Sarkozy conocerá en septiembre su veredicto por financiación electoral ilegal

El expresidente francés Nicolas Sarkozy recibió este martes una nueva fecha para marcar en su calendario judicial: el próximo 30 de septiembre, día en que conocerá el veredicto sobre los gastos excesivos de su campaña de 2012, en la que aspiraba a la reelección.

La Fiscalía ha pedido contra él seis meses de prisión firme, otros seis exentos de cumplimiento y 3.750 euros de multa por haberse beneficiado, según sus conclusiones, de un doble sistema de facturación que permitió prácticamente duplicar el gasto autorizado para un candidato, de los 22,5 millones de euros hasta casi 43 millones.

El juicio comenzó el 20 de mayo, tras haber sido retrasado en marzo porque un abogado de la defensa enfermó de covid, y ha sentado en el banquillo a 14 encausados, de los que Sarkozy es el único que ha comparecido solo por financiación ilegal de campaña y no por estafa u otros cargos.

La acusación ve probado que el sobrecoste de sus 44 actos organizados por la empresa Bygmalion, que da nombre al caso, fue ocultado gracias a esa doble contabilidad por la que parte de los gastos no fueron asumidos por su presupuesto de aspirante sino por su partido, el entonces UMP y actual Los Republicanos, en concepto de eventos ficticios.

Sarkozy niega su implicación

"Le correspondía al director de campaña organizar la campaña y a mí hacerla. Soy conocido por delegar mucho. No puedo ocuparme de todo", alegó Sarkozy el 15 de junio, en su única comparecencia ante el Tribunal Correccional de París, negando toda negligencia o intención de fraude.

Según su alegato, ni siquiera conocía el nombre de la empresa que gestionaba sus mítines y tampoco estaba en sus manos comprobar las facturas, porque confiaba en su equipo y estaba ocupado también en sus responsabilidades presidenciales.

La acusación estima sin embargo que él era el único responsable de sus cuentas y que, aunque fue advertido de que se acercaba al máximo legal, no recortó gastos ni puso en marcha un mecanismo de supervisión.

Sarkozy, de 66 años y que este martes no asistió al tribunal, no cuestiona de hecho la existencia de falsas facturas, sino que niega haber estado al tanto de las mismas y de que el dinero que se ocultó sirviera para abonar su campaña.

Solo cuatro acusados (tres exdirectivos de Bygmalion y el antiguo director adjunto de campaña, Jérôme Lavrilleux) han reconocido parcialmente su responsabilidad en la puesta en marcha de una doble contabilidad.

De 18 meses a cuatro años de cárcel

La Fiscalía pidió tres años exentos de cumplimiento para Lavrilleux y 18 meses también exentos para los otros tres, mientras que la petición más severa, de cuatro años exentos, fue para el exdirector general de la UMP Eric Cesari y el entonces director de campaña, Guillaume Lambert.

El duelo por hacerse con el Elíseo en 2012 acabó en manos del socialista François Hollande y la trama de financiación oculta de la que se acusa a Sarkozy salió a la luz en 2014 en una entrevista televisiva ese año de Lavrilleux.

"No firmó ninguna factura, aceptó las restricciones que se le pidieron. Está lejos de ser un candidato insaciable y respeta los valores de la Justicia", dijo este martes en el alegado final su abogado, Gesche Le Fur, intentando dejar claro, tal y como había hecho su cliente, que, aunque pudo haber fallos, "cometer errores no es un delito".

Su defensa se aferra también a que después de que el Consejo Constitucional invalidara las cuentas de esa campaña en 2013, Sarkozy pagó más de 360.000 euros de multa y devolvió la subvención pública, de casi 12 millones, por lo que, en su opinión, ya ha sido sancionado por este caso.

Este es su segundo juicio en 2021 y tiene lugar a menos de un año de las elecciones presidenciales, en las que, aunque ya está alejado de la primera línea política, su figura sigue teniendo peso en el panorama nacional.

En marzo se convirtió en el primer exinquilino del Elíseo en ser condenado a una pena de cárcel, cuando se le impusieron tres años de prisión, uno de ellos firme, por corrupción y tráfico de influencias, pero la sentencia quedó en suspenso al ser apelada ante el Tribunal Supremo.