Publicado: 05/01/2016 04:00
Los movimientos realizados durante la pasada legislatura por los partidos que han abanderado el procés, Convergencia y ERC, les permitirán mantener su dominio sobre el Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC) pase lo que pase en 2016, en el que se esperan unas nuevas elecciones en esta comunidad autónoma. Estas formaciones políticas, bajo la batuta de Artur Mas, han aprovechado la fuerza que han tenido en el Parlamento durante los últimos años para colocar a sus peones en este organismo y poder así controlar las radios y televisiones catalanas. Estos miembros del CAC no podrán ser movidos de su silla, como mínimo, hasta 2018, pese a haber tomado decisiones claramente sesgadas -tal y como han denunciado varios medios- e incluso pese a haber recibido denuncias por presunta prevaricación,
La jugada maestra, en este sentido, la realizaron CiU y ERC en julio de 2014, cuando rubricaron un pacto para situar en este organismo a Eva Parera, Yvonne Griley y Salvador Alsius. La primera era afiliada de Unió y la segunda, de Convergecia. Alsius, por su parte, es un reconocido defensor de la secesión, como dejó claro en una entrevista concedida al diario Ara hace algo más de un año en la que afirmó que "daría la noticia de la independencia con una gran sonrisa".
Artur Mas se ha asegurado que hasta 2020 haya una mayoría de consejeros independentistas en el CAC
Apoyados por el presidente del CAC, Roger Loppacher, estos consejeros han hecho valer su mayoría numérica para imponer su criterio en la inmensa mayoría de las votaciones que se han realizado en el Consejo desde su llegada. Desde para abrir un expediente a la Cadena SER, Onda Cero y la Cadena COPE por no emitir las cuñas ilegales sobre la consulta del 9-N que les envió la Generalidad, hasta para conceder diversas licencias de radio a medios de comunicación que han demostrado ser dóciles con Artur Mas.
El mandato de estos consejeros finalizará en 2020 y sólo podrán ser cesados en caso de que reciban una "condena en firme por un delito doloso" o en el supuesto de que se demuestre su "incapacidad permanente para el ejercicio del cargo o una incompatibilidad sobrevenida", según recoge la normativa que rige el funcionamiento del Consejo Audiovisual de Cataluña, aprobada con CDC en el Gobierno catalán.
Mayoría asegurada para los próximos años
Una prueba de la falta de independencia de los miembros de este organismo propuestos por CiU y ERC es que, desde que Convergencia y Unió confirmaron su ruptura, el pasado junio, la consejera más cercana a UDC, Eva Parera, ha perjudicado con algunos de sus votos los intereses de Mas. Hasta entonces, los había apoyado con todos sus sufragios. Ahora bien, eso no significa que los independentistas hayan perdido la mayoría en este organismo, puesto que Roger Loppacher siempre ha otorgado su voto de calidad para defender las posiciones de CDC. Y el presidente permanecerá en su cargo hasta 2018.
La cómoda mayoría de la que gozan los consejeros afines a la secesión en el CAC permitirá a los partidos que la defienden mantener su dominio sobre el panorama audiovisual catalán, en el que Convergencia controla por completo la radio y la televisión públicas, y mantiene de su parte a algunos de los medios privados más influyentes, como los del Grupo Godó (RAC1 y 8TV).
La Generalidad controla por completo la radio y televisión públicas y mantiene de su parte a algunos de los medios privados más influyentes
Para conservar este dominio sobre el sector audiovisual, resultaba fundamental asegurar la mayoría dentro de la máxima autoridad en esta materia, a pesar de que eso convirtiera a este organismo en un mero títere de la Generalidad. Y así lo hicieron CiU y ERC, que con su entente consiguieron que los secesionistas controlen hasta 2020, sea cual sea la estructura del nuevo Parlamento autonómico, qué empresas pueden emitir en esta comunidad o qué contenidos pueden ofrecer. Incluso podrán multar a los medios de comunicación que no ofrezcan un tanto por ciento de sus contenidos en catalán.
Las decisiones tomadas por este organismo durante los últimos tiempos han dejado patente que los secesionistas tienen la hegemonía sobre este organismo. De hecho, y tal y como publicó este periódico, desde 2012 y hasta el pasado septiembre, de las 20 resoluciones que publicaron, tan sólo una dio la razón a un denunciante que lamentó la actitud de un contertulio independentista de TV3. El resto, fueron favorables a Mas y los suyos. Esto, desde luego, ha contribuido a dejar claro que el CAC está fuertemente ligado a la Generalidad, pero también que está a años luz de ser objetivo. Algo que, por cierto, debería ser una condición fundamental en un organismo que asume competencias que hasta su creación pertenecían a los tribunales.
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