La tribuna de Juan Pina

Concertada no: privada y cheque

La agresión del gobierno valenciano a la enseñanza concertada no ataca tanto el sistema en sí como la pluralidad ideológica. Y la defensa del sistema de conciertos por parte de Rajoy no tiene por objeto defender esa pluralidad sino mantener el actual statu quo, un duopolio bastante injusto que perpetúa el consenso alcanzado en tiempos de Felipe González. Ese consenso, básicamente, reparte el sector educativo entre la escuela pública, con un sesgo ideológico puramente socialdemócrata, y la escuela confesional. Para mí ambas posiciones son muy similares en lo sustancial, pues ambas adolecen de un alto grado de colectivismo, aunque muchas personas vean grandes diferencias derivadas de la cosmovisión mística imperante en unas escuelas y de su ausencia o reducción en las otras. Yo veo en ambos casos la gris factoría inhumana y despersonalizadora del vídeo musical de Another Brick in the Wall, el clásico de Pink Floyd.

A mi juicio, el debate está distorsionado. La concertada no es suficientemente plural porque sigue sujeta a un estrecho currículo estatal de carácter forzoso, y además es bastante opaca porque las familias no tienen conciencia del precio, ya que lo paga por ellas el Estado y ni se enteran. Los colegios concertados con frecuencia imponen sobrecostes que las familias deben satisfacer, pero su cliente real, del que dependen de verdad, es el Estado. La licencia para construir y operar un colegio concertado se ha convertido en el oscuro objeto de deseo de bastantes empresarios, próximos generalmente al Partido Popular, ya que la competencia de otros colegios se verá limitada geográficamente o en el tiempo por los mismos que conceden la licencia. Salvo en las zonas centrales de las grandes ciudades, para infinidad de familias apenas hay capacidad de elección más allá de escoger el cole público del barrio o el único cole concertado cercano, casi invariablemente religioso. Es normal que Rajoy defienda al sector de colegios concertados, como a cualquier otro player relevante en su red de clientelas políticas.

Tanto los defensores de la pública como los de la concertada buscan moldear la sociedad usando como arcilla a nuestros hijos y obligando al resto de los contribuyentes a pagarlo

Los padres que no queremos ni un colegio estatal ni un colegio confesional parecemos no tener voz ni voto en este acalorado debate, y tenemos que hacer muchos kilómetros todos los días y un enorme esfuerzo económico para pagar doblemente: la estatal o concertada que no usamos, mediante nuestros impuestos, y después la factura del colegio privado escogido. Pero de nosotros no se acuerda nadie. Los unos defienden su visión ideológica de una escuela que fabrique súbditos acríticos del Estado, y los otros su visión mística de una escuela evangelizadora. Ambos buscan moldear la sociedad usando como arcilla a nuestros hijos y obligando al resto de los contribuyentes a pagar por ello. Quienes ahora claman por salvar la concertada deberían reflexionar sobre si lo que quieren salvar es el negocio de la concertada o es la libertad educativa, y si se trata de ésta última, comprender que el modelo de conciertos está obsoleto y debemos pasar a un modelo privado con garantías de universalidad.

Los libertarios proponemos desestatalizar las escuelas y devolvérselas a la sociedad civil. En nuestro sistema de enseñanza enteramente privada se garantizaría el acceso de las personas con bajo nivel de renta mediante un auténtico programa de cheque escolar. Y digo auténtico porque el cheque escolar, como el sanitario, debe servir para compensar —a precio medio de mercado— la situación particular de la minoría que, por su reducida renta personal, es incapaz de costear este servicio esencial. Y sólo mientras dure esa situación, devolviendo al menos una parte si en el futuro mejoran sustancialmente sus ingresos. Es decir, lo normal es que sea cada familia quien costee la educación de sus hijos, porque es su responsabilidad primordial y podrán cumplirla si los impuestos confiscatorios actuales se reducen sustancialmente. Lo excepcional es que algunos tengan que solicitar el cheque escolar. Sin embargo, una vez empleado éste, esos niños acuden al colegio escogido como cualquier otro, sin distinción alguna, en vez de ir a colegios públicos que, en algunos casos, son realmente mediocres en cuanto a la calidad de la enseñanza y, a veces, pueden convertirse en guetos sociales. A un colegio privado le da igual que los padres le paguen con una transferencia o canjeando un bono. Este mecanismo eleva muy considerablemente las oportunidades de los niños cuyas familias tienen un bajo nivel de renta, y permite a los padres escoger realmente entre tantos colegios —y con tantos idearios, currículos, lenguas vehiculares y otras características— como espontáneamente alumbre la sociedad civil. Se acaba así con el codirigismo actual y con el reparto del noventa por ciento de las escuelas entre dos formas de colectivismo bastante perfiladas. Ah, y por supuesto se satisface también la preferencia de quienes opten por el homeschooling.

De quien en ningún caso debería ser una escuela es del Estado, ni tiene éste vela en el entierro de la lengua empleada o de si se enseña una religión o qué valores se transmite

Cualquier modelo empresarial es aceptable, desde colegios independientes hasta grandes cadenas, desde cooperativas hasta empresas convencionales, pero a mí me parece que un colegio se presta bien a ser una comunidad de padres y/o profesores también desde el punto de vista empresarial, como copropietarios que velan por su excelencia ya que es crucial para sus hijos o para su carrera profesional. De quien en ningún caso debería ser una escuela es del Estado, ni tiene éste vela en el entierro de si se enseña o no una determinada religión o se imparten las asignaturas en una u otra lengua, o se transmite unos valores concretos o una determinada idea de la Historia, de la sexualidad o de la cultura. Yo prefiero, pero no impongo a otros, que se enseñe a los niños a pensar críticamente —a usar la Razón que nos hace humanos y libres— para que sean ellos quienes se formen sus propias opiniones. En todo caso, será después la sociedad quien determine si hay mercado o no para cada colegio, no un lobby empresarial beneficiado por la regulación de los políticos, ni un sindicato de profesores funcionarizados (qué triste, qué manera de desvirtuar una profesión tan importante), ni un consejero autonómico ni un ministro central ni los mismísimos señores Puig y Rajoy. Ni siquiera en campaña.


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