Publicado: 15/12/2022 17:42
Actualizado: 15/12/2022 17:52
La fiscal jefe europea ha solicitado este jueves el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a la ya exvicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili y a la diputada griega de Nueva Democracia Maria Spyraki por un caso relacionado con fraude en las dietas parlamentarias y los sueldos de sus asistentes.
La Fiscalía Europea contra el Fraude ha pedido al Parlamento la retirada de la inmunidad de las dos diputadas helenas en base a un informe de investigación que les ha remitido la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF), que recoge "una sospecha de fraude en detrimento del presupuesto europeo", según un comunicado.
El presunto fraude está relacionado con la gestión de las dietas parlamentarias y, en concreto, la remuneración de sus asistentes acreditados, aunque la Fiscalía subraya que ambas diputadas tienen derecho a la presunción de inocencia.
El comunicado de este organismo no vincula este caso al escándalo de presunta corrupción vinculado a Qatar, por el que Kaili está detenida desde el pasado viernes y por el que ha sido imputada por participación en una organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción.
Tampoco ha trascendido que Spyraki haya estado vinculada en ninguna forma a este caso.
El eventual levantamiento de la inmunidad de Kaili por este caso no se extendería al proceso judicial en curso por el escándalo relacionado presuntamente con Qatar.
A no ser que se les pille en delito flagrante, las autoridades judiciales deben solicitar al Parlamento Europeo el levantamiento de la inmunidad de un eurodiputado para proseguir con un caso judicial que les involucre, un proceso que se puede demorar varios meses.
Los eurodiputados tienen competencia para elegir a su personal y en 2022 la cantidad máxima disponible para todos los costes asociados a ello es 26.734 euros por diputado al mes. Ninguno de esos fondos se les paga directamente.
Además de su sueldo y de las dietas de alojamiento, los eurodiputados tienen derecho una dieta de 4.778 euros mensuales para los gastos derivados de las actividades parlamentarias, alquiler y administración de oficinas, gastos de teléfono y suscripciones, actividades de representación, compra y mantenimiento de equipos informáticos y teléfonos, y organización de conferencias y exposiciones.
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