Publicado: 20/06/2016 04:00
En un momento en el que está abierto el debate acerca de la conveniencia de seguir entregando dinero público a la productora de Cuéntame cómo pasó, ante el supuesto delito fiscal cometido por Imanol Arias y Ana Duato, Radiotelevisión Española ha decidido conceder un contrato de 8,8 millones de euros a la constructora de José Luis Sánchez Domínguez, un empresario malagueño cuyo nombre aparece en la contabilidad en B del Partido Popular y que ha sido investigado dentro del escándalo de Mercasevilla.
La corporación ha adjudicado a Construcciones Sánchez Domínguez-Sando S.A. el contrato público por el que se edificarán los nuevos estudios 6 y 7, que estarán situados en Prado del Rey y que RTVE espera que estén acabados en el segundo semestre de 2018. La oferta de la empresa beneficiaria ha sido elegida estrictamente por criterios económicos entre las 10 que se han presentado al proceso, según figura en el documento que contiene su resolución. "Tras varias fases de selección, Sando ha ganado con total transparencia con la mejor propuesta económica respecto a las demás,aseguró un portavoz de la compañía". ha afirmado la empresa.
Sánchez Domínguez es uno de los empresarios que figura en los papeles de Bárcenas por haber realizado -supuestamente- donaciones al partido que, en su caso, se sucedieron durante varios años y alcanzaron los 1,25 millones de euros. Este amigo confeso de Álvaro Lapuerta efectuó aportaciones especialmente elevadas en 2003 y 2004, cuando entregó 400.000 y 300.000 euros, respectivamente, según la información que estaba en poder del extesorero del partido. Este caso fue archivado en 2015.
La juez Alaya imputó a este constructor ante la sospecha de que consiguió un contrato público amañado en Sevilla
Cabe recordar que el propio presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, aparece como receptor de 1,1 millones de pesetas en la contabilidad en B del Partido Popular. En concreto, con el epígrafe 'JA Sánchez', se le atribuye el cobro de estas cantidades en 1994 (800.000) y 1995 (300.000), cuando ejercía de cronista parlamentario para el diario ABC.
El empresario adjudicatario de la construcción de los nuevos estudios de la televisión pública también fue imputado, en 2009, dentro del caso Mercasevilla, ante las sospechas de la juez Mercedes Alaya de que un concurso de venta de suelo que Sando ganó, y que fue convocado por la empresa municipal sevillana, pudo estar amañado. El juicio sobre este asunto se celebrará los próximos octubre y noviembre, es decir, 10 años después de que tuvieran lugar los hechos que se le imputan. Junto a Sánchez Domínguez, en el banquillo también se sentará el vicepresidente y consejero delegado de Sando, José Luis Sánchez Manzano, su hijo.
El amianto y los estudios de RTVE
La obra de la que se encargará su empresa fue anunciada el pasado noviembre y aprobada en la reunión del Consejo de Administración de RTVE celebrada en mayo. En paralelo a esta labor, se derribarán los estudios 10 y 11 por estar afectados por amianto, un problema que ha condicionado gravemente la producción de programas en la televisión pública en los últimos años y para el que todavía no se ha encontrado una solución efectiva.
En los últimos tiempos, se han realizado obras para eliminar esta sustancia tóxica en las instalaciones 1, 2 y 3, pero, pese a que los trabajos han tenido un coste millonario, no han conseguido paliar el problema. Este asunto, unido a la venta en noviembre de 2014 de los Estudios Buñuel a la promotora Pryconsa, ha dejado a TVE, por el momento, con sólo dos estudios a pleno rendimiento: el 5 y el 2. Este último, con un complejo sistema de extracción de aire que se ideó ante la presencia en sus dependencias de otros minerales nocivos.
El nombre del presidente de RTVE también figura en los papeles de Bárcenas como receptor de 1,1 millones de pesetas
Para poder mantener su actividad, la corporación se ha visto obligada a alquilar dos estudios situados en Fuente el Saz y Villaviciosa de Odón, lo que le supone asumir el coste derivado del traslado de equipos y de personal, según denuncian fuentes del Consejo de Administración, en declaraciones a este periódico.
Si todo va bien, a partir de la segunda mitad de 2018 podrá contar con los estudios 6 y 7. De su construcción se encargará una empresa del Grupo Sando, que en los últimos años ha tenido -y tiene- algunos frentes judiciales abiertos por determinadas actividades realizadas tanto durante la burbuja inmobiliaria como tras su explosión.
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