La tribuna de Juan Pina

Anna Gabriel y los hijos de la tribu

Como en tantas otras cosas, Ayn Rand acertó al describir la civilización como un proceso de tránsito desde lo comunal a lo privado. En las sociedades más primitivas, reciente aún su sedentarización, la vida de las personas discurría de forma transparente. Todo estaba a la vista de todos, desde el propio cuerpo hasta las costumbres, los afectos y los planes. Y ello acarreaba también una participación de todo el clan, tribu o poblado en la toma de decisiones de cada persona y en la administración de sus pocas pertenencias.

Ayn Rand afirmaba que la función política de los derechos es proteger a la minoría de la mayoría, y el individuo es la menor minoría

Conforme las sociedades se fueron haciendo más complejas, el individuo pudo ampliar el ámbito de su soberanía (incluyendo la definición de la propiedad), establecer los límites del mismo y decidir cuándo y con quiénes flexibilizarlos por acuerdo voluntario. Las sociedades, al civilizarse, avanzaron en el respeto a esos límites, y el intercambio sustituyó definitivamente a la gestión comunal de recursos. La primera gran declaración de derechos, en 1789, los entendía propios “del hombre y del ciudadano”. Hoy, cuestiones de género al margen, podríamos decir que los derechos son “del individuo” o “de la persona”. Llamarlos “humanos”, en plural, entraña el riesgo de desindividualizarlos. Los derechos básicos de cada ser humano son inalienables y constituyen la base de la convivencia civilizada. Tanto es así que están por encima de cualquier concepto de democracia, porque las masas no pueden decidir en su contra. Toda carta de derechos es, precisamente, un documento orientado a garantizar al individuo su espacio de soberanía personal frente al resto, pase lo que pase en la sociedad y piensen como piensen los dirigentes políticos. La democracia debería limitarse a la gestión de lo común, y no a invadir lo particular. Ayn Rand afirmaba que la función política de los derechos es proteger a la minoría de la mayoría, y el individuo es la menor minoría. Es de lamentar que los colectivistas hayan logrado distorsionar la esencia de los derechos al incorporar los llamados “derechos positivos”, que no son tales sino, en realidad, obligaciones para las demás personas.

En cualquier caso, creo que poca gente albergará hoy dudas sobre la correlación entre el respeto al ámbito de soberanía personal y el grado de civilización. Y sin embargo, los estatistas más feroces están decididos a acabar con el primero, generalmente a sabiendas de que así retroceden en el segundo. Mientras millones de personas descubren la maravillosa tecnología blockchain y la lógica P2P, que les libera del control social en sus intercambios particulares de cualquier naturaleza, la izquierda y la derecha más colectivistas se echan las manos a la cabeza y claman por una Internet vigilada y por la proscripción de las criptomonedas. Si antes sólo el médico o el abogado conocían nuestros secretos más íntimos, y a ambos los escogíamos cuidadosamente, ahora Hacienda desviste nuestras cuentas bancarias sin orden judicial, y puede conocer todas y cada una de nuestras transacciones sin que lo sepamos. La pérdida de privacidad que estamos sufriendo en algunos terrenos contradice los avances tecnológicos que nos liberan y empoderan.

Las personas se reducen a un mero

stock material que será administrado por el Estado

Pero algo que me llama poderosamente la atención es el grado de retroceso civilizatorio al que pueden llegar los sueños húmedos de la extrema izquierda. Cuando trazan sus planes para la sociedad, estos supuestos humanistas se revelan como auténticos tiranos decididos a animalizar a las personas despojándolas hasta de su privacidad más íntima, hasta de sus instintos naturales más básicos y, por supuesto, de toda forma de propiedad. La última ocurrencia ha sido la de Anna Gabriel, diputada de las CUP. Según ella, cuidar de los niños no corresponde a sus padres, sino que es tarea comunal. Lo que viene a decirnos esta señora —y lo que sin duda impondría a golpe de decreto con la legitimidad de la mayoría, gustara o no a cada persona afectada—, es que debe disolverse el ámbito privado de los seres humanos, su agrupación en asociaciones voluntarias como la familia y su atención a los hijos propios. Ya se ocupará de ellos la tribu. Se sigue de lo expresado por la parlamentaria que en su sociedad ideal la relación paternofilial es irrelevante, y que todos debemos ocuparnos de los niños que haya en nuestra zona, con independencia de si son nuestros o no. Es la lógica del colectivismo más extremo, en la que todo es de todos, incluidos los hijos, y en la que el dios-Estado —gestionado, naturalmente, por dirigentes como Anna Gabriel— toma todas las decisiones y diseña todos los planes. Las personas se reducen a un mero stock material que será administrado por el Estado, o, en palabras de esta señora, por la tribu. Escuchándola, uno comprende que las novelas distópicas de Huxley o de Orwell no fueron pesadillas infundadas, producto de una cena demasiado copiosa. Fueron desarrollos teóricos muy razonables y no demasiado especulativos para un futuro totalitario. Y por más que nos sorprenda y horrorice, hay una parte de la población que se siente atraída por esa reconversión de la especie humana en una inmensa colmena u hormiguero. Son personas que ansían delegar definitivamente en la Anna Gabriel de turno la razón que les hace humanos, descargándose así de toda responsabilidad y pagando para ello, gustosos, el precio más terrible: toda su libertad. Y la Anna Gabriel de turno, antes conocida como Stalin, lo sabe y lo fomenta. Otras especies están amenazadas por temibles depredadores. Los humanos, en cambio, tenemos el enemigo en casa y se llama Anna Gabriel. Organízate para defenderte de ella y darle guerra sin cuartel, o te lo arrebatará todo. Hasta tus hijos.


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