Estados Unidos ha vuelto a endurecer su política comercial contra China con la entrada en vigor de nuevos aranceles que afectarán importaciones por valor de 14.000 millones de dólares. Esta medida, impulsada por el expresidente y actual candidato Donald Trump, impone un gravamen del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio…
Trump, quien ya protagonizó una guerra comercial con China durante su primer mandato (2017-2021), parece estar retomando su estrategia de proteccionismo económico como una de sus principales banderas políticas.
España, aunque no es uno de los principales proveedores de acero y aluminio a Estados Unidos, también se verá afectada por esta medida. Según datos de la Administración Pública de EE. UU., en los últimos 11 meses y una semana, España exportó 290.000 toneladas de acero a ese país, con un valor de 263 millones de dólares.
En el caso del aluminio, España ocupa la posición número 28 en la lista de proveedores, con 19.664 toneladas exportadas en 2024, por un valor de 132,93 millones de dólares. Aunque estas cifras no representan un volumen tan significativo como el de otros países, la aplicación de aranceles podría tener repercusiones para algunas industrias españolas vinculadas al sector metalúrgico y la automoción.
Los países más afectados por estos aranceles serán aquellos que encabezan la lista de exportadores de acero y aluminio a EE. UU. En el caso del acero, los principales socios comerciales de Washington son Canadá, Brasil y México, mientras que en aluminio, los mayores proveedores son Canadá, Emiratos Árabes Unidos y China.
Este tipo de medidas ya han tenido precedentes. En 2018, Trump impuso aranceles similares, lo que desencadenó una guerra comercial con China. Por su parte, el actual presidente Joe Biden ha mantenido una línea dura en política comercial, con cambios en las especificaciones técnicas de importación de aluminio, lo que algunos analistas interpretaron como un arancel encubierto.
Las represalias de China y el papel de la OMC
China no se ha quedado de brazos cruzados. Como respuesta a la nueva tanda de aranceles, el Gobierno de Pekín anunció gravámenes del 10% al 15% sobre ciertos productos estadounidenses, que incluyen carbón, gas natural licuado, petróleo crudo, maquinaria agrícola y automóviles de gran cilindrada. Además, el gigante asiático impuso nuevos controles a la exportación de minerales esenciales como el tungsteno y el telurio, clave en la fabricación de tecnología avanzada.
China también llevó el caso a la Organización Mundial del Comercio (OMC), denunciando que los aranceles de EE. UU. violan las normas internacionales y perjudican la cooperación económica y comercial bilateral. Pekín argumenta que su respuesta busca "salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales".
La imposición de aranceles tiene implicaciones más allá de los dos países involucrados. En el pasado, medidas similares han afectado a sectores industriales que dependen de las importaciones de acero y aluminio, como la construcción, la energía e incluso el sector tecnológico.
Uno de los sectores más perjudicados podría ser el petrolero, que utiliza aceros especializados no fabricados en EE. UU. Sin embargo, en su primer mandato, Trump otorgó exenciones a las compañías petroleras para evitar afectar la producción nacional de energía. No está claro si en esta ocasión seguirá la misma estrategia o si buscará imponer restricciones más estrictas.
Una negociación posible, pero incierta
A pesar de la escalada de tensiones, algunas voces dentro del sector comercial creen que existe margen para la negociación. Trump ha insinuado que está dispuesto a suspender los aranceles a ciertos países si obtiene concesiones a cambio. Esto ya ocurrió recientemente con México y Canadá, que lograron aplazamientos en sus tarifas tras aceptar medidas de seguridad fronteriza y acuerdos políticos menores.
China, por su parte, ha optado por una postura "firme, pero no agresiva", según analistas, lo que sugiere que está abierta a una posible solución diplomática. Sin embargo, aún no se han anunciado negociaciones formales entre ambas potencias, y todo podría depender de una llamada entre Trump, y el presidente chino, Xi Jinping.
La reactivación de la guerra comercial también tiene un claro trasfondo político. Trump busca reforzar su imagen de "defensor de la industria estadounidense" de cara a las elecciones presidenciales. Con esta estrategia, intenta ganar el respaldo de votantes en los estados manufactureros, que fueron clave en su victoria de 2016 y siguen siendo determinantes en la contienda electoral de 2024.
Por otro lado, la reacción de China podría tener implicaciones en la economía global, afectando cadenas de suministro y generando incertidumbre en los mercados financieros.
