La activista hispano-venezolana Rocío del Carmen San Miguel Sola (Caracas, 1966) era la última ciudadana desaparecida "técnicamente" por el régimen de Nicolás Maduro hasta este pasado viernes. San Miguel, con doble nacionalidad, española y venezolana, es presidenta de Control Ciudadano, una ONG que fue creada en 2005 que se dedica a supervisar asuntos de seguridad, defensa y Fuerzas Armadas.
San Miguel se une a la lista de nombres bajo supervisión de Nicolás Maduro después de que este lunes el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitase a la Justicia del país medidas de privación judicial preventivas de libertad contra la defensora de Derechos Humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano, por los delitos de traición, conspiración y terrorismo.
Además, confirmaba que pediría la misma medida para Alejandro Jose Gonzales De Canales Plaza por la "revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación".
La activista fue detenida el pasado viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en la periferia de Caracas, pero su arresto fue confirmado por Saab el domingo, día hasta el cual no se conoció su paradero, por lo que su defensa calificó su estado como "desaparición forzosa".
'Brazalete blanco', la trama de espionaje por la que se acusa a Rocío San Miguel
La detención de Rocío San Miguel está relacionada con las investigaciones por los casos de conspiración denunciados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Así lo anunciaba el fiscal en su cuenta de X (antes Twitter) la medida de privación judicial preventiva de libertad contra la defensora de Derechos Humanos.
San Miguel fue presentada ante el Tribunal Segundo Contra Terrorismo, junto a cinco personas más, entre ellos, dos hermanos, su hija, el padre de esta, y una expareja, todos reportados como "desaparecidos" por sus abogados.
El jurista José González Taguaruco, parte del equipo de defensa de la también abogada, informó ayer que Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista de 24 años; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos, y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda, fueron excarcelados con "prohibición de salida del país" y "de declarar a los medios". De esta forma, los familiares de Rocío San Miguel estarán visitando el juzgado para declarar a lo largo de estos días.
Según informó el fiscal general, tanto San Miguel como sus allegados están "presuntamente involucrados" en la trama conspirativa denominada 'brazalete blanco', cuyo objetivo era atentar contra el mandatario venezolano y otras autoridades del Estado.
El camino de Rocío San Miguel bajo el régimen de Maduro
San Miguel es una de las mayores expertas en temas militares de Venezuela y presidenta de Control Ciudadano, una ONG que lleva años denunciando cómo funciona el sistema de puerta rotatoria de las cárceles, es decir, entran por un lado, para salir por otro y volver a entrar.
En base al régimen de Nicolás Maduro y los datos de esta ONG, hasta este día hay en Venezuela 261 presos políticos. Entre ellos, 146 militares, con un dato que sorprende: 18 de ellas son mujeres y cuatro de ellas, con pasaporte español. Las presas de Maduro son María Auxiliadora Tabosky, encarcelada desde hace cinco años; Ángela Expósito, condenada por el atentado con drones contra Maduro, en 2018, y Karen Hernández, acusada de tomar parte en la Operación Gedeón.
Hay que tener en cuenta que Rocío San Miguel lleva años en el punto de mira del régimen de Maduro. Tanto es así que en 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección. San Miguel lleva años en el mundo de la defensa y seguridad nacional, exactamente desde el 2000, pero no fue hasta cinco años después cuando decidió fundar Control Ciudadano. Además de velar por la seguridad, esta ONG vigila compromisos internacionales como el Estatuto de Roma.
San Miguel ha sido el foco de agresiones verbales y ha sido difamada de forma pública debido a su presidencia en la ONG. La historia se repite: en 2014 ya fue acusada de espía y de participar en una conspiración golpista y ahora el régimen insiste en seguir la misma estrategia.
La embajada española, ¿da la espalda a San Miguel?
Hay que tener en cuenta que la detención de Rocío san Miguel extrema la situación todavía más en Venezuela. Se trata de una persona muy importante para el país dónde varias fuentes de la oposición desde el exilio ya indican que España debería reaccionar. San Miguel, que tiene doble nacionalidad, española y venezolana, está recibiendo ayuda de la embajada de España en Venezuela. Sin embargo, fuentes de la oposición siguen preguntándose si Pedro Sánchez va a pronunciarse sobre esta situación.
De hecho, Leopoldo López Gil, eurodiputado hispano venezolano, padre de Leopoldo López, ha preguntado a través de su cuenta de X a Josep Borrell, Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, qué acciones se están llevando a cabo entre las autoridades españolas y venezolanas para conseguir la libertad de San Miguel.
Además, una serie de organizaciones y personas relevantes de la sociedad civil venezolana han hecho público un comunicado para exigir "la inmediata liberación de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel". Al mismo tiempo, piden a Naciones Unidas y al sistema de Derechos Humanos que se pronuncien para favorecer la libertada de los activistas.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, así como cientos de ONG locales.
El régimen de Maduro está en un estado que alcanza la desesperación: se demuestra con la detención de Rocío San Miguel, y recuerda a la inhabilitación de la opositora María Corina Machado, el pasado 27 de enero, que fue vencedora inapelable en las primarias con un 92% de los votos.
