Casi seis años después, el proceso judicial en torno al 'cártel' de la leche entra en su recta final. El Tribunal Supremo se pronunciará en los próximos meses sobre la firmeza de las sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras admitir a trámite este mes de enero el recurso de casación de Danone -de los principales expedientes en marcha- contra la resolución de la Audiencia Nacional de inicios de 2024.
La Sala de Instancia estimó una multa de Competencia contra empresas como la multinacional francesa, aunque en su caso abocaba a revisar la sanción original -de más de 20 millones de euros- al considerar prescritas las infracciones imputadas antes de 2006. Según la CNMC, compañías como Danone, Industrias Lácteas Granada (Puleva), Calidad Pascual, Central Lechera Galicia, Grupo Lactalis Iberia o Comercial Alimentaria Peñasanta (Capsa) intercambiaron información entre 2000 y 2013 con vistas a forzar rebajas en el precio de compra de la leche cruda a ganaderos, por lo que el regulador impuso una multa conjunta de 80,6 millones de euros.
Desde el principio, Danone ha reivindicado ante el Alto Tribunal la no comisión de infracción alguna. En esa línea, ha alegado ante el Supremo que el proceso sancionador vulnera los artículos 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al considerar como infracciones "intercambios de información sobre costes de aprovisionamiento, que, por si solo, carecen de aptitud para influir posteriormente en las decisiones de las empresas sobre la determinación de sus márgenes o estrategia comercial".
Por contra, la Abogacía del Estado reclama al Supremo una sanción como la original, incidiendo en que la propia Sala de instancia "admite la existencia de un plan común, pero la conclusión a la que llega no se corresponde con el concepto de infracción continuada, que se asienta sobre la idea de la existencia de un plan preconcebido, sin que los lapsos temporales de interrupción de actividad enerven esa clasificación, salvo, quizá, en los supuestos en los que el periodo de inactividad fuera superior al plazo de prescripción, que no es el caso".
Los ganaderos, pendientes
El argumentario de la Abogacía replica el empleado para defender también que no se reduzcan las sanciones propuestas por la CNMC para otras de las involucradas, como Puleva, que también han elevado recurso de casación al Tribunal Supremo como la de Danone. Del lado del Estado también se ha posicionado O Seixo Sociedad Agraria de Transformación (Ossat), que reclama el cumplimiento íntegro de las multas con atención a evidencias concretas sobre el caso de Danone.
Por lo pronto, Danone ha provisionado en sus cuentas la totalidad de la multa propuesta por la CNMC, pero no así las potenciales reclamaciones de los ganaderos. En este sentido, la propia multinacional ha obtenido ya algunas victorias en primera instancia, si bien ha conseguido la suspensión de otro de los procedimientos a expensas de que el Supremo se pronuncie sobre la sanción de Competencia. No por nada miles de ganaderos aguardan por la resolución en Casación de estos procesos.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal tendrá que deliberar sobre cuestiones formales relativas al proceso sancionador general de la CNMC contra las grandes empresas como sobre "si, acreditada la existencia de un plan común para el desarrollo de la actividad anticompetitiva, como así lo ha considerado la sentencia recurrida, los lapsos temporales transcurridos entre las conductas infractoras acreditadas enervan o no la calificación como continuada de la infracción, y las consecuencias que ello pueda tener sobre la prescripción".
