Familiares del activista opositor cubano Guillermo Fariñas han denunciado que éste está "secuestrado" desde el viernes, cuando fue detenido por efectivos de las fuerzas de seguridad en su casa de la ciudad de Santa Clara. "Está secuestrado por oficiales de la seguridad del Estado en la Unidad Provincial de Operaciones del Departamento de Seguridad del Estado (DSE). Solo le permitieron a mi abuela la entrada a esta unidad para que pudiera verlo y llevarle sus medicinas, comida y aseo", ha explicado la del hija activista Haissa Fariñas en su cuenta en Twitter en un mensaje publicado el domingo.
Ya el lunes Haissa Fariñas ha denunciado que las autoridades ha impedido a la madre de Fariñas, de 87 años, visitar al activista. "Ésta pidió que al menos lo dejaran hablar con él por teléfono y la respuesta fue 'no'. Mi familia y yo tememos que algo le haya pasado a mi padre ya que estamos incomunicados con él", ha apuntado.
Ante el aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, las autoridades parecen haber incrementado el hostigamiento, las amenazas y también las detenciones de opositores, activistas y periodistas para que "no salgan a la calle", según la oposición.
El pasado 30 de junio fue detenido Fariñas y, según relató más tarde, fue amenazado con ser acusado por un delito de rebelión o incitación a la guerra si continuaba "emitiendo instrucciones" a incitar a que se produzca otro estallido social.
Asimismo, instaron al líder del Foro Antitotalitario Unido "que pensara bien las cosas" que escribe en las redes sociales. Su hija ha denunciado también que esta semana la vivienda de su padre ha sido vigilada. Fariñas fue galardonado en 2010 con el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que concede el Parlamento Europeo.
Otros activistas hostigados
El Observatorio de Derechos Humanos de Cuba ha denunciado en un comunicado que la familia de Fariñas no puede comunicarse con el opositor cubano. De hecho, la organización ha contabilizado un centenar de acciones represivas, al menos 105, en el marco del primer aniversario del 11-J.
"Hasta la fecha y hora de emisión del presente comunicado, hemos documentado 105 acciones represivas, las más graves son las detenciones arbitrarias y las retenciones en las viviendas. También se han reportado citaciones policiales, amenazas y cortes del servicio de telefonía e internet", ha indicado.
En ese sentido, el Observatorio ha recalcado que el objetivo son "los familiares de los prisioneros políticos y de conciencia, a los cuales se les está amenazando para que no salgan a la calle y se les hace advertencias y amenazas varias".
Según los datos facilitados por la organización, actualmente hay 953 prisioneros políticos y de conciencia en Cuba. Durante el primer semestre de 2022, el Observatorio ha registrado, en total, al menos 2.977 acciones represivas, de ellas 719 detenciones arbitrarias y 636 retenciones ilegales en viviendas.
Entre los activistas hostigados se encuentra también la periodista independiente Luz Escobar, quien fue citada el viernes para recibir una advertencia muy clara: que los próximos 11, 12 y 13 de julio tendrá "vigilancia" en su casa y, por lo tanto, no podrá salir.
"El oficial de la Seguridad del Estado que se hace llamar Ramsés, y que me reprime con frecuencia, me ha llamado esta tarde para decirme que estoy citada mañana a las 10.00 horas a la oficina del carné de identidad para una 'entrevista'", relató el jueves Escobar en sus redes. "Dice que, a partir de nuevas regulaciones, no están obligados a dejarme un papel por escrito", dijo, según recoge el portal 14yMedio. También este viernes fue citado Leo Fernández Cruz, de Guanabacoa. "El pasado 11 de julio no salí a la calle", aseguró Fernández, quien pasó seis horas detenido en noviembre.
Otros activistas dentro de la Isla, como Yerly Velázquez, de Santa Clara, también han sido citados por la policía y fuentes de Cienfuegos aseguran que hay escuelas que estaban cerradas desde el viernes para poder alojar a policías y militares. Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a los presos del 11-J, Walnier Luis Aguilar Rivera e Ibrahim Domínguez Aguilar, quienes "estarían en severas condiciones de detención sin recibir atención médica adecuada a la fecha", según ha denunciado el organismo.
Así, pide que las condiciones de detención sean "compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia" y advierte de informes sobre "hacinamiento carcelario; insuficiencia de medicamentos, alimentos y agua potable; inadecuada higiene y salubridad; deficiente asistencia médica y amplio margen de discrecionalidad con que cuentan sus agentes al garantizar el orden al interior de los centros penitenciarios".
