Publicado: 27/03/2016 04:00
La Oficina Antifraude de Cataluña ha puesto el ojo sobre los dos grupos más fuertes dentro del contingente de medios de comunicación que orbita alrededor de Convergencia. Esta institución ha trasladado al Govern un informe en el que denuncia un posible trato de favor del exdirector de TV3, Eugeni Sallent, hacia el Grupo Godó a la hora de rubricar un contrato con una productora participada por la editora de La Vanguardia. Esta noticia ni sorprende ni constituye un hecho aislado dentro del panorama mediático de esta comunidad autónoma, en el que la Generalitat ha conseguido el favor de muchas empresas durante años a golpe de talonario y ha ejercido un férreo control sobre la televisión y la radio públicas. De hecho, en las últimas semanas ha hecho pública la decisión del Consejo de Europa de estudiar una denuncia sobre la politización de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), ocasionada, entre otras cosas, por los delfines que ha situado el nuevo Ejecutivo de Carles Puigdemont al frente de los medios autonómicos. Suma y sigue.
El escrito remitido por Antifraude a la consejera de Governació, Meritxell Borràs, solicita la apertura de una investigación para determinar si Sallent incurrió en una irregularidad -como sospecha la Sindicatura de Cuentas- a la hora de emitir su voto favorable a un contrato que TV3 firmó con Nova Veranda 2010, SL durante el ejercicio de su cargo. Esta productora recibió más de 3 millones de euros en virtud de este acuerdo, según detallan fuentes de la CCMA.
El exdirector de TV3 fue de presidente de esta empresa, participada al 50% por Godó, hasta 2012, cuando tomó posesión de su puesto de máximo responsable de la televisión pública catalana. Según figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), se mantuvo como apoderado de la compañía hasta agosto de 2013, cuando oficializó su renuncia. Ese mismo año, la CCMA aprobó el contrato sobre el que la Oficina Antifraude ha solicitado al Govern la apertura de un expediente.
Nova Veranda 2010 está participada por el Grupo Godó, quien ha recibido varios millones de euros en subvenciones durante los últimos años
Este vínculo no es el único que ha levantado suspicacias en los últimos tiempos dentro del sector de los medios de comunicación en Cataluña. Cabe recordar que, horas después de ser nombrado presidente de la Generalitat, Puigdemont situó al frente de Catalunya Ràdio a Saül Gordillo, amigo personal con el que fundó y dirigió la empresa Doble Utopía S.L..
Presiones para defenestrar a los cargos vinculados a Unió
Este periodista cubrió la vacante que unos meses antes había dejado Félix Riera, productor audiovisual y afiliado a Unió Democràtica de Catalunya, que fue cesado de su puesto a finales de julio, poco después de que CiU se partiera en dos. La explicación oficial que ofreció la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) fue que su salida estaba motivada por el proceso de "reorganización" que se había emprendido en la emisora. Pero, tal y como publicó El Periódico de Catalunya, tras la ruptura de Convergencia y de Unió, el presidente de la CCMA, Brauli Duart, exigió a Riera que dimitiera y, ante su negativa, el Govern le fulminó.
Saül Gordillo ha defendido en sus artículos el proceso soberanista, al igual que David Bassa, a quien Convergencia otorgó hace 15 días la dirección de los servicios informativos de TV3. El nuevo responsable de los telediarios de la televisión pública de Cataluña describe a España como un país "de esencia franquista y autoritaria" que se ha empeñado en reprimir las aspiraciones independentistas de Cataluña. "El conflicto real que hace de hilo conductor de toda la historia peninsular ha sido entre Castilla y los Países Catalanes. Siempre que la nación catalana se ha movido, el status quo castellano se inquieta y se activan todos sus resortes", escribió en su blog del periódico Nació Digital.
La colocación por parte de la Generalitat de delfines políticos en los puestos de decisión de TV3 y Catalunya Ràdio ha llevado a la Federación Europea de Periodistas (FEP) a elevar una denuncia ante el Consejo de Europa -que ya figura en su web- por la politización de medios de comunicación que son financiados con dinero público. El asunto no es nuevo, pues sus informativos han estado controlados desde su primera emisión, en 1983. Pero los reclamantes lamentan la falta de disimulo con la que se efectúan estos "dedazos".
Una realidad mediática maleada por la Generalitat
El responsable, por ley, de velar porque la televisión autonómica catalana cumpla con el servicio pública y ofrezca información objetiva es el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), pero también está controlado por la Generalitat. Durante los últimos años, este organismo sólo ha tomado 2 decisiones contrarias a los intereses del Govern, frente a las múltiples que los han respaldado, tal y como se puede comprobar al consultar las notas de prensa que ha emitido.
El último gran reparto de licencias audiovisuales que acometió fue en septiembre de 2014. De las 22 que adjudicó, 6 fueron a parar al Grupo Flaix, dirigido por Miguel Calçada, un periodista y empresario que fue nombrado en 2012 por el Govern como organizador de los actos del Tricentenario que conmemora los sucesos históricos de 1714. Y un total de 9 recayeron en el Grupo Godó, el principal beneficiado de este proceso.
El Grupo Godó ha recibido varios millones de euros en subvenciones con Convergencia en el poder
En la propagación en Cataluña del ideario independentista, los medios de comunicación de Javier Godó, grande de España por la gracia de Juan Carlos I, han jugado un papel protagonista. En especial La Vanguardia, el periódico que proclamó a Francisco Franco "caudillo victorioso", que durante el 'pujolismo', se situó “a la derecha del Padre”, sin renunciar a guiñar el ojo de vez en cuando al Madrid felipista; y que se puso del lado de Artur Mas cuando Convergencia dejó de referirse al "encaje en España" y comenzó a hablar de una Cataluña soberana.
A cambio de mantener una línea editorial favorable con la Generalitat en su principal periódico y en su radio, RAC1, el grupo recibió varios millones de euros en subvenciones. Las más conocidas son las que premiaban la publicación de cabeceras en catalán. Sin embargo, en el Diario Oficial de Cataluña aparecen muchas otras, como la que estaba destinada a la ampliación de la planta de impresión de La Vanguardia, con un importe de 5,5 millones de euros.
La Oficina Antifraude pide ahora que se estudie el contrato que suscribió una televisión controlada por la Generalitat con el Grupo Godó, al sospechar que algo huele a podrido dentro de ese proceso. Pero ese documento tan sólo es una pequeña muestra de la dependencia que una buena parte de los medios de comunicación de Cataluña han tenido con el Govern. Beneficiosa para Convergencia y para la cuenta de resultados de estas empresas, pero altamente perjudicial desde el punto de vista de la información.
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