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Wert quita hierro a su ley: ahora dice que Google y los medios podrán negociar el importe del 'canon AEDE'

Las palabras que pronunció en la tarde del jueves José Ignacio Wert en los pasillos del Congreso sonaron a rectificación. Porque el Ministro de Cultura afirmó que los medios de comunicación podrán negociar con Google el montante del canon que esta empresa norteamericana deberá pagarles por enlazar su contenido, en virtud de la nueva Ley de la Propiedad Intelectual. Hasta que no lleguen a un acuerdo y se reglamente esta norma, no se aplicará la tasa. Lo llamativo de estas palabras es que llegan justo después del anuncio de cierre de Google News en España, una noticia que ha puesto en jaque a la mayoría del sector de internet en España.

En declaraciones a los periodistas, el responsable aseguró que Google “se ha adelantado” a los acontecimientos con su decisión de cerrar este servicio de noticias el próximo 16 de diciembre, puesto que para entonces no se sabrá el contenido final de la ley. Sin embargo, no se puede decir que esta decisión le haya pillado por sorpresa, pues la compañía estadounidense ya había amenazado con clausurarlo si se aprobaba este “impuesto”, puesto que le provocaría grandes pérdidas.

La compañía estadounidense había amenazado con cerrar Google News si se aprobaba el canon

A pesar de lo dicho por Wert, la ley contempla que, en caso de que Google y los editores no alcancen una postura común, se recurrirá al mecanismo de fijación de precios que establecerá la Comisión de la Propiedad Intelectual. Esta posibilidad no parece tan lejana si se tiene en cuenta la distancia que separa actualmente ambas posturas. Es más, los editores de AEDE acusaron ayer a la empresa norteamericana de no tener intención alguna de sentarse negociar, por lo que no está claro siquiera que se vayan a producir conversaciones.

¿Qué consecuencias tendrá el cierre de Google News en los medios online?

En lo que hay prácticamente unanimidad en el sector de internet nacional es en que el cierre de Google News será muy perjudicial para los medios de comunicación digitales, puesto que una buena parte de su tráfico procede de los enlaces que incluye este servicio. Y, en este negocio, por lo general, las visitas suelen ir acompañadas de ingresos.

¿Por qué, entonces, desde el lobby que agrupa a la prensa tradicional (AEDE) se presionó al Gobierno para que estableciera la ‘Tasa Google’? Desde esta asociación, justifican esta petición en la necesidad de percibir ingresos por el valor de sus noticias. Desde la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) difieren y afirman que lo que pretenden los medios impresos es asegurarse un ingreso fijo a través de este canon, así como restar recursos a su competencia online.

La AEEPP afirma que la intención del lobby de la prensa escrita es la de mermar a sus competidores

La inscripción en el servicio de noticias de Google News es voluntaria y los medios de comunicación pueden darse de alta y de baja en el momento en que lo deseen. Para la Coalición ProInternet –de la que forman parte Google y varios medios-, este hecho ratificaría su argumento de que, en realidad, las únicas pretensiones de AEDE son la de repartir un canon entre sus socios y la de mermar las fuerzas de sus competidores.

Una pérdida de entre el 10 y el 30 por ciento de los visitantes

Actualmente, Google muestra las noticias de los medios de comunicación españoles a través de dos vías: por un lado, de su servicio News y, por otro, de un módulo especial que aparece entre los resultados de cada búsqueda. Dentro de unas horas, la primera desaparecerá, mientras que la segunda sólo mostrará noticias de medios extranjeros. Esto supondrá para las cabeceras digitales nacionales una pérdida de visitantes que desde la AEEPP han situado entre el 10 y el 30 %.

Desde la Coalición ProInternet, temen que esto aboque al cierre a diversos medios de comunicación electrónicos, amén de a los agregadores de noticias que no puedan hacer frente a la tasa que les soliciten los medios de comunicación. En su opinión, esto limitaría la libertad de elección de los ciudadanos y, lógicamente, reduciría las fuentes de información a las que tienen acceso.

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