Un tribunal estudia la legalidad de un polémico contrato de 320 millones licitado por RTVE

Un mes después de su convocatoria, el concurso de 320 millones de euros licitado por RTVE con el objeto de encontrar un distribuidor de su señal de televisión para los próximos años ya se encuentra en manos de los tribunales por sus presuntas irregularidades. La empresa de satélites SES Astra ha impugnado el pliego de este procedimiento al considerar que sus bases han sido redactadas para que los responsables de la corporación puedan adjudicárselo 'a dedo' a Cellnex Telecom, filial de Abertis. La compañía ha solicitado que se paralice su tramitación hasta que la Justicia aclare si el procedimiento se ajusta a la legalidad vigente, algo que sospecha que no ocurre.

Radiotelevisión Española hizo público este contrato el pasado 28 de julio con el objetivo de encontrar una compañía que le preste los servicios de difusión y transporte de su señal de TDT, que actualmente le proporciona Cellnex. La compañía adjudicataria recibirá 144,07 millones de euros por los 3 años de duración del acuerdo, así como 48,02 por cada uno de los 3 en los que se podrá prorrogar, según figura en su pliego de bases.

SES Astra considera que el concurso discrimina al resto de los competidores con respecto a Cellnex

SES Astra considera que el concurso discrimina al resto de los competidores con respecto a Cellnex, toda vez que incluye en un mismo paquete los servicios de difusión -del satélite a las 'antenas' receptoras- y transporte -de las antenas receptoras a los hogares- de la señal de televisión, algo que considera que sólo puede garantizar dentro del mercado español la filial de Abertis.

Ante la discriminación que observa en la forma en la que se ha convocado el procedimiento, ha decidido impugnarlo ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Suspensión inmediata del polémico concurso

En su recurso, solicita a esta instancia judicial que "deje íntegramente sin efecto la convocatoria hecha pública" por RTVE y que, en tanto se resuelve este expediente, "se suspenda la tramitación del procedimiento de contratación", para el que los interesados pueden presentar ofertas hasta mediados de septiembre.

La compañía demandante reclama que los citados servicios de difusión y transporte se adjudiquen por separado (en dos o más lotes), lo que abriría el campo a otros operadores de satélite y de distribución de señal puedan presentarse a uno u otro procedimiento -o a ambos- en función de capacidad y de sus intereses.

Dentro del escrito, también exige que se excluyan de la licitación las denominadas zonas de extensión de cobertura, es decir, aquellas a las que los operadores de televisión no están obligados a prestar su servicio, por ley, y en las que la infraestructura de transporte de la señal de televisión fue construida con generosas ayudas públicas que ascendieron a alrededor de 300 millones de euros.

Parálisis en el Ministerio de Industria

Estas subvenciones a las comunidades autónomas y a las compañías de telecomunicaciones fueron declaradas ilegales por la Comisión Europea en 2013, al considerar que fueron adjudicadas sin respetar el principio de "neutralidad tecnológica". Es decir, favoreciendo a la tecnología de Televisión Digital Terrestre frente a otras opciones, como el satélite.

El Gobierno está obligado a recuperar alrededor de 300 millones de euros en ayudas que se concedieron durante años para el desarrollo de la TDT

El año pasado, el Tribunal General de la UE ratificó la decisión de la Comisión Europea y exigió al Ministerio de Industria que recuperara estas subvenciones, que ascendieron a alrededor de 300 millones de euros, so pena de multa multimillonaria. Pese a esta advertencia, el Gobierno no ha recuperado ni un euro de esta línea de ayudas.

Cellnex Telecom no se ha pronunciado sobre el concurso convocado por RTVE, si bien cabe recordar que ocupa una posición de operador significativo en este mercado por su situación dominante. Es decir, en caso de que uno de sus competidores se lo reclame, deberá darle acceso a su red de infraestructuras, adoptando una posición de empresa mayorista.