Roures trata de recuperar 'Público' a través de una inmobiliaria

Esta mañana, en el juzgado de lo mercantil número 9 de Barcelona, a la única oferta oficializada hasta ahora, la presentada por ex trabajadores de la mano de la Cooperativa Integral Catalana, se sumó en el último momento la de Cases, una acción que Vozpópuli adelantó hace un mes que se estaba preparando. Como era de esperar, mejora en el aspecto económico de manera sustancial la puja cooperativista. La oferta de Roures-Cases llega mediante la empresa Display Connectors, una compañía recién constituida (tan sólo tiene dos meses y 27 días de existencia) y cuyo objeto social es el negocio inmobiliario. "Aún más sorprendente ha sido descubrir que los propietarios de la sociedad coinciden con los de Mediapubli, editora de 'Público', y causante con su gestión de la muerte del diario en papel y el despido del 85% de la plantilla", aseguran los ex trabajadores que componen la cooperativa. 

El principal propietario de Display Connectors es PAG 1, S.L, que cuenta con el 40% del capital y está dedicada al “asesoramiento, venta y postventa de productos informáticos al sector de la comunicación”. Curiosamente, en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), figura que su actividad es la “confección de prendas de vestir, excepto de peletería”. El resto del accionariado se divide en participaciones del 10% del capital, todas pertenecientes al entorno de Jaume Roures.  En este grupo se incluye Mediacable Servicios de Producción, Multiax-Invera, Emilio Arrojo Tomás, José María Crespo y José Luis Zárraga. Además, existen dos participaciones del 5% controladas por los propios Roures y Tatxo Benet, ambos principales accionistas de 'Público' desde su fundación, según denuncian los cooperativistas. 

Plan de viabilidad

Pese a la inmoralidad, no obstante, Roures tiene casi todas las papeletas para llevarse el gato al agua. Los administradores concursales de Mediapubli -Ignacio Marroquín y Antonio Moreno (Banco Santander)- reconocieron durante la puja celebrada este martes en Barcelona su preferencia por la oferta de Toni Cases puesto que se trata de una opción en su opinión "claramente superior" a la de la cooperativa de ex trabajadores, según ponen en sus bocas fuentes presentes en el proceso. Otras fuentes presentes ponen de manifiesto que unos de los administradores dejó claro que “no tengo una bola de cristal; no sé que pasará en el futuro”. 

Display presenta un plan de viabilidad hasta 2016 en el que se prevé cerrar todos los ejercicios en equilibrio

Display Connectors, en este sentido, ha presentado un plan de viabilidad hasta 2016, en el que se prevé cerrar todos los ejercicios, incluido el actual, en equilibrio. Estiman una variación de la facturación en el período 2012-2016 será desde 1,5M€ hasta los 2,8M€ en el último ejercicio. La oferta de la empresa inmobiliaria para la adquisición de 'Público' es de 412.000 euros (impuestos no incluidos), de los cuales desembolsará 335.000 en efectivo. Los 77.000 euros restantes se corresponden a la asunción del sueldo que está aún pendiente de pago de 21 trabajadores que permanecen en 'Público.es'. Una oferta superior a los 240.000 ofrecidos por la Cooperativa Intergral Catalana, que en lugar de realizar un solo pago pagaría en un inicio el 50% y el resto en cinco meses a razón de un 10%. Los cooperativistas renunciaron entrar en la puja por la cabecera con el objetivo de “no especular con la marca 'Público'”. La administración concursal y la propia empresa concursada lamentaron que no hubiera finalmente subasta y, por tanto, no se pudiera conseguir más dinero para pagar a los acreedores. 

Profesionales en plantilla

Los 21 trabajadores que están en la plantilla actualmente, cuyo representante sindical Juanma Romero declaró durante la subasta, prefirieron no decantarse por ninguna de las ofertas. No se postularon ni más ni menos por el proyecto cooperativista, así como tampoco se pronunciaron sobre el hecho de que Display albergue accionistas de Mediapubli. Prefirieron dejar en manos de la jueza la decisión. Sí tienen claro que su objetivo es lograr el máximo número de contratos subrogados y que el último año han sufrido una inestabilidad laboral que ha hecho mella. "No podemos inclinarnos por ninguna de las propuestas; creo que hemos hecho lo que debíamos", aseguró Romero a este diario.