Uno de los principales frentes judiciales por las autopistas rescatadas por el Gobierno entra en su recta final. La Sección de Admisiones de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo estudia un recurso de casación presentado por diferentes fondos de inversión de Estados Unidos y Reino Unido contra los grupos Actividades de Construcción y Servicios (ACS), Acciona y Globalvia, consistente en una demanda conjunta por valor aproximado de unos 551,5 millones de euros en torno a la R-2.
La reclamación versa sobre deudas (principal e intereses) por "sobrecostes" por "expropiaciones" y obras "de construcción" así como por "aportaciones contingentes" que los demandantes consideran latentes alrededor de Infraestructuras y Radiales S.A. (Irasa), concesionaria de la autopista de peaje R-2 de Madrid-Guadalajara, y atribuibles a sus antiguos accionistas privados.
Los demandantes son los fondos Taconic, Attestor, King Street y SVP, que compraron a la banca las deudas de las constructoras que participaban del capital de Irasa. Esta última se declaró en concurso de acreedores voluntario en 2013 con un pasivo superior a los 400 millones.
El Gobierno central se hizo cargo de la gestión de la infraestructura de la R-2 en el año 2018, en el marco del programa impulsado por el ministro de Fomento Íñigo de la Serna en pos del rescate de las autopistas quebradas
Antes de revertir en el Estado, Irasa estaba participada en un 35% por Iridium (ACS), un 30% por Abertis (actualmente controlada también por ACS), en un 25% por Acciona y en un 10% por Globalvia.
La primera y la segunda instancia han dado la razón a las constructoras
Hasta ahora, los tribunales han venido dando la razón a las constructoras españolas en su alegato de que las cláusulas que se firmaron en su momento no obligaban a los accionistas de la empresa que acabó en concurso a indemnizar a sus acreedores una vez iniciado el proceso de liquidación. Las resoluciones judiciales también han considerado como argumento favorable a las constructoras la asunción de sobrecostes por parte de la Administración Pública, condenando en costas a los fondos.
El Gobierno central se hizo cargo de la gestión de la infraestructura de la R-2 a principios del año 2018, en el marco del programa impulsado por el ministro de Fomento Íñigo de la Serna en pos del rescate de las autopistas quebradas tras la pasada crisis financiera. Lo anterior tuvo lugar pese a que R-2 era la única ante la que la Administración no estaba obligada a atender a la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) por no venir recogida esta cláusula en el contrato original.
Tanto Actividades de Construcción de Servicios como Acciona han evitado provisionar en sus cuentas el litigio.
En la línea de liberar de obligaciones a las constructoras se han manifestado ya el juzgado de primera instancia número 37 de Madrid y la Audiencia Provincial de Madrid. De hecho, tanto ACS como Acciona han evitado provisionar en sus cuentas el litigio.
Los fondos, por contra, alegan jurisprudencia en favor de la exigibilidad de las deudas. Sobre el caso en concreto de la R-2, argumentan que las condiciones que exoneraban a los antiguos accionistas del pago de sus deudas eran "cumulativas" y hasta ahora no se cumplieron todas, al tiempo que esgrimen que las medidas de la Administración Pública "no liberaron a los accionistas de sus obligaciones de aportación de fondos y, sin duda, no lo hicieron 'a satisfacción' de los acreedores'".
Por lo pronto, el Ministerio de Transportes ha asumido la gestión de la autopista a través de SEITTSA y en virtud de un convenio suscrito en agosto de 2017 que se ha prorrogado hasta el año 2032.
