OPINIÓN

Arrabal y el suicidio asistido

Al ser ilegal el sucidio asistido, José Antonio Arrabal ha tenido que adelantar su muerte sacrificando los últimos meses de su vida. Hay que reformar este sistema cruel, basado en viejos prejuicios místicos, pero la propuesta que tramita el Congreso es muy insuficiente.

Arrabal y el suicidio asistido.
Arrabal y el suicidio asistido. Jarmoluk

La semana pasada comenzó con una noticia que, una vez más, señalaba a toda la sociedad y a sus viejos prejuicios como culpables de que las personas no puedan disponer libremente de sus propias vidas. José Antonio Arrabal, enfermo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), tuvo que adelantar su suicidio renunciando a la última etapa de su vida. De no haberlo hecho, la degradación de su estado físico le habría impedido suicidarse por sí mismo, y quien le hubiera ayudado habría sido juzgado por asesinato según nuestra legislación estúpida, moralista y colectivista. “Total, iban a ser unos meses”, explicó resignado en el vídeo que grabó poco antes de beber el preparado que le provocaría la muerte. ¿Unos meses? En unos meses, por improbable que sea, podría haberse descubierto la cura de la ELA o podría haberse producido alguna mejora tan sustancial para la calidad de vida de los pacientes que tal vez hubiera llevado a Arrabal a reconsiderar su decisión de morir. Y si no, en cualquier caso, en esos meses el paciente habría podido aún hacer, decir, pensar… vivir. Habría podido apurar al máximo el uso de su propiedad máxima, su vida, decidiendo concluirla en un momento posterior. Pero una legislación arcaica e irracional le ha obligado a adelantar su muerte sacrificando esos meses.

Una legislación arcaica e irracional ha llevado a Arrabal a adelantar su muerte sacrificando sus últimos meses

Para el Estado, que constantemente nos arrebata el producto de nuestro esfuerzo, “unos meses” de vida de un enfermo terminal no son nada. Más importante le resulta mantener vigente el concepto de que ni siquiera nuestras propias vidas nos pertenecen a nosotros. Tipificar como delito el intento de suicidarse es la broma de peor gusto en la que ha podido incurrir el paternalismo insidioso, represor y ofensivo del Estado moderno. Más allá de las cautelas necesarias para impedir el fraude, prohibir la asistencia a una persona que sufre, que desea morir y que no puede suicidarse sola, es una crueldad impropia de sociedades civilizadas y una muestra más del frío sadismo de la maquinaria estatal.

Sólo en Suiza y el Benelux, junto a un puñado de estados norteamericanos, es legal el suicidio asistido. En estos últimos peligra por el ascenso del juez ultra Gorsuch. En el resto del mundo se considera un crimen. En algunos países, como España, se tiende a la benevolencia al decidir sobre estos “criminales”, pero la inseguridad jurídica es muy considerable. Y todo por los vestigios de cosmovisiones místicas que aún persisten en el Derecho impidiendo que se ciña a su cometido fundamental: proteger la soberanía de cada individuo sobre su propiedad, es decir, su libertad, y atender las situaciones de conflicto entre dos o más de ellos. En el suicidio asistido no hay conflicto entre dos individuos. La propiedad es el cuerpo y el proceso biológico que en él se desarrolla y que llamamos vida. Nadie disputa esa propiedad. Es su dueño obvio y único quien decide concluir el proceso y, al carecer de la capacidad de hacerlo solo, acuerda con otra persona el momento y la forma de practicar esa finalización. Esa otra persona no lo hace obligada, sino de forma libre y voluntaria; y no se trata de ningún psicópata sino de personal médico o de algún ser querido del enfermo. Siendo todo esto así, ¿dónde hay delito? ¿Quién se cree el Estado para entrometerse? ¿Con qué derecho, con qué legitimidad lo hace? ¿Con la de los políticos o los votantes que no están en la piel del enfermo? ¡¿Cómo se atreven?! Quienes se consideren obligados por un poder sobrenatural a soportar el sufrimiento están en su perfecto derecho de sufrir cuanto deseen, pero jamás de imponer el sufrimiento a los demás.

Sobre el cuerpo manda quien lo habita, y nadie tiene derecho a impedir la colaboración voluntaria entre dos personas para acabar con el sufrimiento de una de ellas

A finales del mes pasado, las facciones de nuestra socialdemocracia paternalista decidieron tramitar en el parlamento una propuesta de “muerte digna” tan descafeinada que sólo podía venir de Ciudadanos, el nuevo cancerbero de la ortodoxia del sistema. Casi todos los demás grupos se sumaron al carro naranja, por distintos motivos. El más peculiar, el del PP, cuya representante justificó su voto afirmativo diciendo que esta ley iba a servir para que los cuidados paliativos fueran iguales en cualquier lugar de España. Esto es lo que les importa a los populares, no vaya a ser que en una comunidad se sede mejor que otra y eso haga añicos el igualitarismo territorial que tanto obsesiona al PP. El PSOE se quejó de que el texto de Ciudadanos era igual que el suyo. O sea, igual de vacío, porque ni se legaliza la eutanasia ni el libre acuerdo de asistencia al suicidio ni nada de nada. Se centra todo en los cuidados paliativos. Al menos, eso sí, se combate el cruel ensañamiento terapéutico que aún persiste en muchos casos. Pero mientras los políticos se dedican a regular los paliativos se rodea y se aplaza la cuestión de fondo. En el ánimo de los conservadores está una especie de falsa solución de compromiso, bastante hipócrita, que es recurrir a la sedación extrema en fase de agonía, la cual puede tener (o no) efectos secundarios que desencadenen la muerte pero sin que medie un acto directo de alguien para provocarla. Así se las gastan estos señores, así de fino hilan para contentar a los lobbies confesionales, pero no es suficiente.

En una sociedad cimentada sobre la Libertad como valor supremo, siempre debe primar la voluntad de la persona afectada o, en caso de inconsciencia, sus instrucciones

El problema es ético. El problema es quién decide. “Quiero poder decidir el final”, afirmó Arrabal. En una sociedad cimentada sobre la Libertad como valor supremo, siempre debe primar la voluntad libremente expresada de la persona afectada o, en caso de inconsciencia, las instrucciones que haya dejado (en un sentido u otro, por supuesto). Sobre el cuerpo manda quien lo habita, con todas las consecuencias, y por lo tanto nadie tiene derecho a impedir la colaboración voluntaria entre dos personas para acabar con el sufrimiento de una de ellas. “Me indigna tener que morir en la clandestinidad”, dijo Arrabal. Que su sacrificio no haya sido en vano. Que los políticos reaccionen y enmienden el proyecto de Ciudadanos para aproximarnos a leyes como la holandesa o la suiza.


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