Publicado: 03/08/2015 04:00
Los ocho canales de la TDT que las televisiones salvaron in extremis el pasado junio tras pagar 20 millones de euros a las tres empresas que habían demandado su cierre no están blindados. Existe un vacío legal que el Gobierno no ha solucionado y que permitiría a cualquier persona jurídica que considerase que sus intereses han sido lesionados por la forma en que se concedieron las licencias de emisión interponer una demanda para exigir su cierre. Si el Alto Tribunal aceptara sus argumentos, se iniciaría un procedimiento similar al que culminó con la clausura de nueve canales de Atresmedia, Mediaset, Net TV y Veo TV en mayo de 2014.
La explicación de este asunto se encuentra en los Consejos de Ministros celebrados el 28 de mayo y el 11 de junio de 2010, en los que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero publicó dos acuerdos por los que transformaba en licencias las concesiones que en 2005 había realizado a estas compañías de televisión -además de a Sogecable- para emitir en la TDT. La asignación se realizó sin concurso público. Es decir, se otorgaron a dedo 17 canales, lo que motivó que tres empresas del sector recurrieran ante el Tribunal Supremo.
Rodríguez Zapatero otorgó a dedo 17 concesiones para emitir en TDT que fueron impugnadas
Esos acuerdos nunca fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si eso hubiera ocurrido, no se podrían impugnar, puesto que el plazo para hacerlo ya habría expirado. Pero la omisión de esta acción abre la posibilidad a que cualquier empresa que se considere perjudicada por la decisión del anterior Gobierno presente un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, según explican a Vozpópuli fuentes jurídicas cercanas relacionadas con el sector audiovisual.
El Gobierno podría cerrar esta puerta con la publicación de los acuerdos que adoptó el Consejo de Ministros hace más de cinco años. También lo haría si decidiera cumplir una de las reivindicaciones que la patronal de las televisiones privadas, UTECA, le ha trasladado en reiteradas ocasiones: la de blindar esos canales, por Decreto-Ley, contra el efecto de cualquier futura decisión judicial adversa.
Lo que está claro es que el Ejecutivo no ha solucionado un problema que sería "fácil de paliar" y que evitaría que los cuatro grupos con licencia para emitir en abierto en la TDT tengan que enfrentarse a los efectos negativos que generaría en sus cuentas cualquier sentencia que ordene fundir a negro alguna de sus cadenas. Fuentes jurídicas inciden en que el camino que siguieron las tres empresas que litigaron contra los ocho canales de Atresmedia, Mediaset, Net TV y Veo TV está abierto. "Eso sí, no sería fácil que una compañía demostrara hoy en día que ha sido perjudicada de forma directa por esta decisión del Gobierno (hecho fundamental para iniciar el procedimiento). Pero sería posible que lo hiciera, claro que sí", apuntan.
El concurso por seis canales sigue abierto
Más allá de este asunto, soterrado, pero con un importante potencial para generar un nuevo incendio en el sector, la otra gran cuestión que quita el sueño a las televisiones privadas es la resolución del concurso por seis nuevas licencias de TDT convocado por el Gobierno el pasado abril. La adjudicación definitiva está prevista para octubre y cada uno de los participantes podrá obtener un máximo de dos permisos de emisión: uno en calidad normal y otro en alta definición. Las empresas que optan a conseguirlas son las cuatro que actualmente emiten en abierto en España -salvo Unedisa-, así como el Real Madrid, El Corte Inglés, Kiss FM, Prisa, 13TV y Secuoya.
Son varias las voces de la política y del sector audiovisual que se han mostrado seguras de que en la concesión de estas licencias tendrá un importante peso específico el factor ideológico. Es decir, que el PP las utilizará para ampliar las filas de su ejército de medios afines, como también hicieron los gobiernos anteriores que tuvieron asuntos similares entre manos. Ahora bien, las mismas fuentes jurídicas afirman que cualquier trato de favor injustificado podría tener un precio político para el Ejecutivo, pues daría la posibilidad a las empresas que se quedaran sin permiso de emisión de impugnar el concurso e iniciar otro procedimiento judicial de consecuencias difíciles de vaticinar.
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