Publicado: 07/09/2016 04:00
La gestión de José Antonio Sánchez al frente de Radiotelevisión Española ha vuelto a ser puesta en entredicho. Esta vez, por los jueces. El proceso de adjudicación del macro-contrato de 320 millones de euros que la corporación sacó a concurso a finales de julio ha sido congelado hace unas horas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, después de que esta instancia judicial haya aceptado la petición de medidas cautelares presentada por la empresa SES Astra, que había impugnado previamente el pliego de bases al considerar que había sido redactado para poder adjudicarle este servicio "a dedo" a Cellnex Telecom.
La multimillonaria inversión que se realizará a través de esta licitación servirá para contratar el servicio de difusión y transporte de la señal de TDT de todos los canales de la televisión pública. Es decir, por un lado para llevar dicha señal desde el satélite hasta los repetidores y, por otro, para trasladarla desde estos postes hacia las antenas de los hogares.
La compañía adjudicataria recibirá 144,07 millones de euros por los 3 años de duración del acuerdo, así como 48,02 por cada uno de los 3 en los que se podrá prorrogar, según figura en su pliego de bases.
Un pliego de bases bajo la sombra de la sospecha
La empresa de satélites SES Astra impugnó el pasado agosto las condiciones de este concurso al entender que favorecían claramente a Cellnex Telecom, puesto que es la única empresa española con capacidad para prestar ambos servicios: el de difusión y el de transporte. Por este motivo, desde esta compañía han exigido a RTVE que licite los dos servicios por separado, lo que permitiría concurrir a un mayor número de competidores.
SES Astra ha denunciado que el pliego de bases del concurso ha sido redactado para poder adjudicar este servicio "a dedo" a Cellenex Telecom
Después de recibir estos argumentos y la solicitud de la paralización cautelar del concurso, el Tribunal ha aceptado esta última petición hasta que tome una decisión sobre este asunto. "Una vez el TACRC notifique la resolución sobre el recurso comunicaremos la nueva fecha límite que será al menos de 10 días hábiles a partir de dicha resolución", han precisado fuentes de RTVE.
Cabe recordar que Cellnex Telecom ocupa una una posición de operador significativo en este mercado por su situación dominante. Es decir, en caso de que uno de sus competidores en este concurso se lo reclame, deberá darle acceso a su red de infraestructuras, adoptando una posición de empresa mayorista.
Esta empresa posee la infraestructura de telecomunicaciones de Retevisión, una compañía que nació en 1989 después de que el Ejecutivo de Felipe González expropiara estos bienes a RTVE, que consiguió licencia para operar como entidad privada bajo el Gobierno de José María Aznar y que fue comprada por Abertis en 2003 por 423 millones de euros (341 de deuda). En esta adquisición, se incluyeron edificios tan emblemáticos como Torrespaña o la Torre de Collserola (Barcelona).
El incumplimiento de Industria por la UE puede costar caro
En el procedimiento iniciado por SES Astra, también exige que se excluyan de la licitación las denominadas zonas de extensión de cobertura, es decir, aquellas a las que los operadores de televisión no están obligados a prestar su servicio, por ley, y en las que la infraestructura de transporte de la señal de televisión fue construida con generosas ayudas públicas que ascendieron a alrededor de 300 millones de euros.
La compañía adjudicataria recibirá 144,07 millones de euros por los 3 años del contrato y 48,02 por cada uno de prórroga
Estas subvenciones a las comunidades autónomas y a las compañías de telecomunicaciones fueron declaradas ilegales por la Comisión Europea en 2013, al considerar que fueron adjudicadas sin respetar el principio de "neutralidad tecnológica". Es decir, favoreciendo a la tecnología de Televisión Digital Terrestre frente a otras opciones, como el satélite.
El año pasado, el Tribunal General de la UE ratificó la decisión de la Comisión Europea y exigió al Ministerio de Industria que recuperara estas subvenciones, que ascendieron a alrededor de 300 millones de euros, so pena de multa multimillonaria. Pese a esta advertencia, el Gobierno no ha recuperado ni un euro de esta línea de ayudas.
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