OPINIÓN

Autogolpe de opereta

El fin último de los verdaderos socialistas nunca es el cambio de gobierno sino de Estado. Llegar al gobierno es sólo el camino para hacerse con el Estado y ampliarlo hasta eliminar todo vestigio de libertad.

Opositores al Gobierno de Nicolás Maduro se manifiestan en rechazo a la decisión inicial del TSJ.
Opositores al Gobierno de Nicolás Maduro se manifiestan en rechazo a la decisión inicial del TSJ. EFE

Hace diez meses, el informe del jurista hispano-venezolano Andrés Guevara explicaba detenidamente cuáles fueron, a lo largo de los años, los pasos normativos concretos que fueron marcando la involución del país sudamericano. El objeto del informe, dirigido al público español, era ayudarnos a detectar señales equivalentes en los programas, declaraciones y —en su caso— decisiones de gobierno de nuestra nueva extrema izquierda. Guevara exponía cómo, ya fuera en Derecho civil, mercantil, penal o laboral, el chavismo había ido adoptando de forma calculada decisiones que, más allá de su alcance concreto, coadyuvaban a un claro objetivo final: erosionar ese espontáneo entramado de interrelaciones que es la sociedad civil, sustituyéndolo por la mera ejecución de las instrucciones estatales.

El Derecho, cuyo estricto cumplimiento reivindican airadamente los socialistas desde la Oposición, pasa a ser secundario y maleable tan pronto alcanzan el poder

El fin último de los verdaderos socialistas (“del siglo XXI” o de cualquier siglo) nunca es el cambio de gobierno sino de Estado. Llegar al gobierno es sólo el camino para hacerse con el Estado y ampliarlo hasta eliminar todo vestigio de libertad, apropiarse de todos los bienes, someter a todas las personas y planificar en adelante cuanto haya de suceder en la economía, en la cultura y en cualquier otro ámbito. En su infinita arrogancia, jamás se plantean la duda de si esa planificación pudiera resultar inferior al conjunto de interacciones de millones de tomadores de decisiones, movidos por sus propios fines e intereses y cooperando voluntariamente unos con otros para alcanzarlos. Para un socialista, todas esas interacciones descontroladas, descoordinadas, deben impedirse y sustituirse por un plan organizado desde arriba. Los comités de expertos al servicio de los fines socialistas saben más lo que conviene a la gente que la gente misma, dónde va a parar.

El Derecho, cuyo estricto cumplimiento reivindican airadamente los socialistas desde la Oposición, pasa a ser secundario y maleable tan pronto alcanzan el poder, y a partir de ese momento se irá reformando para añadirle complejidad, distorsionar sus principios básicos y someterlo a los fines de ingeniería social desde el poder ejecutivo. Porque, y esto es lo realmente importante, los socialistas no creen en la separación de poderes. Es muy significativo que precisamente en Venezuela se sustituyeran los tres poderes tradicionales del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) por cinco, añadiendo dos más, los fantasmagóricos poderes Ciudadano y Electoral, en liza con los anteriores. Algún incauto podría pensar que en el ánimo de los autores de la actual constitución de 1999 había un especial celo garantista, que su deseo era evitar la concentración de poder y afianzar los derechos del individuo. Nada más lejos de la realidad. Como afirma Guevara, “nunca como ahora el Ejecutivo se inmiscuyó en el desarrollo de la esfera individual de los venezolanos usurpando funciones de los otros poderes públicos, los cuales se encuentran completamente subyugados a los designios del gobierno central, vaciados de poder real como cascarones vacíos”.

La pésima opereta de la semana pasada no oculta el fracaso del edificio constitucional del chavismo. Ese decorado tapaba la simple y eterna vocación socialista de concentrar el poder

Pues bien, el autogolpe de la semana pasada se desarrolló precisamente en torno a la separación de poderes. Tanta “innovación” jurídico-constitucional para acabar en dos actos típicos de una dictadura: el primero, que un poder del Estado (el judicial) retirara la autoridad a otro poder del Estado (el Legislativo); y el segundo, que un tercer poder (el Ejecutivo) instara el sábado al primero a revisar sus sentencias para ver si, ante el clima interior generado y ante el enfado de la comunidad internacional, podía restituir formalmente los poderes de la Asamblea para, como hasta entonces, seguir desacatando sus decisiones.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo venezolano, cuestionada en sus decisiones hasta por la mismísima fiscal general, chavista, ha representado perfectamente el papel de un poder judicial títere. En su delirante prepotencia, el chavismo ha desarrollado en torno a la carta magna de 1999 todo un llamado “neoconstitucionalismo” caracterizado por el sometimiento de la propia constitución a los objetivos de la revolución socialista. Cuando, en 2007, un referendo echó atrás las enmiendas propuestas por el chavismo, que habrían eliminado de iure la propiedad privada y la libertad económica, el régimen siguió su curso adoptando por decreto la medidas que necesitaba para ese mismo fin, aunque no pudiera ampararlas en el texto constitucional.

No es sólo por solidaridad con los venezolanos que debemos exigir a Rajoy y a Dastis una acción diplomática contundente para ayudarles a librarse del régimen. Es también por interés propio

La pésima opereta de la semana pasada no ha conseguido ocultar el fracaso estrepitoso del edificio constitucional chavista. Ni fue sincera ni ha sido efectiva la pretensión de crear ex novo un marco jurídico, digamos, “futurista”. A la postre, ha resultado evidente hasta para los más ingenuos que ese decorado tapaba la simple y eterna vocación socialista de concentrar el poder en manos de una nomenklatura incuestionable y omnipotente. Los legisladores y los jueces venezolanos carecen de poder. Los primeros se ven ignorados y desobedecidos. Los segundos son una mera correa de transmisión, fieles a quien les nombró. Para ese viaje constitucional no se necesitaban alforjas. No hacía falta todo un sofisticado marco de alta politología llamado a… ¿a qué? No ha hecho sino reproducir los errores de los regímenes totalitarios de otras regiones y de otras épocas.

Lo que los socialistas no han comprendido, a cien años de la Revolución Rusa, es que la única manera de combatir los excesos del poder, de cualquier poder, es atomizarlo y sustituirlo por la acción individual de todos. Nunca será perfecta, pero siempre será mejor. Divide et impera. En realidad, la alta jerarquía socialista sí lo ha comprendido perfectamente pero jamás ha aspirado a combatir tales excesos, sino a sustituir a quienes los cometían antes para continuar haciéndolo ella en adelante, con total impunidad.

No es sólo por solidaridad con los venezolanos que debemos exigir a Rajoy y a Dastis una acción diplomática mucho más contundente para ayudarles a librarse del régimen. Es también por interés propio. Concluía Andrés Guevara su informe alertándonos sobre nuestros propios riesgos: “la tentación totalitaria no distingue latitudes, regiones ni orígenes etnoculturales. Allí donde la libertad parece segura es donde hay mayor riesgo de perderla. Un día desaparece y se hace extremadamente difícil recuperarla. Por ello permanecen más vigentes que nunca las palabras de Jefferson: el precio de la Libertad es su eterna vigilancia”.


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