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La legislatura más negra de TVE: 400M. de déficit, 1/3 de la audiencia perdida y una credibilidad bajo mínimos

RTVE ha perdido 400 millones de euros durante esta legislatura

TVE enfiló en 2010 el camino hacia el abismo y hoy, transcurridos más de seis años desde esa fecha y pocas horas después de cerrar su informe de cuentas de 2015, se puede decir que se encuentra muy cerca de caer al vacío. La decadencia en la que se ha sumido la televisión pública es absoluta y difícilmente remediable, pues corregirla implicaría un pacto político harto complicado y un cambio en su ley de financiación que en ningún caso supondría un remedio milagroso a sus profundos problemas económicos. Los datos de la última legislatura hablan del declive de la corporación: 400 millones de euros de déficit, 1/3 parte menos de audiencia, un patrimonio que vale la mitad que hace cuatro años y una falta de credibilidad que ha situado su influencia en la sociedad española bajo mínimos históricos.

El germen de la actual crisis de RTVE lo inoculó en el ente público el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando, en 2009, cambió la ley para eliminar la publicidad de sus canales. Esta iniciativa recibió fuertes críticas desde diversos frentes, por inesperada y por innecesaria, pero el Ejecutivo encabezado por el político leonés, que quería equiparar la televisión pública española con otras europeas, se negó a dar marcha atrás. El cambio normativo incrementó la dependencia de Televisión Española de los Presupuestos Generales del Estado y, en el momento en que estos sufrieron un ajuste como consecuencia de la crisis económica, la corporación inició su caída en picado.

Las operadoras de telecomunicaciones deben más de 90 millones de euros a RTVE por impagos de la tasa radioeléctrica

La Ley de Financiación fija en 1.200 millones de euros anuales los ingresos y gastos máximos de esta empresa pública. Los legisladores establecieron esta cantidad porque la consideraban como la justa y la necesaria para que Televisión Española pudiera competir contra las cadenas privadas sin entrar en números rojos. El problema es que, desde 2012, el Ministerio de Hacienda nunca ha garantizado que Televisión Española disponga de esa cuantía económica. Ese año, recortó ostensiblemente sus ingresos hasta los 937 millones de euros obligado por las medidas de ajuste que exigía la situación económica del país. Desde entonces, los ha mantenido en cifras similares: en 2013 en 941 millones, en 2014 en 940, en 2015 en 948 y en 2016, en 974. Esto supone que en cinco años la corporación ha contado con 1.268 millones de euros menos de lo que confiaba recibir.

Un año antes de que Montoro metiera la tijera, en 2011, TVE cerró con un superávit de 29,5 millones de euros. En 2012 y en 2013, su descubierto fue de 113 millones de euros cada año. En 2014, rondó los 130 millones y, en 2015 alcanzó los 37,5 pese a que el Ministerio de Hacienda le ha eximido de pagar aproximadamente 70 millones de euros de IVA.

Hacienda, al rescate de la televisión pública

Eso sí, el déficit del último ejercicio no se anotará en la cuenta de resultados de Televisión Española. ¿Por qué? Básicamente, porque la ley incide en que si la corporación cumple con su objetivo de gasto, pero no recibe el dinero suficiente por parte de las operadoras de telecomunicaciones (que pagan cada año un impuesto para mantener TVE), las pérdidas de la pública deben ser compensadas por Hacienda. Actualmente, la deuda de las 'telecos' con RTVE ronda los 90 millones de euros y una parte de esa cantidad la debieron abonar, pero no lo hicieron, durante el ejercicio 2015, según detallan fuentes internas.

El agujero generado por RTVE durante los últimos años obligó, en 2014, a reducir su capital social en 387 millones de euros. En el caso de que su situación financiera no cambie y su valor patrimonial siga disminuyendo (hoy es la mitad que en 2010), en el medio plazo deberá volver a tomar una medida similar, lo que agravará su crisis y empequeñecerá aún más su tamaño. También haría todavía más difícil de justificar su nivel de gasto en programas (la programación de La 1 costó cerca de 300 millones de euros en 2014) o en personal (380 millones de euros al año).

El grupo RTVE registró en marzo una audiencia del 16,6%, frente al 30,1% de Mediaset y el 27,4% de Atresmedia

Su crisis de audiencia

A los problemas económicos de Televisión Española hay que sumar su profunda crisis de audiencia, que no tiene visos de solucionarse a corto plazo y en la que se sumergió debido a las malas decisiones tomadas por sus responsables a la hora de elaborar su parrilla de programación y a su cada vez menor capacidad para competir económicamente con las cadenas privadas. Las mismas que se repartieron los ingresos publicitarios a los que RTVE dejó de percibir el 31 de diciembre de 2009 y las que hoy son las empresas de medios de comunicación más rentables del país.

Según los últimos datos de audiencia publicados por Barlovento Comunicación, las cadenas de TVE en la TDT (La 1, La 2, Canal 24 Horas, Teledeporte y Clan) obtuvieron en marzo una cuota media de pantalla del 16,6%, por el 30,1% que consiguió Mediaset y el 27,4% de Atresmedia. El mes pasado, La 1, con un 9,9% de share se quedó a un punto de su mínimo histórico, alcanzado en verano de 2014. Sus informativos, que al principio de la legislatura eran líderes, hoy son terceros, por detrás de los de Telecinco y Antena 3. Y, según han denunciado en reiteradas ocasiones desde su Consejo de Informativos, su influencia y su credibilidad son menores que nunca.

"En esta situación, urge un cambio", según destacaba un consejero crítico tras la última reunión de la cúpula de RTVE. Su presidente, José Antonio Sánchez, ha incidido en reiteradas ocasiones en que la base de la mejora de la corporación pasaría por un cambio en la ley de financiación que le hiciera menos dependiente de los Presupuestos Generales del Estado. Pero cualquier proyecto que contemple la implantación parcial o total de publicidad en sus canales se encontrará con la dura oposición de las televisiones privadas. Y será complicado que cualquier Gobierno esté dispuesto a pagar el precio político que eso podría conllevar.

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