OPINIÓN

La Stasi de Ciudadanos

Una proposición no de ley presentada por Ciudadanos y apoyada por casi todos los grupos pretende crear un auténtico “Estado dentro del Estado”, una autoridad ejecutiva todopoderosa dependiente del Legislativo. La primera víctima: el anonimato de los alertadores

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera. EFE

El Congreso de los Diputados admitió a trámite el martes la proposición de Ciudadanos para una “Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes”. Con esta iniciativa, la formación naranja se pone una nueva medalla como partido preocupado por la corrupción extrema de nuestra política. Pero un conocido refrán nos recomienda “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”. En este caso, Ciudadanos presume de una dureza frente a la corrupción que después no se traslada a su ejecutoria, como hemos visto en Murcia.

Crear órganos de control para controlar a otros órganos de control, hasta el infinito, ya se ha hecho ene veces aquí y fuera, y no sirve más que para incrementar el coste total y seguir igual

La proposición, admitida con el voto favorable de todos los grupos menos el PNV, ni ataca realmente el problema de la corrupción ni servirá como baluarte para nuestras libertades. Antes al contrario, el texto promovido por los de Rivera puede dejar en una situación de grave indefensión a los alertadores, es decir, a las personas que conocen de cerca un caso de corrupción y se deciden a contarlo. De aprobarse la ley sin modificaciones, estas personas verán fuertemente recortada su capacidad de denuncia, ya que Ciudadanos propone eliminar su derecho al anonimato. El anonimato es clave en los procesos de desenmascaramiento de tramas corruptas. Sin anonimato, es excesivo el riesgo para la seguridad de los alertadores, que generalmente son funcionarios de las administraciones implicadas. Además, la proposición reconoce la condición de denunciantes únicamente a los empleados públicos. Es evidente que en muchos casos el alertador puede ser un socio o empleado de una empresa corruptora, así como cualquier otro ciudadano que por los más diversos motivos haya tenido conocimiento del caso. En la situación actual, el anonimato de los alertadores ni está protegido ni perseguido, pero la proposición de ley pretende ahora negárselo expresamente y, encima, crear listas de denunciantes cuyo uso posterior da bastante que pensar. Alguien podría ironizar que con razón se han sumado los demás grupos de manera tan entusiasta.

La corrupción no es tanto un problema ético como un problema de incentivos. Lo malo es que los colectivistas de todos los colores, incluidos los naranjas, saben muy poco de incentivos

El artículo cuarto enumera, en un bonito brindis al sol, todos los derechos que desde ahora se reconocerá a los denunciantes, pero poco dura la alegría en casa del whistleblower, porque ya desde el siguiente artículo se le obliga a significarse con nombre y apellidos. Obviamente, para infinidad de funcionarios denunciar sin que se proteja su anonimato equivale a caer en desgracia y sepultar su carrera. Se les obliga a confiar ciegamente en el sistema, y como forman parte del mismo saben que hacerlo es temerario.

Con todo, lo más grave es la creación de la llamada Autoridad Independiente de Integridad Pública (AIIP). Lo de “independiente” tiene guasa, porque el estatuto lo aprobará el Consejo de Ministros y la presidencia dependerá de los partidos políticos, concretamente del acuerdo que alcance el sesenta por ciento de los diputados. Es decir, esta nueva autoridad incurre en los mismos vicios que ya vemos en los órganos presuntamente judiciales pero nombrados por el Legislativo. La proposición de ley otorga a la AIIP unos poderes y competencias tan amplios y tan desvinculados de toda tutela judicial que algunas voces ya se han referido a este nuevo órgano como a la Stasi de Ciudadanos, comparándola con la policía política del régimen comunista de Alemania oriental. Si no cambian radicalmente las cosas durante el trámite parlamentario, la merma de los derechos civiles puede ser inevitable. Hay que tener en cuenta que se estará creando, sencillamente, un poderoso “Estado dentro del Estado”, y que sus dirigentes se verán incentivados a acumular poder y a realizar todo tipo de cazas de brujas, ya que el nuevo órgano se nutrirá de las sanciones que consiga imponer.

No habrá menos corrupción con más Estado, aunque ahora se le llame AIIP, sino con menos Estado y con un respeto mayor por el debido proceso y por el anonimato de los alertadores

El problema es que ya está todo inventado, y lo que no ha funcionado en el pasado no va a funcionar ahora. Crear órganos de control para controlar a otros órganos de control, hasta el infinito, ya se ha hecho ene veces aquí y fuera, y no sirve más que para incrementar el coste total, quedar bien ante la galería y seguir igual. Vulnerar la separación de poderes creando órganos excepcionales y todopoderosos en el Ejecutivo también se ha hecho y sólo ha agrandado los problemas. Además de la corrupción existente, habrá que tener en cuenta ahora el posible mal uso de la dichosa AIIP por parte de políticos poderosos para destruir a otros más débiles. Una sencilla apuesta: si se llega a crear la AIIP, ¿cuánto tardaremos en asistir a un caso de corrupción que implique precisamente a su presidente o alguno de sus integrantes? A fin de cuentas, se tratará de personajes vinculados con el establishment político y nombrados por el parlamento.

El camino para combatir la corrupción es otro, y pasa sobre todo por comprender de una vez que eso de la “integridad pública” es una contradicción interesada. La integridad es la de cada cual, es privada, y el terreno público es por definición un espacio artificial, teórico, ajeno a las naturales relaciones de propiedad e intercambio y, por ello, propicio para el saqueo —sobre todo, el de sus propios gestores—. La corrupción no es tanto un problema ético como un problema de incentivos. Lo malo es que los colectivistas de todos los colores, incluidos los naranjas, saben muy poco de incentivos —no hay más que ver sus planteamientos en economía— y mucho de construir una preciosa estructura teórica que después no funcionará porque se les ha olvidado que estará habitada y conducida por personas. Quien evita la ocasión evita el peligro, y la corrupción sólo se reduce impidiendo oportunidades de que ocurra. Y para ello, la única fórmula eficaz es quitarle poder al Estado en todas sus formas y niveles, y devolvérselo a la sociedad civil. Cada licencia, cada permiso, cada autorización, cada subvención, cada concurso público, es una oportunidad de corrupción eliminable. No habrá menos corrupción con más Estado, aunque ahora se le llame AIIP, sino con menos Estado y con un respeto mayor por el debido proceso, por la tutela judicial y por el anonimato de quienes, valientemente, se arriesgan a denunciar la corrupción que descubren.


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