CNMC

Ciudadanos insiste en dividir la CNMC para evitar el imperio del “capitalismo de amiguetes”

PP, PSOE y Ciudadanos coinciden en la necesidad de dividir el organismo, aunque los socialistas desconfían de la intención del partido del Gobierno y de la formación naranja. La negociación sobre la escisión del regulador se estancó hace unos meses.

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada.
El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. EFE

Cuatro años después de la puesta en marcha de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la oposición política coincide en señalar que la institución presenta serias disfunciones que deben corregirse. Los grupos parlamentarios han debatido este miércoles una Proposición No de Ley presentada por Ciudadanos en la que se expresa la necesidad de dividir el regulador en dos organismos independientes con el objetivo de mejorar su funcionamiento, asegurar su independencia y evitar el imperio del “capitalismo de amiguetes”.

La formación naranja, junto con el Ejecutivo y el PSOE, negociaron al inicio de la legislatura sobre la posibilidad de escindir el regulador, sumido en ese momento en un conflicto entre el presidente y varios de sus consejeros; y puesto en evidencia en diversas ocasiones por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo a través de diferentes sentencias que desde 2013 han tumbado una parte de sus resoluciones y anulado algunas de sus sanciones más cuantiosas.

La conversaciones se detuvieron hace unos meses y la reforma de la CNMC quedó en ‘standby’, a la espera de que se desarrollara la normativa –propuesta por Ciudadanos- para despolitizar todos los reguladores de los mercados, que incluía la creación de un Comité de Sabios que se encargaría de seleccionar a los consejeros más aptos para estos organismos. Como ha ocurrido con otros tantos asuntos, el tsunami catalán aplazó su tramitación.

Los partidos barajaron dividir la CNMC en dos instituciones: una de ellas se encargaría de supervisar y controlar la energía, las telecomunicaciones, los transportes, los servicios postales, el juego y el tema audiovisual; y la otra de todo lo relacionado con la competencia y con la defensa de los consumidores y los usuarios.

En España se ha bloqueado la entrada de la libre competencia a través de los reguladores. Nosotros somos partidarios de corregir esto"

Toni Roldán

El portavoz del partido naranja en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, Toni Roldán, ha lamentado que el regulador no haya conseguido ninguno de los objetivos que se plantearon en el momento de su creación, en 2013, pues no ha ganado autonomía, no es más independiente y no puede imponer sanciones disuasorias a las grandes empresas. “En España se ha bloqueado la entrada de la libre competencia a través de los reguladores. Nosotros somos partidarios de corregir esto”, ha manifestado.

La socialista Ana Botella ha criticado la superficialidad de la Proposición No de Ley de Ciudadanos y ha lamentado las “injerencias” del Ejecutivo de Mariano Rajoy en el regulador de los mercados, al que no ha asignado los medios materiales y humanos necesarios; y al que recientemente ha arrebatado, a través de un Real Decreto, algunas importantes competencias de energía y telecomunicaciones.

El representante del Grupo Popular, Manuel Blasco, ha coincidido en la necesidad de separar en dos partes los seis reguladores que agrupa la CNMC, aunque no ha compartido el diagnóstico de Ciudadanos sobre la “economía de amiguetes” que impera en España. Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos, María Rosa martínez ha afirmado que la verdadera prioridad debe ser mejorar el funcionamiento de esta institución, y no dividirla.

Cabe recordar que durante los últimos meses se han producido varias salidas y entradas en el Consejo de la CNMC. El PP propuso hace unos meses renovar a María Ortiz, el PSOE impulsó el nombramiento de Mariano Bacigalupo y Ciudadanos apostó por María Canedo, pese a sus fuertes críticas al sistema actual de nombramientos. Por su parte, Bernardo Lorenzo Xabier Ormaetxea entraron en su Consejo después de que una sentencia del Tribunal Supremo considerara ilegal su destitución, en 2013, y obligara a readmitirlos.



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