OPINIÓN

El mercado cautivo del taxi

La semana pasada se presentó en Bruselas un nuevo lobby del taxi oficial, pero la economía colaborativa ha llegado para quedarse, y los desarrollos tecnológicos que la hacen posible van a superar la capacidad coercitiva de las autoridades.

El mercado cautivo del taxi.
El mercado cautivo del taxi. EFE

El miércoles se presentó en Bruselas —dónde si no— un nuevo lobby por más estatismo y menos libertad económica. Se llama Alianza Europea de Taxis y nace de las organizaciones más sofisticadas, visionarias y dospuntocero de los países más ultramodernos e hiperinnovadores de la UE, a saber… Italia, Portugal y España. Mientras en la burocrapital europea se hacían la foto de rigor estos enemigos del libre servicio de transporte, miles de taxistas lo celebraban a la manera tradicional: bloqueando las grandes ciudades. Es que para poner de tu parte a tus potenciales clientes no hay nada como inmovilizarles provocando atascos kilométricos. Mano de santo.

Las organizaciones de taxistas son empresariales pero ni lo saben ni lo quieren. Tienen alma de organizaciones sindicales. Su arma es el piquete sobre ruedas para colapsar ciudades

La reunión de Bruselas pasaría por ser simplemente otro intento de ponerle todavía más puertas al campo, otra presión al Estado para beneficio de los tocados por su divina licencia, otro escrache virtual a cuantos no creemos que comerciar requiera permisos, si no fuera por una variación que no debe pasarnos desapercibida. La nueva organización sudeuropea, con tanta vocación continental como probabilidades de fracasar en semejante intento, parece ir un paso más allá en las reivindicaciones jurásicas de los taxistas “licenciados”, y decantarse ahora por alguna forma de estatización directa del sector. No sorprende, por lo tanto, que altos jerarcas de la cosa europea participaran en el acto para bendecir la nueva Alianza. El vicepresidente del Parlamento Europeo, el socialista italiano David Sassoli, afirmó tranquilamente que el taxi es “un sector público necesario”. Sector público. Y se lo dice a los supuestos representantes de miles de microempresarios (taxistas) de los tres países fundadores. Y éstos se lo agradecen y se van tan contentos a celebrarlo. 

Mientras en España y en otros países se suceden los ataques violentos contra los vehículos no “licenciados” de transporte de pasajeros, podría estar tomando forma una nacionalización (o “municipalización”) del servicio. Hay un precedente. En bastantes ciudades, el negocio privado de los autobuses turísticos se vio fagocitado por la empresa municipal de turno, que pasó a monopolizarlo por decreto del consistorio correspondiente. Ahora, los ayuntamientos bien podrían recomprar las licencias de los taxistas mediante algún tocomocho de trileros políticos —largo plazo, parte en especie y siempre renunciando a una parte, claro, porque esto no hay quien lo pague a su precio actual— y darles a cambio el dorado estatus de funcionatas, por el que tanto suspira el ciudadano medio precisamente en países como Italia, Portugal y España.

Comerciar es un derecho humano fundamental e inalienable. Lo desleal hacia a un competidor es pagar a la mafia estatal una licencia para que le impida prestar el mismo servicio

Los ayuntamientos saben que tienen un problema. Saben que tienen concedidas miles de licencias que son papel mojado porque la gente quiere contratar y prestar servicios sin su intermediación, y ahora la tecnología se lo permite. Y ya sabemos cuál es la tentación habitual de los políticos ante los problemas de un sector: incorporarlo al Estado para acallar a los afectados con el dinero de los no afectados. 

Las organizaciones de taxistas son empresariales pero ni lo saben ni lo quieren. Tienen alma de organizaciones sindicales. Su arma es el piquete sobre ruedas para colapsar ciudades, cuando no la agresión directa a los “intrusos” cuyo crimen nefando es… hacer exactamente lo mismo que ellos, pero en el siglo XXI. Estas organizaciones no se decantan por convencer a su mercado sino por presionar a los políticos. Su terreno de juego es el del lobby, nunca el del mercado. Su objetivo es que Papá Estado les libre de las nuevas formas de competencia que la evolución tecnológica vaya alumbrando. Para hacerlo, tiene que obligar a millones de usuarios a desechar opciones mejores y utilizar forzosamente el taxi “oficial”. No han comprendido que la revolución tecnológica produce el bendito efecto de acabar con la necesidad de lo “oficial”, en este ámbito y en muchos otros. Y por no comprenderlo y no actualizarse acabarán en el museo de profesiones pasadas junto a los pregoneros y los serenos. Y junto a las discográficas. 

Con una agresividad digna de mejor causa, los taxistas “licenciados” señalan la competencia de los no licenciados, esos herejes que se permiten llevar a un pasajero en su coche y cobrar por ello… ¡sin que un concejal haya puesto un sello y un garabato en algún permiso! Lo llaman competencia desleal, pero la realidad es justamente la opuesta. Comerciar es un derecho humano fundamental e inalienable, sea con bienes o con servicios, y no puede depender del permiso de un político. Lo desleal hacia a tus competidores es pagar a la mafia estatal para que te dé “protección” frente a ellos, para que les impida hacer lo mismo que tú, para que les lleve a los tribunales o a la cárcel si transportan pasajeros igual que tú. Lo desleal es exigir a los competidores el pago de una licencia —brutalmente sobrepreciada, además— para hacer lo mismo que uno hace. Y la deslealtad no se limita a los competidores sino que se extiende a los clientes, cautivos de un sistema que les obliga a pagar un precio más elevado del que se forma naturalmente en el mercado, y a aguantar todo tipo de limitaciones a la flexibilidad del servicio.

La cruzada contra la economía colaborativa es uno de los últimos coletazos de la bestia estatal herida de muerte. Contribuye a su desaparición: si puedes, usa alternativas al taxi “oficial”

Afortunadamente, por mucho que los Estados legislen contra la economía colaborativa y por muchas sentencias antijurídicas que dicten, como la de Uber en Italia, la economía colaborativa ha llegado para quedarse. Podrán frenarla temporalmente, pero eso sólo va a revolucionar aún más el desarrollo tecnológico. Cuando las plataformas actuales, centralizadas en torno a una empresa, den paso a plataformas distribuidas mediante tecnología P2P, a ver quién es el listo que prohíbe nada. Los costes de hacer cumplir las prohibiciones serán sencillamente impagables.

Entre tanto, los ciudadanos deberíamos exigir al Estado que no se meta en nuestras relaciones comerciales privadas ni se permita la insolencia de condicionar el uso que queramos darle a propiedades como el coche o la casa. La cruzada contra la economía colaborativa es injusta, liberticida, desleal, y sobre todo, impropia de nuestra época. Son los últimos coletazos de la bestia estatal herida de muerte. Contribuye a su desaparición: si puedes, usa alternativas al taxi “oficial”.


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