Venezuela aguarda el fin de Maduro entre ejecuciones extrajudiciales y hambruna

Veinte llamadas que parecen brazadas. Veinte llamadas de las que brotan, juntos, el miedo, la esperanza y la incertidumbre. Aquí cada quien tiene sus motivos y todos retumban de forma distinta, aunque en el fondo se parezcan. A las dos son la siete, a las tres las ocho. Veinte llamadas para barruntar lo que esperan del futuro y dejar salir el peso de la carestía, la ansiedad… y las ejecuciones extrajudiciales, y la censura, y la represión. Veinte llamadas y un país al que se le acaba el tiempo, aunque lleve demasiado esperando un desenlace.

Se cumplen más de ocho días desde que la Asamblea Nacional, en la persona de su presidente Juan Guaidó, invocara el artículo 233 de la Constitución para desconocer el gobierno del sucesor de Hugo Chávez Frías, Nicolás Maduro, el hombre que se hizo reelegir en unas elecciones fraudulentas, sin ninguna garantía ni respaldo internacional, el mismo que tiene en un puño a un país y en cuyo mandato la inflación ha alcanzado un 10.000.000%. Hasta el momento, Estados Unidos ha sido el más beligerante: sanciones y confiscación de cuentas al gobierno de Maduro. Le siguen en el apoyo a la Asamblea y reconocimiento de Guaidó como presidente Australia, Francia, Alemania, Israel, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina y de forma más tímida España y Europa, que llaman a Maduro a convocar elecciones, aún cuando esta potestad reside en la Asamblea Nacional.  

Más allá de la geopolítica, que lo es todo en esta espera junto con la posición de las Fuerzas Armadas,  hay algo más profundo: la piel y el insomnio de los ciudadanos que permanecen en el país y cuyas palabras describen mucho mejor lo que ocurre en el día a día. Sus vivencias cincelan el perfil de Maduro, un sujeto más locuaz en sus acciones que en sus discursos. Sí, Maduro, el que retiene en las cárceles cerca de 400 presos políticos, el responsable directo de los más de treinta muertos de la última semana, sin contar los 400 que murieron el año pasado y los tres millones de venezolanos que dejaron su tierra en el último año. Veinte llamadas y este infierno que cuentan un grupo de hombres y mujeres al otro lado del teléfono. 

Escuadrones de la muerte

De Nicolás Maduro, y del ministerio de Interior, dependen las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), un comando de élite que en lo que va de año ha perpetrado 35 ejecuciones extrajudiciales en las zonas más populares de Caracas. Desde el año 2015, la fecha de su creación, estos comandos acumulan cerca de cien denuncias por ejecuciones extrajudiciales en estados como Lara, entre el centro y el occidente del país, según las organizaciones y redes de derechos humanos. 

"El FAES es un organismo policial, con una estructura de comando que se caracteriza por actuar con un ataque letal y un uso no proporcional de la fuerza. Se crearon hace dos años, para luchar contra secuestros y extorsiones y ahora actúan en los barrios más populares de Caracas como en las del resto del país, territorios que antaño eran oficialistas y que ahora protestan no sólo por demandas básicas de comida y servicios, sino por un cambio de gobierno”, asegura a Vozpópuli Rafael Uzcátegui, coordinador general de PROVEA (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), la ONG más antigua en ese país.

"El FAES es un organismo policial, con una estructura de comando que se caracteriza por actuar con un ataque letal y un uso no proporcional de la fuerza"

Creada en 1988, la víspera del estallido social de 1989 y de los dos intentos golpes de Estado de 1992 comandados por Hugo Chávez, PROVEA posee una autoridad e independencia que la convierten en uno de los portavoces más solventes para explicar cuál es la dimensión y la gravedad de la crisis que atraviesa Venezuela. Desde el año 2007 ninguna organización defensora de los Derechos Humanos puede visitar las cárceles venezolanas, cerradas a cal y canto para observadores y mediadores. Ellos lo han intentado una y otra vez, pero se dan bruces con los portazos del gobierno.

Hay ironía en lo que cuenta Uzcátegui al otro lado de la línea telefónica. La organización a la que representa, que pudo visitar al fallecido presidente Hugo Chávez en la cárcel tras sus dos intentos de derrocar el gobierno democrático en los años noventa, hoy no puede certificar el estado de los presos comunes y políticos. En las sillas del despacho de Uzcátegui, las víctimas de las violaciones de los derechos humanos ocupan el asiento en el que el actual presidente Nicolás Maduro se sentó, más de 20 años atrás, cuando era un joven sindicalista a punto de perder su trabajo.

“Es paradójico que, siendo un civil, Nicolás Maduro haya militarizado la seguridad ciudadana”

Si hace dos años Uzcátegui documentaba y denunciaba ante los organismos internacionales la represión a más de 1.200 estudiantes, ahora explica algo mucho más grave: la acción de grupos élite y comandos paramilitares. Hasta el momento, PROVEA tiene corroborados 35 asesinatos. Todos con el mismo perfil: en contextos de protesta en las barriadas más pobres de la ciudad y el interior del país. Ocurren en el tiempo de las protestas -estas se hacen normalmente a partir de las 18 horas, de ahí que su acción sea nocturna- o en el momento posterior, cuando se ejecutan operativos de allanamiento sin orden judicial que suelen confundirse en muchas ocasiones con robos, secuestros y desapariciones -las FAES actúan con los grupos paramilitares afectos al gobierno-.

De los 35 casos confirmados por PROVEA, diez están vinculados a personas asesinadas durante los saqueos y 25 a protestas en la calle. Treinta y tres son hombres y dos mujeres. Diez han muerto ajusticiados en el Distrito Capital, ocho en el Estado Bolívar y cuatro en el estado Portuguesa. Hay dos menores de edad ajusticiados, aunque el saldo más grande de adolescentes víctimas del abuso se encuentran detenidos. “Uno de los criterios de privación de libertad aplica a los varones de catorce años en adelante”, explica Uzcátegui a las dos de una tarde que en España son las siete. 

Lo que comenzó con un ciclo de Operativos de Liberación del Pueblo acabó como una larga escalada de represión cuya naturaleza era, hasta ahora, desconocida en la historia política y policial del país. “Es paradójico que, siendo un civil, Nicolás Maduro haya militarizado la seguridad ciudadana”, explica Uzcátegui, no sin dejar por fuera una variable. Hay un elemento de disputa territorial, ya que tanto las FAES como los comandos paramilitares han desplazado a la delincuencia que controlaba esos territorios y que ahora responde, también con fuego, a estas incursiones. 

A plomo limpio  

“En Catia y Petare - dos de las barriadas más pobres de Caracas- han entrado las FAES, a plomo limpio". Daniel Lozano tiene veinte años como corresponsal en Venezuela, desde donde día a día envía crónicas para distintos medios, entre ellos el diario El Mundo. Lozano vio el ascenso de Hugo Chávez, a quien entrevistó, también el deslave de Vargas, aquel episodio del año 2000 en el que el cerro el Ávila se desparramó sobre el valle de Caracas y la costa de la Guaira, sepultando a miles de venezolanos bajo el lodo mientras se celebraban elecciones para una asamblea constituyente. Lozano también presenció los casi veinte hombres y mujeres asesinados el 11 de abril a manos de francotiradores, el paro nacional de 2003  y los 19.000 trabajadores expulsados de PDVSA, los referéndums revocatorios, la muerte de Chávez, la prisión de Leopoldo López, las protestas de 2015, los sangrientos meses de represión a estudiantes de 2017. Por eso no lo duda. Esto es distinto.

"Hay un despliegue de FAES para evitar las protestas. Eso se pacificó a plomo limpio. Todos mueren a balazos”

“Hay una esperanza nacida desde la derrota y el momento de mayor hundimiento y rendición. Apenas unos días antes, se registró la tasa más alta de salida de venezolanos: de 5.000 pasó a 15.000, el mayor flujo de quienes, vía Colombia, abandonaron el país”, dice Lozano refiriéndose a los sellados del puesto fronterizo que dan acceso a Colombia, un país que, hasta el momento, ha recibido más de un millón de venezolanos que huyen de las condiciones vida en su país.

“El modus operandi de la represión ha cambiado. Están reprimiendo y matando a los más pobres, a la gente más invisible, que fue, paradójicamente lo que ellos  dijeron que iban a visibilizar. Ya no es la Guardia Nacional la que mata, como hizo en 2017, con perdigonazos. Son las FAES con los grupos paramilitares quienes actúan. Son ellos quien hacen las ejecuciones e las zonas más pobres, además se mueven, montan alcabalas, piden dinero, levan armas largas y disparan a matar”, explica a sus ocho de la mañana Keké Ángel, miembro de la organización  Laboratorio Ciudadano de No Violencia Activa, que nació a raíz de las protestas de 2017. 

"Están reprimiendo y matando a los más pobres, a la gente más invisible, que fue, paradójicamente lo que ellos  dijeron que iban a visibilizar"

También el periodista Alonso Moleiro certifica a Vozpópuli la acción de estos grupos élite que dependen del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz -adscrito a la presidencia- y que se han consolidado bajo el amparo de Fredy Bernal, un oscuro jefe de policía. Fue alcalde del municipio Libertador de Caracas desde el 2000 hasta 2008 y que actualmente es el Coordinador Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. “Son cuerpos muy ideologizados”, asegura Moleiro.

Una vida da para comer una semana

Gabriela Morillo es profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. Está casada y tiene dos hijos, una de trece años y otro de siete. Ella, como todos, amasa sus esperanzas, pero le puede la angustia. Esto podría no durar, podría volver a fallar, otra vez. “La incertidumbre viene de no saber si ocurrirá como en otras ocasiones”, dice, al otro lado del teléfono, luego de pasar días sin agua y con la mortificación de la despensa vacía. “He pasado hasta tres noches sin dormir pensando cómo conseguir comida”.

Morillo aún está esperando a que le depositen el salario de esta quincena, pero hace tiempo que no cuenta con este para vivir, así que trabaja en otros proyectos y procura agenciarse algo más de dinero. “Si contara con mi sueldo, nos estaríamos muriendo de hambre”. A Gabriela le pagan el equivalente a 15.0000 bolívares soberanos, es decir: si cada dólar en el mercado negro se cotiza a 3.000, su trabajo de un mes equivale a cinco dólares. Con eso y la jubilación de su marido intentan mantener a sus hijos. “Mis hijos lo viven con mucha tristeza. Cuando comen algo preguntan, siempre, ¿y va a quedar más? Porque saben que se acabará, que todo está medido”.

“Lo que marca mi día a día es la comida, cuando la tengo en casa me parece que no es suficiente. Todo lo tengo racionado”

Gabriela vio, desde la universidad, los momentos más duros del exilio. “Se agudizó el éxodo y la fuga de estudiantes. Recibimos de 10 a 15 cartas de retiro del año académico de los estudiantes, porque no veían esperanzas. Se agudizó la hiperinflación”. Muchas más cosas se derrumbaron mientras ella asistía a impartir clases. “Mi esposo es profesor jubilado. Antes, en Venezuela, un profesor podía pensar en usar sus prestaciones -se refiere a la liquidación- para darse ciertos gustos. Durante años pensamos en viajar, para que los niños conocieran otros lugares, pero nos alcanzó para un mercado que nos duró semana y media”

Esta mujer tiene esperanzas, sí, como el resto, “pero el gobierno también tiene sus planes y no va a ser condescendiente”, dice.  Ante la pregunta sobre qué es lo más ocupa su tiempo, ella responde sin titubear: “Lo que marca mi día a día es la comida, cuando la tengo en casa me parece que no es suficiente. Todo lo tengo racionado”. Justo la tarde anterior a esta conversación, una vecina tuvo que darle un kilo de harina de maíz que ella no pudo conseguir y que le durará para tres días de cenas y desayunos. “Han acabado con la dignidad de uno”, dice. Desde que se agudizó todo, Gabriela ha perdido cinco kilos. Sus compañeros de trabajo han adelgazado entre diez y treinta.

No era el trastorno, era hambre

Ese tema, la comida, es uno de los principales conflictos en las terapias de familia de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario de Caracas, uno de los mejor dotados del país. Así lo cuenta D., un médico psiquiatra que aún puede comprar comida, aunque cada vez menos, gracias a las remesas de sus ahorros en el exterior que le envía su hijo. D. también hace consultas por Skype, porque la mitad de sus pacientes están fuera del país.

Todos los días, D. escuchaba el mismo programa de radio, el de César Miguel Rondón, uno de los más influyentes del país. A partir del 23 de enero, el presentador de referencia apenas y podía hablar e informar lo que ocurría. El cerco informativo es cada vez mayor, una situación que corroboran PROVEA y otros actores. Desde el lunes, cuando D. sintoniza el programa que hasta entonces servía para estar al día, sólo escucha música, nada más. D., como el resto de los venezolanos, se informa a través de las redes sociales. El apagón informativo es manifiesto. Así lo confirman a Vozpópuli tanto Rafael Uzcátegui, de Provea, como el corresponsal Daniel Lozano y el periodista Alonso Moleiro. 

"D. también hace consultas por Skype, porque la mitad de sus pacientes están fuera del país"

El Hospital Universitario en el que trabaja  D., de las veinte camas para enfermos psiquiátricos, se mantienen dos, el resto de los pacientes recibe tratamiento ambulatorio, aunque ellos deben buscar  los medicamentos, porque el Hospital no puede proporcionárselos. De tener, el hospital no tiene ni comida. “Hace unos días llegó una paciente. Estaba muy inquieta. Pensamos cuál era la mejor forma de ayudarla con medicación. Pensamos que estaba descompensada. Entonces el enfermero me dijo: ¡mire lo que le está diciendo! La mujer tenía hambre”. Le  compraron dos empanadas, la ración para paliar el enloquecimiento que generan en el cerebro los aguijones del estómago cuando lleva días sin comer. En calendario de los venezolanos, los días de hambruna comienzan a ser demasiados.

Esperar … o la esperanza

Benjamín Scharifker, rector de la Universidad Metropolitana e investigador de la Universidad Simón Bolívar, es el segundo científico venezolano más citado en Google Académico. Químico y al mismo tiempo hombre de gestos públicos y voluntad ciudadana, Scharifker es un referente de la producción de conocimiento en Venezuela, un país en el que pensar es, en sí mismo, un acto de resistencia. Si hay alguien indicado para preguntar sobre el porvenir, o lo que sea a lo que eso se parezca, es él.

“Percibo enorme esperanza, que después de dos décadas de larga espera, por fin aparece un personaje joven, vigoroso y creíble, capaz de poner fin al hiato histórico que ha significado para Venezuela la ‘revolución bolivariana’. Con eso resumo desde el punto de vista anímico lo que la población venezolana vive en este momento. Añado que esta percepción pareciera extenderse esta vez entre todos los sustratos de la nación venezolana, ricos y pobres, jóvenes y viejos, por igual”, explica el rector de una casa de estudios que tan sólo en 2017 el 10% de su plantilla docente.

"Percibo enorme esperanza, que después de dos décadas de larga espera, por fin aparece un personaje joven, vigoroso y creíble"

“Con lenguaje llano y sin palabras grandilocuentes ni discursos largos, ha logrado transmitir con claridad una hoja de ruta que en este momento luce realizable, de convocar el apoyo de la ciudadanía venezolana, los militares y la comunidad internacional, para asumir transitoriamente las funciones ejecutivas para que cese la usurpación de la Presidencia de la República y se pueda conformar un gobierno de transición que organice las elecciones libres y democráticas que el país necesita para encontrar su rumbo”, dice refiriéndose a la figura de Juan Guaidó, que aún permanece, a pie de obra, dispuesto a convocar una elecciones.

Los más jóvenes esperan a su manera, entre el estoicismo y la resiliencia. “Los momentos de conflictividad como el del 2017 y el que inició el 21 de enero te dan valor y aliento, aunque te enfrentan a una realidad más cruel que la de la miseria, el asesinato y crueldad. A diferencia del 2017, ahora con claridad se identifica el papel de cada actor y la oposición tiene con que presionar. La inflación desenfrenada le ha dado duro a todos y el descontento está en su pico. Siento angustia, esperanza y miedo pues si no aprovechamos esta oportunidad para lograr un gobierno de transición no creo que por muchos años volvamos a tenerla”, dice Vilisa I. Morón Zambrano, bióloga que trabaja en proyectos como freelance que le dan para vivir con su pareja en Las Acacias, una zona de la depauperada clase media caraqueña. Como muchos otros profesionales, permanece en el país, aunque este se lo ponga, como al resto, cuesta arriba.

Al momento de colocar el punto y final a este reportaje son las 21.30 en Caracas, Venezuela. Las 2.32 en España. Cuesta comunicarse con un país al que le falta todo: Internet, luz, comida, agua, medicinas, dinero, paz, calma, democracia y vida. Veinte llamadas, sí. Veinte llamadas y un país al que se le acaba el tiempo, aunque lleve demasiado esperando un desenlace.