El Gobierno catalán dejará en manos de la Justicia la privatización de Aguas del Ter-Llobregat, una operación valorada en 1.000 millones de euros. En una decisión insólita, la Generalitat ha anunciado que recurrirá la decisión de revocar el contrato adjudicado en principio a Acciona tomada por un organismo dependiente del propio Ejecutivo catalán. De esta forma, en apenas 24 horas la Generalitat ha pasado de corregirse primero a recurrirse a sí misma después.