Ya estamos un paso más cerca de la robotización de la sociedad: un tribunal de Estados Unidos celebrará por primera vez un juicio en el que la defensa será una inteligencia artificial. DoNotPay, un chatbot de servicios legales, es el primer robot inteligente que es capaz de actuar como abogado. Hará su debut en Estados Unidos el mes que viene para ayudar a alguien a impugnar una multa de estacionamiento.
El director de la empresa, fundada en 2015 cuando apenas contaba con 18 años, ha ido un paso más allá, después de que se anunciara este juicio, y ha retado oficialmente a cualquier abogado que tenga un caso próximo ante la Corte Suprema de Estados Unidos a utilizarlo a cambio de 1 millón de dólares. La única tarea que el abogado tendría que hacer es utilizar unos auriculares inalámbricos para que el robot de DoNotPat, que escuchará todo lo que ocurre dentro de la sala, le 'chive' lo que tiene que decir. Un avance más en la digitalización no solo de la sociedad, sino también del poder judicial, normalmente "atrasado".
En el sector judicial son conscientes de las limitaciones y los peligros de este avance, aunque también consideran que hay muchos puntos positivos. Jorge Morell, responsable del Despacho de Derecho Tecnológico Términos y Condiciones, explica a Vozpópuli que aunque considera que se puede definir como una gran ayuda en ciertos ámbitos, llevar la IA a los tribunales "es un salto demasiado atrevido". "Todavía habría que introducirlo en otras áreas del derecho antes de dar el paso a que se utilice en juicios".
Útil para algunos casos... pero demasiado pronto para otros
Morelles es consciente de que la implantación de los avances tecnológicos en el sistema judicial es una "tarea compleja", porque es un organismo muy lento desde "hace siglos". Por este motivo ve con buenos ojos, al igual que otros muchos abogados y profesionales del derecho, esta revolución. La inteligencia artificial ayuda a agilizar trámites, como la resolución de multas o la predicción de sentencias, reduce drásticamente la burocracia, abarata costes y (de hecho, como ya contamos en este periódico, los robots ahorrarían a los jueces españoles una cuarta parte de su trabajo).
Sin embargo, la aplicación de la IA en juicios, más allá de los meros trámites administrativos, llega demasiado pronto a ojos de los abogados y especialistas consultados. Por un lado, porque la acción y el raciocinio humano queda relegado a un segundo, pese a que es la parte del hombre es clave en derecho. Además, surge la duda de qué ocurre si el robot falla, de dónde saca los datos, si está actualizado con las diferentes actualizaciones de ley, si tiene en cuenta otros casos anteriores...
También surgen cuestiones deontológicas sobre si debemos estar 'regulados' por robots, y se produce un enfrentamiento con la ley de protección de datos, pues no está regulado cómo una IA podría acceder a ellos.
Rechazo del CGPJ
Pese a la aceptación de ciertos sectores del derecho, fuentes internas del Consejo General del Poder Judicial muestras en conversaciones con este periódico su rechazo a este avance. "La postura del CGPJ en relación con la inteligencia artificial en el ámbito de la Administración de Justicia es la reflejada en el informe emitido al anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia". La opinión del CGPJ se resume en los siguientes puntos.
Por un lado, se suma a la opinión de la UE de que "la incorporación de modelos de inteligencia artificial a la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales y al dictado de las resoluciones judiciales han sido calificados como de alto riesgo por la Comisión Europea en su propuesta de Reglamento por el que se establecen reglas armonizadas sobre inteligencia artificial". "Por esta razón, el CGPJ considera que debe esperarse a la conclusión del proceso legislativo europeo en el que deberán fijarse las normas nacionales sobre esta materia", añaden las mismas fuentes.
Por otro lado, desde el máximo órgano de la justicia española creen que en "esta materia debería mantenerse una posición de precaución y elaborar una regulación completa y garantista del uso de técnicas de inteligencia artificial en el ámbito del ejercicio de la función jurisdiccional, teniendo en cuenta que los artículos 24 y 117.3 de la Constitución garantizan el derecho de los ciudadanos a obtener resoluciones fundadas en Derecho y dictadas por un juez o tribunal. Es decir, a que su caso sea resuelto por un "juez-persona"".
Por último, desde el CGPJ cuestionan otro de los puntos que también generan dudas entre los abogados y juristas: la materia conlleva el tratamiento e intercambio de datos personales y, por tanto, "requiere de evaluaciones y controles que eviten un eventual desvío de la finalidad del tratamiento de la información", agregan.
