OPINIÓN

Gobierno en minoría y objetivo de déficit

Un gobierno como el actual, que debe basar su política en acuerdos y negociaciones, puede llevarnos por una senda peligrosa de aplazamiento de las obligaciones reconocidas.

Luis de Guindos, en la reunión del Eurogrupo.
Luis de Guindos, en la reunión del Eurogrupo. EFE

De nuevo España se somete a examen por sus cuentas públicas. Nuestros compromisos exteriores han obligado a nuestro país a tener que justificar no sólo el gasto público sino además su recurrente déficit. Por medio, ha tenido que explicar sus decisiones sobre rebajas impositivas cuando era más que evidente que la política fiscal aplicada no debería ir por ese camino. Por este motivo, nuestra reputación, todo hay que decirlo, no pasa por su mejor momento. De hecho, la reciente visita de De Guindos a Bruselas ha tenido en parte por objeto evitar la congelación de los fondos europeos con los que la Comisión nos amenazaba si no tomamos cartas definitivas en este asunto tan espinoso.

En este año de 2016, el objetivo de déficit parece que finalmente se alcanzará, en gran parte ayudado por el excelente comportamiento de la economía española

En este año de 2016, el objetivo de déficit parece que finalmente se alcanzará, en gran parte ayudado por el excelente comportamiento de la economía española. Sin embargo, para el año que entra, 2017, será necesario un nuevo ajuste de al menos unos 7.000 millones de euros, que finalmente y dependiendo de cuánto sea el crecimiento de nuestra economía para dicho año, podría ascender a los 8.000 millones de euros. Entre 0,7 y 0,8 puntos porcentuales de PIB. 

Uno debería pensar que la existencia de un nuevo gobierno después de diez meses de interinidad nos permitirá alcanzar los objetivos marcados siempre que se arremanguen y se pongan manos a la obra. La gran duda, por lo tanto, es conocer cómo se concretarán tales recortes, si serán vía ingresos, como parece que así será en gran parte, en menores gastos o en ambos.

Sin embargo, es mucho suponer que una vez alcanzada la supuesta estabilidad política, la misma estabilización presupuestaria sea factible o posible. Tengo ciertas dudas de que así sea, pues existen vientos de frente que la harán muy trabajada. Y es que al mismo tiempo que acudíamos al examen de Bruselas, la agencia de calificación Moody’s advertía a España que su nueva situación política, con un gobierno en minoría, no es el mejor de los escenarios para cumplir con lo exigido. Según esta agencia, la confianza sobre que el objetivo se alcance es, sencillamente, muy baja.

Si en los últimos dos años fue la incapacidad del gobierno, o simplemente sus preferencias reveladas, lo que impidió unos mayores ajustes en el déficit presupuestario -no se olviden del siempre recurrente ciclo político para explicar este hecho- en lo que sigue, esta incapacidad puede venir motivada por razones muy diferentes. Un nuevo gobierno para los próximos cuatro años que disfrutara de mayoría absoluta en el Parlamento facilitaría la toma de decisiones que de forma indudable asegurasen tal objetivo. En cierto modo esto no ha sido verdad en los últimos dos años. Sin embargo, insisto, debemos reconocer la “necesidad” perentoria de los distintos gobiernos y administraciones adyacentes, ya sean bajo el gobierno del Partido Popular o ya sea bajo el gobierno de otro partidos, de aflojar el nudo sobre la garganta de los presupuestos. La razón última era alcanzar superiores niveles de felicidad de un electorado con varias citas electorales en muy pocos meses. Sin embargo, un nuevo gobierno central con mayoría durante otros cuatro años sí hubiera reanudado una política de consolidación como hiciera antaño, y que sólo se frenó en cuanto se divisaron en el horizonte los diversos compromisos electorales. Más si cabe que es este, y no el nefasto 2011, el año en el cuál los ajustes pueden ser mucho menos dolorosos, especialmente si son tomados con racionalidad y sentido común. Sin embargo, un gobierno como el actual, que debe basar su política en acuerdos y negociaciones, paradójicamente puede llevarnos por una senda peligrosa de aplazamiento de las obligaciones reconocidas.

Existe una sólida evidencia de que una mayor fractura política tanto en los parlamentos como en los gobiernos implica una ralentización o una postergación en la toma de decisiones que conlleven al ajuste de las cuentas públicas

Existe una sólida evidencia de que una mayor fractura política tanto en los parlamentos como el los gobiernos implica una ralentización o una postergación en la toma de decisiones que conlleven al ajuste de las cuentas públicas. Al parecer, esta evidencia es bastante robusta a través de numerosos trabajos que han estudiado el efecto que sobre la estabilización presupuestaria tiene la solidez de los gobiernos. Una posible explicación es que si el gobierno está muy fraccionado o es débil y necesita del apoyo de otros partidos, los incentivos serán favorecer o beneficiar a dichos apoyos. Esto, en una estructura administrativa como es la española, puede llevar a la permisividad con el gasto no solo de la propia administración central sino con el resto de las administraciones territoriales. Por otro lado, la toma de decisiones que pueden suponer costes a corto plazo para la sociedad, como pueden ser los famosos ajustes presupuestarios, no serán apoyados por los partidos de la oposición. En ambos casos, las consecuencias serán las de postergar la toma de decisiones que puedan ser absolutamente necesarias.

Así, Nouriel Roubini y Jeffry D. Sachs ya encontraron en los años 80 que los gobiernos minoritarios suelen coincidir con periodos de mayores déficit. Kevin Grier, Shu Lin y Haichun Ye observaron que no solo se consiguen mayores déficits, sino que además son gobiernos lentos en tanto en cuanto a la toma de decisiones para atajarlos. Además, esta literatura también ha demostrado que tales aplazamientos en las políticas a aplicar suelen tener consecuencias más acusadas cuando las economías se encuentran en especial dificultad económica. Así, cuanto mayor es el coste percibido para el ciudadano, menos apoyos del resto de partidos encontrará un gobierno en minoría, y más tardarán en llevarse a cabo las medidas necesarias de ajustes presupuestario.

Si bien las medidas de austeridad pueden generar costes muy duros en el corto plazo, no llevar a cabo reformas que estabilicen el presupuesto, especialmente en economías como la española huérfana de política monetaria, puede implicar severos costes en el largo plazo

En este caso, los costes a largo plazo pueden ser importantes. Si bien las medidas de austeridad pueden generar costes muy duros en el corto plazo, siendo necesario a veces reconsiderar la toma de las mismas y los períodos en los que se llevan a cabo. No llevar a cabo reformas que estabilicen el presupuesto, especialmente en economías como la española huérfana de política monetaria, puede implicar severos costes en el largo plazo. Todos recordamos el famoso trabajo de Rogoff y Reinhart sobre el efecto en el crecimiento económico a largo plazo de los déficit prolongados y del crecimiento de la deuda.

Es más, y me atrevo a plantear una predicción. La necesidad de estos ajustes, en parte por la imposición desde el exterior, puede comprometer seriamente la estabilidad del mismo Gobierno. Un ejecutivo acuciado por entes externos a llevar a cabo medidas de ajuste necesita de claros y abnegados socios para pasear por su peculiar Calle de la Amargura. Si no dispone de ellos, lo que mucho me temo, podremos asistir antes de lo que pensamos a unas nuevas convocatorias electorales. Es más, cuanto mayor sea la probabilidad de estas, menor apoyo encontrará.


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