cuenta que esa idea se aplicó en varias televisiones públicas a partir de 2015, cuando los dos partidos de la 'nueva política' -Podemos y Ciudadanos- alcanzaron las instituciones y se empeñaron en despolitizar las televisiones públicas. Sobre el papel, eso sonaba bien. En la práctica, Pablo Iglesias propuso para el Consejo de RTVE a personas de su confianza -y de la de CCOO-, al igual que hicieron el resto de los partidos. ¿Cómo gobernar una televisión si su máximo órgano de decisión está compuesto por personas tan decantadas políticamente? No ocurre en todos los casos, pero sí en algunos. Y eso hace que Elena Sánchez esté atada de pies y manos porque sabe que hay asuntos que por mucho que intente aprobar, no lo logrará. Sobre todo, los relacionados con los cambios en el organigrama.

El futuro de RTVE

Así que en Prado del Rey comienza a barajarse la idea de que, en marzo, cuando termine el mandato de cinco de los nueve consejeros de RTVE, el PSOE va a intentar promover cambios, tanto a nivel interno como legal. Hay quien teme que eso derive en algo similar a lo que ha ocurrido en EFE, y es en que Moncloa sitúe a uno de sus peones al frente para controlar este medio de comunicación de forma férrea.

Las mayorías que se requieren para designar al presidente de RTVE lo hacen más complicado que en el caso de EFE, donde sólo será necesario el visto bueno de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para entronizar a Miguel Ángel Oliver. Ahora bien, después de asistir a ejemplos bochornosos, como el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única, o el de José Antonio Sánchez como líder de Telemadrid, cualquier cosa puede pasar.

Es lo de siempre: los ciudadanos apoquinan para que estos medios puedan emitir sus programas y su propaganda; y los partidos los manejan tal y como les conviene.