Sobornar a funcionarios extranjeros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera una "práctica común" este método de actuación, que ve necesario para competir en política exterior. Por ello, tal y como informa la Casa Blanca, la nueva Administración ha eliminado por decreto una ley que impide a las empresas del país sobornar a funcionarios extranjeros.
Según el mandatario, esta limitación, englobada dentro de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y que entró en vigor en el año 1977, acotaba el margen competitivo de las compañías norteamericanas, por lo que debe ser suprimida. En concreto, la normativa impide que las empresas vinculadas al país puedan ofrecer dinero en efectivo o regalos a autoridades a cambio de contratos.
La Casa Blanca especifica en su documento que esta ley "perjudica a las empresas estadounidenses", ya que prohíbe prácticas que considera "comunes" y su aplicación "obstaculiza los objetivos de política exterior" del país.
El republicano exige "dejar de iniciar nuevas investigaciones o acciones de aplicación de la FCPA, a menos que el fiscal general determine que se debe hacer una excepción individual", así como "revisar en detalle todas las investigaciones ya existentes"
"La autoridad del presidente en materia de política exterior está inextricablemente vinculada con la competitividad económica global de las empresas estadounidenses", continúa el texto para añadir que "la seguridad nacional depende en gran medida de que EEUU y sus empresas obtengan ventajas comerciales estratégicas".
Aplicación excesiva de la ley
La Administración Trump defiende que se está produciendo una "aplicación excesiva e impredecible por parte de la FCPA contra ciudadanos y empresas estadounidenses" por algo que califica como "prácticas comerciales rutinarias". Esto, según el magnate, "daña activamente la competitividad económica y, por lo tanto, la seguridad naciona" del territorio.
IMAGEN: Firma de Donald Trump en una orden ejecutiva. EFE
De esta manera, el republicano exige "dejar de iniciar nuevas investigaciones o acciones de aplicación de la FCPA, a menos que el fiscal general -la nominada por Trump, Pam Bondi- determine que se debe hacer una excepción individual", así como "revisar en detalle todas las investigaciones o acciones de aplicación existentes". La máxima pena que se contempla por violar la mencionada norma es de 15 años de cárcel.
