TV autonómicas: juguetes en manos de los barones regionales, a 136 millones el punto de audiencia

Pocos meses antes de dejar la Presidencia de Castilla-La Mancha, en marzo de 2015, María Dolores de Cospedal fue a los toros. Mientras Enrique Ponce le brindaba el primero de la tarde, sonaron algunos pitos en el tendido. Los espectadores de esta televisión no los escucharon, ya que fueron sustituidos por una cerrada ovación. El pasado octubre, cuando las familias socialistas se declararon la guerra, en el informativo de Canal Sur -de Susana Díaz- se aseguró que los mandamases del partido estaban llamados a elegir “entre susto (la abstención en la investidura de Rajoy) y muerte (el 'no')”. El infierno eran los otros, los de Pedro. Los buenos eran ‘los de Susana’. Y hubo un tiempo, cuando Rita Barberá alcanzó sus más altas cotas de popularidad en la Comunidad Valenciana, en el que era más fácil ver su cara en los telediarios de las cadenas nacionales que en Canal Nou, donde apenas si aparecía ante el temor de Eduardo Zaplana, primero, y Francisco Camps, después, a que les restara protagonismo.

Los tres casos ejemplifican el vasallaje que han prestado las televisiones autonómicas hacia los presidentes regionales durante las tres últimas décadas. Estos medios de comunicación han sido utilizados por varios de los más ‘reputados’ líderes territoriales como una herramienta más para ganar votos, aunque eso haya implicado ofrecer una visión distorsionada de la realidad y haya generado un agujero presupuestario multimillonario. Eran males menores. Era todo por la fama.

Al frente de Castilla-La Mancha Televisión estuvo durante cuatro años Ignacio Villa, a quien –en palabras de los trabajadores de la casa- se responsabiliza de múltiples casos de manipulación informativa y quien fue denunciado por supuesta malversación de fondos públicos por 40 alcaldes socialistas, que consideraron que utilizaba los recursos de la cadena para favorecer exclusivamente los intereses del PP. Pagaban todos, pero sólo ganaban los de la bancada popular.

El propio Emiliano García-Page se querelló contra el propio Villa, al que acusó de haber cometido un delito de injurias y calumnias por consentir la emisión de un reportaje que no le dejaba, precisamente, en un buen lugar. Poco después de que el director de Informativos fuera fulminado por el propio García-Page, salió a la luz que, entre 2011 y 2014, cargó 136.000 euros a la tarjeta VISA de este medio de comunicación –la mayoría en hoteles y restaurantes, algunos de lujo- y que había gastado más de 5.000 euros en llamadas a Hong Kong.

Mantener las (radio)televisiones autonómicas cuesta casi 2.000 euros por minuto.

La gestión de Villa constituye un caso extremo, pero no aislado, puesto que han sido diversos los directivos de estos medios de comunicación que se han empoderado en su puesto y han sido acusados de ensalzar, hasta extremos absurdos, las acciones y omisiones de los gobiernos regionales. Con cargo a los presupuestos de las comunidades autónomas.

¿Se solucionó la crisis de credibilidad de esta televisión tras su marcha? Cuesta pensarlo si se tiene en cuenta que dos editores de sus informativos fueron cesados después de que se emitieran unas declaraciones de Francisco Hernando El Pocero, en las que denunciaba las políticas de García-Page y los suyos.

Una factura muy alta

Cuando aparecieron estas cadenas, a finales de la década de 1980, se aseguró que enriquecerían el panorama informativo de cada territorio y ayudarían a difundir sus tradiciones y manifestaciones culturales más valiosas. Nada más lejos de la realidad. Salvo contadas excepciones, han ejercido de infatigables difusores de mensajes institucionales sesgados y, en algunos casos, han estado al servicio de los nacionalismos y localismos defendidos por los poderes políticos.

En 2016, las televisiones autonómicas agrupadas en la FORTA tocaron fondo. Según datos de Kantar Media, su audiencia fue la peor de su historia (7,4%), casi tres puntos inferior a la de hace un lustro y muy por debajo de la que conseguían durante la década de 1990, cuando en varios casos eran la opción preferida por los espectadores. Para conseguir cada punto de cuota de pantalla, estos medios de comunicación invirtieron 136,1 millones de euros, frente a los 57,97 millones que necesitó TVE.

Mantener las (radio) televisiones autonómicas cuesta casi 2.000 euros por minuto. De esta cantidad, 641 euros le corresponden a la catalana, 312 a la andaluza y 247 a la vasca, 194 a la gallega. La antigua radiotelevisión valenciana ha costado decenas de millones desde el día en que cerró (sólo ‘liquidar’ a su plantilla supuso un desembolso de 160 millones) y la que está en proyecto, se ha llevado hasta el momento 84 millones, pese a no haber emitido ni un minuto.

Salvo en Cataluña, País Vasco y Galicia, ninguno de estos medios de comunicación superó en 2016 el 10% de cuota de pantalla, de media. En Madrid fue del 5,5, en Canarias, del 5,1; en Castilla-La Mancha, del 5,1; en Aragón, del 9; en Asturias, del 5,7; en Baleares, del 3,4; en Extremadura, del 5,5; en Murcia, del 2,4; y en Castilla y León –semi-privada-, del 2,1%.

Radiotelevisión Española, con un presupuesto de 974 millones de euros, consiguió en 2016 un share del 16,8%. Fue ligeramente mejor al del ejercicio anterior (+0,1), pero estuvo muy por debajo del de los principales grupos privados de la TDT: Mediaset (29,8%) y Atresmedia (27,1%).

Las cadenas autonómicas españolas empleaban en 2015 a casi 6.300 trabajadores, a los que hay que sumar los 6.350 de RTVE. El coste de estas plantillas fue de más de 700 millones de euros. Pero aún hay más, puesto que los Presupuestos Generales del Estado contemplan un desembolso de 60.000 euros –de media- por cada uno de los ‘afectados’ por el ERE de Televisión Española de 2006 que siguen prejubilados. El año pasado, quedaban 320.

Pese a los varios cientos de millones que gastan cada año las administraciones españolas en estos medios de comunicación, en la FORTA –la asociación que las aglutina- no escatiman esfuerzos para intentar demostrar que las televisiones públicas no son tan caras como parece. Hace unas semanas, esta colectividad difundían un estudio en el que se incidía en que estos medios audiovisuales se encuentran entre los más baratos de Europa.

En concreto, mientras los daneses gastan 164,1 euros por habitante en este servicio público, los alemanes 120,8, los austriacos 119,1 y los británicos, 113,8; los españoles ‘sólo’ invierten 38,9 euros, bastante por debajo de la media de la UE (67 euros). En los últimos cinco años, las televisiones públicas nacionales han experimentado la mayor reducción presupuestaria de Europa, el 35,2%. Por encima de Chipre (32,7), Portugal (29,9), Polonia (17,4), Irlanda (11,5) e Italia (10,04).

A esta drástica reducción presupuestaria atribuyen los responsables de estos canales la importante caída de audiencia que han sufrido durante los últimos tiempos. El razonamiento que aplican es irrefutable: donde hace un lustro había 10 euros para gastar, ahora hay menos de 7 y eso, evidentemente,  ha empeorado la calidad de la parrilla de programación y ha provocado una migración masiva de espectadores hacia las televisiones privadas.

Ahora bien, no todo puede explicarse en la escasez de recursos, dado que, a la hora de analizar este éxodo de audiencia, también hay que tener en cuenta -aunque en menor grado, claro está- la escasa credibilidad de sus informativos. El pasado noviembre, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó una encuesta en la que se revelaba que La 1 ya no es la cadena preferida por los españoles para seguir la información política y electoral (es La Sexta). En 2012, fue elegida por 39,4% de los encuestados, mientras que en 2016, por el 19,2. Ninguna de las autonómicas superó los 6 puntos.

Este descrédito será difícil de revertir. Máxime en un ecosistema que, en los últimos años, se ha enriquecido con nuevas fuentes de información, más potentes y con mayor alcance.

Cada vez es más difícil de justificar la lluvia anual de millones que reciben estas televisiones. Fueron, en su día, potentes altavoces de los intereses del poder, pero desde hace unos años se dirigen peligrosamente hacia el desfiladero de la irrelevancia. Un anonimato que cuesta casi 2.000 euros por minuto.