Dos modelos muy diferentes de gestión de la selva amazónica se enfrentan este domingo en las urnas brasileñas: el presidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, y el ex mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, los favoritos en las urnas, ya tienen experiencia en gestionar la política medioambiental y los ciudadanos saben qué esperar de uno y otro candidato.
Bolsonaro ha sido muy criticado, tanto dentro del país como a nivel internacional, por haber recortado el presupuesto destinado a gestión y protección de la naturaleza, así como por haber cerrado instituciones de defensa medioambiental en un mandato que ha acelerado la destrucción del Amazonas.
"Su legado es un desastre que en muchos casos deja daños irreparables. Ha habido un avance de la deforestación, de las actividades ilegales, invasiones de tierras públicas y de territorios indígenas, y de la representación de la sociedad civil en los consejos ambientales, que están asociados directamente a la gestión nefasta del Gobierno federal en el área ambiental", comenta Mercedes Bustamante, profesora de Ecología de la Universidad de Brasilia y miembro del Grupo Consultivo de Crisis Climática.
La deforestación amazónica de tierras públicas -sin incluir las de titularidad estatal o privada- ha crecido un 56,6 por ciento de media por año desde que Bolsonaro es presidente
La deforestación amazónica de tierras públicas -sin incluir las de titularidad estatal o privada- ha crecido un 56,6 por ciento de media por año desde que Bolsonaro es presidente, mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero han subido un 9,5 por ciento. Hacía tres lustros que no se daba tal nivel de destrucción en la principal selva tropical del planeta.
"Los costos son enormes y será preciso mucho trabajo para reconstruir la confianza en los procesos de control y en la fuerza de la ley", considera la ecologista Bustamante.
El presidente llegó al poder aupado por el sector del agronegocio y sugiriendo sacar a Brasil del acuerdo de París sobre el clima, algo que finalmente no hizo, aunque sí ha continuado criticando un "colonialismo" en la postura de la comunidad internacional en lo relativo a la preservación del Amazonas.
"La política del presidente en el área ambiental siempre ha estado volcada hacia quienes le apoyan dentro del país y tiene como base una percepción distorsionada, atrasada y anticientífica de los usos de los recursos nacionales", comenta Bustamante.
"La presión de la comunidad internacional continúa siendo muy importante para influir en otros actores de la economía y del Congreso", añade la ecologista.
El Gobierno de Bolsonaro ha sido señalado por no haber controlado la ocupación ilegal de tierras, afectando especialmente a los pueblos originarios. En 2021 hubo 305 casos reportados de reportados de invasión de tierra indígena, un 180% más que en 2018, según datos oficiales.
Parte de esas invasiones producen incendios que han aumentado en el primer semestre de este 2022 un 16% con respecto al mismo periodo del año anterior, suponiendo el registro más alto en más de una década.
El presidente ha cuestionado en numerosas ocasiones las cifras dadas por las propias agencias oficiales. Apuesta por la libertad para la exploración de la economía del Amazonas, lo que asegura se traduce en turismo de naturaleza, artesanías y extractivismo sostenible.
Su gestión no ha sido exenta de escándalos. El ex ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, dejó el Gobierno después de que avanzasen investigaciones en su contra por su posible relación con un sistema de exportación ilegal de madera extraída ilegalmente de la naturaleza.
Lula contra la deforestación
Su máximo rival en las urnas, Lula da Silva, que lidera las últimas encuestas con entre un 48 por ciento y un 50 por ciento de intención de voto -entre 14 y 17 puntos más que Bolsonaro- y estaría cerca de ganar en primera vuelta, ha propuesto acabar con la minería y la deforestación ilegales.
Los analistas recuerdan, eso sí, que Lula también tiene un historial medioambiental irregular. El antiguo mandatario, que gobernó al país entre 2003 y 2010, fue muy criticado por haber promovido la represa hidroeléctrica amazónica de Belo Monte, que desplazó a 40.000 personas y secó tramos de un río del que dependían las comunidades de la zona, asegurando posteriormente que lo volvería a hacer porque era necesario para cubrir la producción energética del país.
Sin embargo, también es recordado por reducir un 85% la pérdida de bosques del país hasta 2012 de la mano de su ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, que generó políticas ambientales de gran calado, pero que se distanció de Lula posteriormente por cuestiones políticas.
La vuelta de Silva, hace apenas unos días, a la campaña del líder izquierdista supone para muchos ambientalistas un espaldarazo a la política ecológica de Lula y también a sus opciones de ganar las elecciones. Silva ligó su apoyo al ex mandatario, tras años fuertemente distanciados, a la adopción de compromisos como la creación de una autoridad nacional para enfrentar al cambio climático.
En el aire quedan, con esa adhesión, posturas de Lula como la de mantener el adecuamiento de la polémica carretera BR319, iniciado por Bolsonaro, y que corta el sur del Amazonas en dos. Lula dijo que podría continuar si se aseguran de que habrá fuertes controles ambientales, algo que, según los ecologistas, costaría una fortuna.
"Es necesario dar una señal clara de que los crímenes ambientales no serán toneladas y de que habrá fiscalización en ese sentido", reclama la profesora Bustamante.
"Después, será necesario reconstruir las instituciones, coordinar acciones de inteligencia para hacer frente al crimen organizado que se mezcló con los crímenes ambientales. Ya hay alternativas de uso de la selva que se han demostrado viables y es necesario replicar los modelos de éxito, de la misma manera que el poder público debe garantizar condiciones básicas de bienestar a la población amazónica", pide la ecologista del país que alberga un 60 por del mayor tesoro natural del globo.
