El impuesto de sociedades obliga a empresas de todos los tamaños y sectores.
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El objetivo de cualquier emprendedor o trabajador autónomo es lograr que le vaya bien en su actividad profesional, lo que, condensado a su esencia fundamental podría traducirse en una única premisa: que sus ingresos sean superiores a sus gastos. Ahora bien, antes de ponerse a repartir beneficios de ningún tipo debe pasar por el inevitable peaje de cumplir con sus obligaciones, que en este caso llevan el nombre del Impuesto de Sociedades. Impulsa Empresa ofrece las claves de esta figura impositiva que grava las actividades empresariales y que suele despertar muchas dudas entre los empresarios con poca experiencia a la hora de lidiar con él.
Simplificando mucho, se podría decir que es el equivalente empresarial al IRPF de las personas físicas. Básicamente, grava la renta de las personas jurídicas, fundamentalmente, los beneficios. La mayoría de las entidades sujetas al pago del impuesto utilizan la estimación directa de su contabilidad para calcularla, si bien existen algunas excepciones en determinados sectores de actividad.
La norma general establece que las personas jurídicas tributan en el impuesto sobre sociedades, lo que en la práctica engloba a prácticamente todas las empresas. Existen algunas excepciones a esta regla: sociedades civiles que no tienen objeto mercantil, muchas entidades públicas, ONGs o partidos políticos o bien no tributan por este concepto o bien lo hacen solo parcialmente. Un caso aparte son los fondos de inversión o de pensiones, que sí están obligados a presentar el impuesto, si bien tributan al 0% por carecer de personalidad jurídica.
La norma general establece que las personas jurídicas tributan en el Impuesto de Sociedades, lo que en la práctica engloba a prácticamente todas las empresas
Existen dos tipologías:
En ambos casos, una vez al año hay que presentar el modelo 200 de declaración del impuesto. Con este trámite, se ajustan las cuentas entre lo que se ha ido pagando por retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados y lo que corresponde pagar. Se presenta en los 25 días naturales siguientes a que hayan pasado seis meses de la finalización del período impositivo. Si coincide con el año natural, el plazo es del 1 al 25 de julio.
Para realizar el cálculo de la cantidad que corresponde pagar hay que tener en cuenta diversos conceptos fiscales:
Se parte de la base imponible, pero pueden existir reducciones que hagan que no se tribute por toda ella, como la posible existencia de bases imponibles de ejercicios anteriores.
A continuación, se aplica el tipo de gravamen. El general es del 25 %, pero existen otros, como el del 15 % del que disfrutan determinadas entidades de nueva creación.
Una vez aplicado el tipo de gravamen a la parte que corresponda de la base imponible, se obtiene una cuota íntegra previa, que todavía puede ser objeto de ajustes para calcular la cuota íntegra.
Para calcular la cuota líquida positiva del ejercicio, hay que tomar en cuenta las deducciones y bonificaciones que puedan corresponder. Esta cantidad será una aproximación bastante cercana a lo que deben pagar de impuesto la mayoría de los contribuyentes.
Si lo que se quiere calcular es la cuota diferencial, se debe restar lo que se ha ido pagando durante el ejercicio (retenciones, ingresos a cuenta, pagos fraccionados). En la mayoría de los casos, esta será la cantidad que habrá que pagar en la declaración del modelo 200.
Calcular el impuesto sobre sociedades implica aplicar el esquema anterior. La clave está en la determinación de la base imponible. Esta es la parte de resultado contable, pero hay que practicar diversos tipos de ajustes. Algunos proceden de diferencias entre la contabilidad y las normas del impuesto que van a revertir en el futuro. Otros vendrán dados por un distinto tratamiento que tiene carácter definitivo, como gastos que nunca serán deducibles, por ejemplo.
En definitiva, junto al IVA, el impuesto sobre sociedades es una pieza clave de los impuestos que pagan las empresas en España. Ambos marcan buena parte de la repercusión fiscal de la contabilidad, la facturación y las operaciones comerciales. En el caso del Impuesto de Sociedades, no solo supone un gasto relevante, sino que también implica un importante conjunto de normas de aplicación en otros tributos.
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