García Matilla, acorralado en la CNMC por su relación con Púnica y Telefónica

La antigua relación empresarial del consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Eduardo García Matilla, con uno de los cabecillas de la Trama Púnica ha cuestionado su posición en este organismo, en el que forma parte de una sala que se encarga de regular el sector audiovisual, el de las telecomunicaciones y el energético. Estas conexiones dejan a García Matilla acorralado dentro del organismo supervisor a tan solo un mes de que expire su mandato. Será a finales de septiembre cuando el Gobierno deba decidir sobre su idoneidad para permanecer en el cargo seis años más. A día de hoy, tras conocerse su conexión pasada con uno de los cabecillas de Púnica, además de cobros de un millón de euros de Telefónica que ocultó a la CNMC y al Parlamento, su continuidad parece muy complicada.

El Ministerio de Economía ha rehusado pronunciarse sobre la noticia publicada el lunes por este periódico, en la que se detalla la antigua asociación de este consejero con una empresa vinculada a José Antonio Alonso Conesa, uno de los presuntos urdidores de la Púnica. Este departamento tampoco ha querido hacer declaraciones sobre si el Gobierno le propondrá para repetir en su cargo una vez conocidos estos datos. Desde la CNMC han movido ficha y han asegurado que analizarán la situación creada tras la publicación de estas informaciones.

El sumario de la Operación Púnica desvela que la empresa que presidió García Matilla desde 1992 hasta 2011, Corporación Multimedia S.A., contó entre sus accionistas con Zima Iniciativas S.A., al menos, entre 2009 y 2012. La entidad figura en el sumario de esta operación anticorrupción por estar en la órbita de Mistral Inv. S.L., una sociedad pantalla que fundó Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena (PSOE) y considerado como uno de los conseguidores de la trama. El encargado de su gestión era su hermano Agustín.

El extenso sumario de esta investigación -de 60 tomos y varios miles de páginas- también relaciona a Mistral Inv S.L. con el principal conseguidor de contratos con las Administraciones públicas de esta trama de corrupción y tráfico de influencias, Alejandro de Pedro, que en 2010 poseía el 20 % de las acciones de esta sociedad pantalla, tal y como recoge un informe remitido a la Fiscalía por la Agencia Tributaria. Vozpópuli ha tratado de ponerse en contacto con García Matilla para conocer más detalles sobre la relación su antigua empresa con Alonso Conesa, pero no ha respondido a este medio de comunicación.

En cualquier caso, el propio Alonso Conesa aclara en su web personal que entre las empresas para las que ha trabajado durante su trayectoria profesional se encuentra Corporación Multimedia, que en el mismo informe de la Agencia Tributaria que incluye el sumario de la Púnica aparece participada por Zima Iniciativas, S.A. (57 %) -presidida por Mistral Inv S.L.-, Saturnino Santos Montiel (20,51%) y Eduardo García Matilla (20,51%).

Desde la CNMC han asegurado que analizarán la situación creada tras la publicación de las últimas informaciones sobre García Matilla

La fractura existente en la CNMC

Estas informaciones añaden un poco más de tensión al organismo supervisor, en cuyo seno existe una importante fractura desde hace varios meses, con epicentro en la Sala de Competencia, pero con repercusiones en la de Regulación y fundamentado en las diferencias entre los consejeros más cercanos al Partido Popular y su presidente, José María Marín Quemada. Este último, catedrático de Economía y exconsejero del Banco de España, decidió actuar al margen de la línea marcada por el Gobierno tras acceder a su cargo, algo que ha sido visto con buenos ojos por los partidos de la oposición, pero que le ha distanciado de los consejeros afines a Génova.

A consecuencia de la adopción de esta línea de actuación, los votos particulares han sido una constante en la CNMC. Una buena parte los han presentado los consejeros de la Sala de Competencia Fernando Torremocha y Benigno Valdés, a quienes fuentes conocedoras del regulador sitúan en la órbita del PP. En la mayoría, se ha solicitado la suavización de las sanciones o se ha criticado su imposición a las empresas de varios sectores.

Tal y como contó Vozpópuli el pasado julio, esta batalla se desencadenó el año pasado y se detuvo temporalmente en abril y mayo, cuando se alcanzó una tregua que algunas fuentes atribuyen al toque dado por el Ejecutivo a los consejeros díscolos para que no hicieran ruido en pleno proceso electoral.

Pero la tensa calma de esos dos meses dio paso hace unas semanas a una tempestad sin precedentes, cuyo máximo exponente ha sido el destape de la propia vicepresidenta de la CNMC, María Fernández, profesional de la más absoluta confianza de Álvaro Nadal, jefe de la Oficina Económica de Moncloa. Ella preside la Sala de Regulación y emitió recientemente un duro voto particular contra el informe sobre el mercado mayorista de carburantes elaborado por el organismo, documento muy crítico con el gran poder que manejan las grandes petroleras, la falta de competencia del sector y la influencia que esto tiene en los altos precios de las gasolinas.

A la rebelión contra Marín Quemada liderada por Fernández desde su sala se unieron los consejeros Torremocha y Diego Rodríguez. También Eduardo García Matilla, experto en el sector audiovisual que durante su trayectoria profesional ha ejercido de directivo de RTVE, profesor de la Universidad Complutense y presidente de Corporación Multimedia S.A., empresa que durante varios años fue puntera en el análisis de audiencias. El 2 de septiembre de 2010, solicitó el concurso voluntario de acreedores y adjuntó un plan de liquidación del negocio por su mala marcha. El 19 de marzo de 2014, desapareció oficialmente.