El Tribunal General de la Unión Europea ha decidido mantener las medidas restrictivas aprobadas en 2018 contra determinados dirigentes del Gobierno de Venezuela, entre ellos la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

A pesar de esas restricciones impuestas por la Unión Europea, entre ellas la prohibición de viajar al espacio Schengen, Delcy Rodríguez se reunió en la madrugada del 20 de enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas con el exMinistro de Transportes, José Luis Ábalos.

La publicación en Vozpópuli, en exclusiva, de dicho encuentro, provocó un conflicto político y diplomático internacional recogido por gran parte de la prensa extranjera, y una airada reacción de toda la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, así como la presentación de querellas. Sánchez anunció el pasado fin de semana su decisión de cesar a Ábalos como Ministro, medida que forma parte de una profunda reestructuración de su Gobierno.

Las elecciones de 20 de mayo de 2018 en Venezuela no fueron libres ni justas, sostiene el Consejo de la UE

El Consejo de la Unión Europea decidió hace tres años incluir a los líderes chavistas en una lista de personas a las que se les restringe determinados derechos, tras concluir que las elecciones celebradas en Venezuela el 20 de mayo de 2018 "no habían sido libres ni justas, y que tanto las elecciones como sus resultados carecían de credibilidad, ya que el proceso electoral no había contado con las garantías necesarias para unas elecciones integradoras y democráticas".

En particular, sobre Delcy Rodríguez, el Consejo de la UE indicó que es vicepresidenta de Venezuela, fue presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima y fue miembro de la Comisión Presidencial para dicha Asamblea.

"Sus acciones en el marco de la Comisión Presidencial y, a continuación, como presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular mediante la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional y su utilización para atacar a la oposición e impedirle su participación en el proceso político", afirmó el organismo europeo.

Además de Rodríguez, otras 24 personas vinculadas a la dictadura de Maduro tienen impuestas medidas restrictivas

La dirigente venezolana recurrió la decisión del Consejo de la UE alegando que el organismo europeo "incurrió en error manifiesto de apreciación en lo que concierne a las funciones y al papel de la demandante y no exhibió pruebas precisas y concordantes que sustentasen sus alegaciones". También dijo que el Consejo no había examinado "adecuadamente las pruebas o que, cuando menos, su apreciación de estas fue manifiestamente errónea".

Y defendió que, a pesar de la política contra la propiedad impuesta en Venezuela por el régimen chavista, las medidas restrictivas impuestas "constituyen una restricción injustificada y desproporcionada del derecho fundamental de la propiedad de la demandante".

El Tribunal General ha desestimado las alegaciones de Delcy Rodríguez tras haber procedido "a un examen pormenorizado de la situación (...)", así como las del resto de dirigentes venezolanos incluidos en la lista.

Además de Delcy Rodríguez, otras 24 personas vinculadas a la dictadura de Maduro tienen impuestas medidas restrictivas en la Unión Europea.

Contra la decisión del Tribunal General puede presentarse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE

Tan solo ha atendido las alegaciones presentadas por Moreno Reyes, secretario general del Consejo Nacional Electoral (CNE), que lo consideró responsable de aprobar las decisiones del CNE que habían menoscabado la democracia en Venezuela.

El Tribunal General considera ahora que el Consejo no ha demostrado que el motivo por el que Reyes Moreno fue incluido en las listas estuviera fundado, puesto que no ha podido probar que fuera él quien aprobaba las decisiones del CNE.

Contra la decisión del Tribunal comunicada hoy miércoles puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia en el plazo de dos meses y diez días.

El Tribunal General está compuesto por dos Jueces por cada Estado miembro y entre sus competencias está la de conocer sobre los recursos interpuestos por personas físicas o jurídicas para obtener la anulación de los actos de las instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea de los que sean destinatarias o que les afecten directa e individualmente.