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Google quiere cerrar de una vez su imputación por presunto espionaje que se inició hace 4 años

Bárbara Navarro ha acudido este lunes en calidad de representante legal de Google

Este lunes por la mañana, los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid han registrado un hecho insólito: una comparecencia de un miembro de Google ante un juez en España como imputado a causa de una denuncia por violación de la intimidad. No ha sido el presidente Javier Rodríguez Zapatero el que ha acudido, ni tampoco la responsable jurídica María González Ordóñez sino Bárbara Navarro, directora de Relaciones Institucionales de la compañía de Mountain View en España. Según Efe, Navarro ha contado a la jueza que su empresa es inocente de lo que la asociación Apedanica le acusaba: haber realizado espionaje masivo de redes wifi a través de su servicio Street View, que permite ver de forma gratuita las calles, caminos y carreteras de buena parte del globo terráqueo. La denuncia se puso en 2010, aunque no ha sido hasta esta semana cuando se ha materializado en una declaración que según la compañía es "como testigo" y no en calidad de imputado, algo que se niega frontalmente desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: "A Google se le imputa la comisión de unos delitos. Si fuera testigo no podría negarse a declarar" como hizo a las preguntas del abogado de la acusación.

Ahora, será la juez la que decidirá si archiva el caso, lo cual sería con cierta rapidez, o sigue adelante con el mismo, lo que podría llevar más tiempo.

La asociación que ha presentado la denuncia, Apedanica, ha avisado de que seguirán recurriendo siempre que sea posible. Desde Google España, por su parte, prefieren no comentar nada sobre el proceso judicial y tan sólo que "seguiremos colaborando con la justicia como hemos hecho hasta ahora", dice su directora de Comunicación, Marisa Toro. Y aseguran que el representante legal de Google no está imputado: "No es en calidad de imputado, ha ido un representante legal de Google y no hay un juicio abierto. Se admitió a trámite la demanda de Apedanica en 2010, ha estado parada 4 años, el juez la ha abierto ahora y se ha pedido un depósito para iniciar las gestiones". El depósito es de 3.000 euros y lo ha aportado La tienda del espía.

La asociación denunciante Apedanica dice que el fiscal "ha actuado de abogado defensor" del famoso buscador

Google captó datos de redes wifi que no tenían contraseña cuando recorrió España para coger las imágenes de su servicio cartográfico. Pero según Navarro estos datos se cogieron "por error" y además "no eran legibles" porque estaban en código binario, según han dicho en su declaración ante el Juzgado de Instrucción 45 de Madrid. Para la asociación denunciante, la juez Raquel Fernandino ha puesto "buena voluntad" con sus preguntas, pero sin embargo "el fiscal ha actuado como abogado defensor de Google".

Desde Apedanica acusan de mentir a la empresa del buscador: "¿si va de testigo cómo se puede negar a contestar las preguntas de la acusación? Sólo el imputado puede hacerlo". Sin embargo, expertos jurídicos que habían sido consultados por la agencia Efe creían que la demanda tiene poco recorrido: el abogado Víctor Salgado aseguró que lo previsible era que la magistrada no encontrara indicios de delito y acabara archivando el caso.

Una legislación novedosa

Como en todos los casos relacionados con el derecho digital, es harto difícil poner los límites. Según Gema Botana, catedrática de Derecho de la Universidad Europea de Madrid, "el legislador tiene que dar unas respuestas que van por detrás de los problemas que están apareciendo. Las novedades tecnológicas salen diariamente y en un futuro habrá que tener una reflexión profunda y muchos de los parámetros deberán cambiar. La realidad es que siempre nos van a llevar la delantera los adelantos tecnológicos".

Habrá que ver cual es la decisión judicial de este caso, aunque la recopilación de datos mientras construía el servicio Street View está causando problemas legales a Google en más de una jurisdicción. En algunos casos, ha optado por pagar cantidades millonarias para cerrar los casos que le afectaban en varios estados de Estados Unidos. En otro países como en Alemania o Suiza las disputas legales también retrasaron la puesta en marcha del servicio, que actualmente está presente en 39 países.

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