El Parlamento Europeo no participará en ninguna negociación para ratificar el acuerdo de inversiones entre la UE y China mientras Pekín mantenga las sanciones que pesan contra políticos y entidades de la UE.

Así lo ha señalado la Eurocámara en una resolución en la que condena las sanciones "infundadas" y "arbitrarias" de China, que afectan a entre otros cinco eurodiputados, y las tacha de "ataque contra las libertades".

Por ello exige a las autoridades de Pekín que levanten las medidas y aseguran que no se sentarán a negociar la ratificación del acuerdo de inversiones alcanzado a finales de 2020, que debe contar con el visto bueno de la Eurocámara. La resolución ha sido apoyada por casi la totalidad de la Cámara, 599 votos a favor, 30 en contra y 58 abstenciones.

De esta manera, los parlamentarios dan por "congelada" la consideración del acuerdo de inversiones. China debe retirar las sanciones "sin prejuicio del resultado final del proceso de ratificación", señala la resolución, que advierte de que la situación de los Derechos Humanos se tendrá en cuenta a la hora de decidir si respalda el acuerdo comercial.

Represión a la minoría uigur

El pasado mes de marzo, la UE sancionó a cuatro funcionarios chinos responsables de la represión de la minoría uigur en la provincia de Xinjiang, donde las autoridades chinas cuentan con programas de vigilancia, detención y adoctrinamiento.

Las primeras sanciones europeas desde la masacre de Tiananmen fueron rápidamente respondidas por Pekín, que puso en una lista negra a diez políticos y cuatro entidades de la UE como represalia ante unas medidas que considera basadas en "mentiras y desinformación".

La relación con el gigante asiático ha sido uno de los temas que más polémica genera en la capital comunitaria. Pese a que la diplomacia comunitaria criticó las sanciones de Pekín, defiende la necesidad de tener unas relaciones equilibradas con China. En este sentido, la Eurocámara ha apoyado tener listas medidas legislativas para frenar los efectos de los subsidios estatales y la prohibición de importación de productos con mano de obra forzosa.