Los Veintisiete han logrado desbloquear las negociaciones para reformar la política migratoria común tras días de reticencias por parte de Italia. Entre el grupo exista desde este miércoles una mayoría suficiente para fijar su posición sobre el mecanismo de crisis clave en el cambio de la política de asilo y migración de la Unión Europea. Lograr dicha mayoría era el último escollo abierto para que los gobiernos y el Parlamento Europeo pudieran reanudar las negociaciones de cara a cerrar el Pacto migratorio antes de que acabe la legislatura europea en junio del próximo año.
La adopción del mandato sobre el mecanismo se ha producido en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas, según han informado diversas fuentes diplomática, después de que Alemania e Italia hayan resuelto el pulso que les alejaba respecto a la situación de las ONG que realizan tareas de salvamento en el Mediterráneo.
En un comunicado en el que confirma el acuerdo, el ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, valora que este acuerdo supone un "gran paso adelante" con el que la UE está "en mejores condiciones para alcanzar un acuerdo sobre la totalidad del pacto de asilo y migración con el Parlamento Europeo antes de que finalice este semestre".
Los ministros de Interior ya lograron la pasada semana una "mayoría incuestionable", en palabras de Grande-Marlaska, que permitían establecer las líneas rojas en la negociación con el Parlamento tras retirar Berlín sus reservas, pero se optó por dar más tiempo a Italia para que explicara el acuerdo en el seno de su gobierno tripartito y poder así contar también con el apoyo de este país, uno de los más afectados por la presión migratoria.
El nuevo mecanismo tiene una compensación financiera para los países de acogida
El nuevo mecanismo reservado para situaciones excepcionales en las que se obligará a los gobiernos a apoyar a uno o varios Estados miembro que se vean desbordados por la presión migratoria en sus fronteras, diluye en la práctica las cuotas obligatorias de reubicación porque ofrece una 'solidaridad a la carta' con distintas formas de compensación financiera para eludir ese reparto de la carga de la acogida.
De acuerdo al mecanismo, se fijará que el registro de las solicitudes de protección internacional se completen como mucho cuatro semanas, algo que busca aliviar la carga de las administraciones nacionales en momentos de crisis.
Entre las medidas de solidaridad a los Estados miembros desbordados por crisis migratorias está la relocalización de solicitantes de asilo o beneficiarios de protección internacional, pero también se permitirá que los países de la UE presten ayuda con trámites burocráticos como la evaluación de petición de asilo o mediante contribuciones financieras.
Estas medidas necesitarán la autorización del Consejo de conformidad con los principios de necesidad y proporcionalidad y en pleno respeto de los derechos fundamentales de los nacionales de terceros países y apátridas.
La renuncia de los países de entrada a un sistema de cuotas obligatorias, sin embargo, sigue sin convencer a Polonia y Hungría, que rechazan de plano cualquier responsabilidad en la gestión migratoria de otros socios de la UE y se mantienen en contra del acuerdo alcanzado.
