El Gobierno publicó esta semana el listado con los 34.961 bienes que fueron inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015, y entre los que se encuentran muchas de las grandes catedrales españolas, como las de Córdoba, León o Burgos. Mientras en España la Iglesia tiene la titularidad de estos templos de culto, que también son bienes de interés cultural y patrimonial, en media Europa ocurre justo al contrario: las catedrales de Notre Dame, de Lisboa o de Colonia, por citar algunos ejemplos, son propiedad del Estado aunque el uso religioso está cedido a la Iglesia.

Francia, Portugal, Reino Unido o Alemania delimitan en su legislación la diferencia entre propiedad, que corresponde al Estado, y el uso de los templos de interés cultural, cuya responsabilidad recae en las instituciones eclesiásticas.

"Es lo que ocurre en casi en toda Europa y en el mundo. Las catedrales son patrimonio público en los que se mantiene el uso religioso", señala Andrés Valentín, portavoz de la Coordinadora Recuperando, una plataforma que aglutina a asociaciones de toda España que defienden la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia.

Por el contrario, en España la ley hipotecaria de 1946 dio a la Iglesia católica la posibilidad de registrar a su nombre inmuebles, incluso de dominio público, sin tener que presentar la documentación que se exige al resto de personas físicas y jurídicas para acreditar una propiedad. Bastaba con que un obispo certificase la propiedad de la Iglesia sobre determinado bien para que este quedase registrado a su nombre, equiparando así a los miembros de la Iglesia con fedatarios públicos.

Bienes inmatriculados

"El tema de las inmatriculaciones no existe en ningún otro país de Europa. Se trata de un privilegio que data de 1946 y que solo se produce en España", afirma Juanjo Picó, portavoz de Europa Laica. "Lo que ocurre es que las inmatriculaciones fueron un regalo que Franco hizo a la Iglesia por el apoyo que dio al golpe de Estado y la dictadura", añade Valentín.

Un privilegio que se amplió con la reforma de esa ley en 1998, durante el Gobierno de José María Aznar, dando a la Iglesia la posibilidad de inmatricular también los templos de culto. Finalmente la ley se modificó en 2015 y, desde entonces, la Iglesia está sometida al mismo proceso que los demás para reclamar la propiedad de los bienes inmuebles.

En esos 17 años la Iglesia inmatriculó los 34.961 bienes incluidos en el listado que el Gobierno de Pedro Sánchez presentó el pasado martes junto a un informe que por el momento no contempla declarar nulas las inmatriculaciones, solo abre la puerta a la vía judicial para reclamar, ni compromete al Estado a recuperar los bienes de interés patrimonial.

"Lo que pretenden el Gobierno y la Iglesia es dar carpetazo a las inmatriculaciones de una manera burda. La solución pasa por donde Sánchez indicó durante su investidura: promover la vía de declarar nulas todas las inmatriculaciones y, a partir de ahí, que la Iglesia acredite con los documentos correspondientes su solicitud de inscripción en el registro. Y que se haga con publicidad y transparencia, cosa que no se ha hecho en setenta años", reclama el portavoz de la Coordinadora Recuperando, Andrés Valentín.

¿Quién paga las facturas de una Catedral?

La Conferencia Episcopal Española se defiende argumentando que todas las propiedades fueron registradas conforme a la legalidad y recuerda que la Iglesia se hace cargo de la gestión, el mantenimiento y los gastos generados en las catedrales.

Además recuerda que, según informe elaborado por la auditora PwC, la puesta a disposición de la sociedad de dichos bienes reporta a la economía nacional más de 22.000 millones de euros al año (casi un 2% del PIB). Añaden fuentes del epicospado que los pocos templos de culto que son económicamente rentables generan a la Iglesia recursos propios que luego son destinados a fines culturales y a la restauración del patrimonio.

Sin embargo, la asociación Europa Laica, estima que pese a que las catedrales son de titularidad eclesiástica, el Estado español destina 600 millones al año en subvenciones para rehabilitar bienes que son de la Iglesia.

"Las entradas que cobran para entrar, por ejemplo en la catedral de León, es dinero en B que no declaran ni tributan impuestos por él. En Notre Dame la entrada que pagan los turistas va al erario público francés", señala su portavoz, Juanjo Picó. "En Francia es el Estado quien está rehabilitando Notre Dame con dinero público. En España, si ocurriera un incendio en la Catedral de León, que es de titularidad de la Iglesia, también lo pagaría el Estado", añade