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Rubén Arranz

TELEVISIÓN

RTVE: ¿la nueva BBC o la casa de masajes del Gobierno?

Con una audiencia y una credibilidad bajo mínimos, los partidos deberán negociar la nueva estructura de RTVE. Se plantean dos grandes preguntas: ¿Debe volver la publicidad a sus canales? ¿Es urgente plantear un ERE en su plantilla?

RTVE ha recibido múltiples acusaciones por manipulación informativa a lo largo de su historia
RTVE ha recibido múltiples acusaciones por manipulación informativa a lo largo de su historia Javier Martínez

El pasado viernes 28 de octubre, cuando RTVE celebraba su 60 aniversario, La 1 registró una audiencia del 8,5%. Diez años antes, el día de sus bodas de oro, logró un 20%. Entonces, había menos competidores en la televisión en abierto, pero la cadena pública todavía podía mirar de igual a igual a las privadas. Actualmente, se encuentra a varios años luz de ellas y pugna por no caer en el peligroso pozo de la irrelevancia.

El paso del tiempo le ha sentado mal a Televisión Española. Muy mal. Su estructura, mastodóntica y engordada a lo largo de los años por el clientelismo y el descontrol de las Administraciones, le impide avanzar a la misma velocidad que sus rivales dentro de un mercado que cada vez requiere más capacidad de maniobra e imaginación. Y su cuadro de mando está encabezado por gestores que han demostrado una absoluta complicidad con los partidos que los han designado, algo que rara vez ha sido beneficioso para la corporación.

Televisión Española se dirige estos días hacia una encrucijada en la que nadie sabe a ciencia cierta qué encontrará y cómo condicionará su futuro. Los cuatro principales partidos deberán decidir quién la preside, cómo se financia su actividad y cuáles serán los objetivos que deberá cumplir durante la próxima década. Siempre teniendo presente que una falta de consenso causaría estragos en un medio de comunicación que durante los últimos años ha caminado peligrosamente hacia la insignificancia.

El próximo 31 de diciembre expira el mandato-marco de RTVE. Es decir, el documento en el que se determina la dirección hacia la que debe dirigirse la televisión pública y cuáles son las metas que debe alcanzar. Su catecismo. Esta normativa se firmó en 2007 y basta echar un vistazo a su contenido para percatarse de que TVE ha incumplido varias de las obligaciones que tiene encomendadas por ley.

Una de las más graves, sino la que más, es la relativa a su producción interna. La normativa establece que Televisión Española debe realizar con recursos propios el 60% de su oferta generalista. Pues bien, una auditoría realizada hace unos meses en la corporación reveló que el porcentaje es actualmente más de 20 puntos menor de lo establecido. Mientras tanto, su Consejo de Administración sigue firmando contratos con empresas audiovisuales y repartiendo, entre todas, decenas de millones de euros de fondos públicos.

Tanto el presidente como los miembros del órgano de dirección de RTVE son conscientes de que la corporación incumple la ley en este punto, pero se niegan a modificar su modus operandi. El Parlamento podría pedir explicaciones a José Antonio Sánchez por esta forma de actuar. Pero hace más de un año que no comparece en la Comisión Mixta que controla la televisión pública, como consecuencia más del desgobierno español. Cuando lo ha hecho, algunos portavoces de la oposición le han acusado de no tomarse en serio ese trámite y ofrecer explicaciones difusas o interesadas.

El presidente de RTVE no comparece en el Congreso desde hace más de un año.

Todo parece indicar que Sánchez no será la persona que encabezará RTVE durante el proceso de transición que se iniciará en las próximas semanas. Este periodista -presente en los Papeles de Bárcenas- ya ha comunicado a su entorno su deseo de volver al sector privado (Telefónica), del que salió en 2011 para dirigir Telemadrid por expreso deseo de Esperanza Aguirre.

Si Mariano Rajoy cumple la promesa que lanzó durante la campaña electoral previa a los comicios del 26-J, trabajará junto al resto de las fuerzas políticas para convertir la televisión pública española en “la nueva BBC”. Y si eso implicara una despolitización y una modernización de la televisión pública, está claro que el actual presidente de la corporación -que reconoció ser votante del PP en una de sus comparecencias en el Parlamento- no encontraría un especial acomodo.

Un modelo cuestionado

En esta nueva etapa, las principales fuerzas políticas del Congreso de los Diputados deberán determinar, primero, qué televisión pública quieren y, a partir de ahí, fijar cómo y con cuántos recursos se debe o puede financiar. No incurrir en el wishful thinking de José Luis Rodríguez Zapatero, un mandatario que, en 2010, y en plena crisis económica, eliminó de un plumazo toda la publicidad de sus canales sin prever que esa nueva RTVE iba a depender en exceso del erario público, sometido ya entonces a los fuertes vientos de la recesión.

De los réditos políticos que obtuvo su partido con esa decisión se ha hablado largo y tendido. Pero, más allá de esta cuestión, sujeta a interpretaciones, lo cierto es que, con esta medida, el PSOE restringió al máximo la capacidad de maniobra de la corporación, dado que le hizo excesivamente dependiente de los Presupuestos Generales del Estado, de la denominada Tasa Radioeléctrica; y de las aportaciones sobre sus ingresos que realizan anualmente las televisiones privadas y las 'telecos' para mantener este servicio público.

Desde 2011, ha recibido 1.220 millones menos de lo que correspondía, por ley.

Durante los últimos años, el Estado ha tenido que reducir significativamente la aportación que realizaba a RTVE, como consecuencia de los recortes generalizados que se han aplicado en una buena parte de las partidas presupuestarias. A esto hay que sumar que las compañías de telecomunicaciones pagan tarde y, durante algunos ejercicios, mucho menos previsto.

La ley determina que la radio-televisión pública debe disponer de 1.200 millones de euros anuales para cumplir con el servicio público que tiene encomendado. Desde 2011, ha recibido 1.220 millones menos de lo que correspondía, lo que ha mermado la calidad de su parrilla programación, con la consiguiente pérdida de audiencia.

¿Vuelta de la publicidad?

Es evidente que la corporación necesita aumentar sus ingresos o reducir sus gastos. Lo primero se podría conseguir si se modificara la ley para que RTVE pueda volver ofrecer publicidad en determinados momentos del día. Como en el prime-time, por ejemplo. Pero esa medida desataría la cólera de las cadenas privadas, que probablemente emprenderían un proceso judicial para intentar librarse de pagar el 'impuesto' para mantener Televisión Española. Amén de una campaña desde sus canales contra el partido que lo proponga. Ahora bien, no está tan claro que tuvieran excesivos argumentos para acudir a los juzgados si estos anuncios se emitieran bajo la fórmula de “patrocinios”.

La SEPI aconsejó a RTVE que redujera su estructura para poder competir sin lastre con las televisiones privadas. Sólo mantener a su plantilla cuesta 380 millones de euros al año.

Una vez se determine la cantidad de recursos económicos con la que podrá contar la corporación, los partidos tendrán que trabajarán en su nuevo mandato-marco (o a la inversa, aunque con el peligro que supone), un documento en el que se determinarán los objetivos que deberá alcanzar en las áreas de informativos, producción y medios digitales para los próximos 9 años.

El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero habló en su día de crear un contrato-programa con el que cubrir las necesidades presupuestarias de TVE en un horizonte de 3 años, si bien nunca se aplicó. Está por ver si PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos apuestan por esa fórmula o si buscarán soluciones alternativas. O si, directamente, confiarán en la inercia. Algo, esto último, que rara vez ha funcionado.

Lo que está claro es que la estructura de RTVE debe adaptase a los nuevos tiempos, en los que resulta imposible competir con una plantilla de 6.400 trabajadores, que equivale al doble de las de Atresmedia y Mediaset juntas y que cuesta cada año a las arcas del Estado 380 millones de euros.

La SEPI ha sugerido recientemente que Televisión Española debe soltar lastre. Gastar menos en personal para poder destinar más recursos a su parrilla y obtener una mejor posición en el mercado, en el que hoy convive también con plataformas como Netflix o HBO.

La sombra del ERE es alargada

Reducir la dimensión plantilla supondría enfrentarse a la presión sindical y a las posibles movilizaciones que plantearían estas organizaciones, con el consiguiente ruido mediático y coste político. La experiencia del Expediente de Regulación de Empleo de 2006 tampoco ayuda a despejar el horizonte, dado que se concedieron tantas prebendas a los representantes de los trabajadores, para que no levantaran excesivamente la voz, que el coste de la medida se disparó hasta los  1.700 millones de euros.

De hecho, la nómina de los empleados del ERE que se jubilarán en 2022 será superior a la que cobrarían si hubieran mantenido su puesto en la televisión. Delirante.

Lo cierto es que si RTVE no adapta su estructura a los nuevos tiempos y a sus necesidades reales de producción naufragaráy se ahogará. Su futuro dependerá de la altura de miras de los principales partidos políticos españoles y de su valentía a la hora de aplicar medidas impopulares.

El nuevo reparto de poder en el Parlamento obligará a consensuar la mayoría de las decisiones que se tomen sobre la televisión pública, tanto en la Cámara Baja como en su Consejo de Administración. También hará más difícil que el partido del Gobierno introduzca a sus delfines en sus puestos directivos y condicione la línea editorial de los informativos. Esto podría acercar RTVE a la BBC, tal y como quiere Rajoy. Pero también podría certificar su muerte si los partidos actúan cegados por su tacticismo político. En sus manos está el futuro de este servicio público.



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