Publicado: 17/07/2013 16:20
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado seguir las diligencias contra tres de los responsables de la página web ‘Youkioske’, el que fuera hasta hace un año mayor quiosco digital de España, por delito contra la propiedad intelectual, así como un delito de constitución e integración en organización o grupo criminal. Según el juez, los investigados a través de su página web difundían contenido de diversas publicaciones (diarios, revistas y libros) defraudando los derechos de propiedad intelectual y sin contar con la autorización de las empresas editoriales afectadas, todo ello en aras a la obtención de un lucro o beneficio económico propio, con el consiguiente reparto de beneficios entre los investigados.
La Policía detuvo en 2012 a los responsables de ‘Youkioske’, una operación acordada por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a instancias del fiscal, que les imputó un delito de organización ilícita y otro contra la propiedad intelectual. En dicha investigación se volcó el periódico El Mundo, cuya aportación de pruebas y datos fue fundamental, tal y como coincidieron en señalar fuentes del sector.
En un auto de mayo de 2012, según se desprende del conjunto de la instrucción practicada, se ha podido comprobar indiciariamente cómo la página web investigada, la cual se encontraba alojada en un servidor de Canadá y estaba registrada a nombre de la mercantil Mil por Mil Limited domiciliada en Belice, tenía como finalidad facilitar el acceso a diversas publicaciones (diarios, revistas, libros), la mayoría de ellas sujetas a derechos de propiedad intelectual, sin contar con la autorización de los correspondientes titulares de esos derechos.
Más de 250.000 euros de beneficio ilícito
Obtuvieron como consecuencia de dicha comunicación pública importantes beneficios económicos derivados de la publicidad insertada en la propia página web. Los perjuicios económicos ocasionados con tal actividad a los titulares de los derechos de propiedad intelectual de las diferentes publicaciones efectuadas se han venido extendiendo más allá del ámbito nacional, ya que a través de la página web se mostraban publicaciones de numerosos países. Ruz estima que el volumen de negocio generado por la web en 256.000 euros durante los dos años en que fue investigada, hasta su clausura mayo del pasado año. El juez detalla todos los diarios nacionales y medios editoriales perjudicados así como las cantidades que han podido dejar de percibir. Ahora las acusaciones disponen de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.
Las diligencias fueron incoadas en noviembre de 2011, procedentes del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, en virtud de una denuncia presentada por la editorial América Ibérica. En principio Ruz rechazó la competencia sobre este asunto, si bien la Sala de lo Penal le obligó a asumir el asunto, al que se unieron otras actuaciones procedentes de otros juzgados de Madrid.
Amenaza contra el negocio digital de los editores
La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), personada en la causa, cifra el perjuicio económico en 102.000 euros, mientras que el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) incrementa el montante a más de un millón de euros. Hace un año la AEDE mostraba su satisfacción por la detención de los tres responsables de la web española que pirateaba contenidos de diarios y revistas. Los dueños de los periódicos, en este sentido, aseguraron confiar “en que estas primeras detenciones sirvan para extremar la persecución contra la piratería de contenidos en internet, y que a la vez permitan redoblar la defensa de la propiedad intelectual desde todas las instancias del Estado”.
Los editores siempre han reclamado la firme persecución de la piratería de contenidos en la red, tanto a través de agregadores de contenidos, copias caché o copias parciales, entre otras muchas amenazas digitales. Entienden que todas esas fórmulas conculcan la vigente Ley de Propiedad Intelectual, según la cual los editores son los únicos titulares de los contenidos impresos y digitales de sus publicaciones, y donde se especifica que ningún tercero puede aprovecharse de esos contenidos sin contar con el consentimiento expreso de sus legítimos propietarios.
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