Hablando claro

La Directiva de productos en el punto de mira: necesaria redefinición y adaptación a los nuevos tiempos

Desde hace más de 30 años, el régimen de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos está regulado por la Directiva 85/374, implementada en nuestro Derecho mediante la, hoy derogada, Ley 22/1994, e incorporada en la actualidad al Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

La finalidad perseguida por dicha Directiva no era otra que armonizar, en el ámbito europeo, las divergentes normas de los Estados miembros en materia de responsabilidad de los productores por los daños causados por el estado defectuoso de sus productos. En concreto, se pretendía fomentar la innovación y se buscaba garantizar la competencia entre las empresas, la libre circulación de mercancías en el mercado común y la protección uniforme de los consumidores. Es decir, el objetivo último era proteger, de igual manera en toda la Unión, los intereses de productores y consumidores.  

Así, la Directiva estableció un régimen de responsabilidad objetiva del fabricante o importador de un producto defectuoso y de todos aquellos que participasen en el proceso de producción. Debe explicarse que la falta de aptitud de un producto nada tiene que ver con este régimen de responsabilidad, pues el concepto de defecto está ligado al de seguridad, de tal modo que un producto será defectuoso en la medida en que no cumpla las expectativas legítimas de seguridad, teniendo en cuenta el uso razonable que se pueda esperar del mismo, su presentación y el momento en que se pone en circulación.

En teoría, cualquier perjudicado por los daños producidos por un producto defectuoso tiene derecho al resarcimiento de dichos daños siempre que pruebe el defecto, el daño y la relación de causalidad entre ambos. Además, el productor podrá eximirse si prueba que no puso el producto en circulación o que el estado de los conocimientos científicos o técnicos eran insuficientes en el momento en que el producto se puso en el mercado (la llamada defensa de los riesgos de desarrollo que rara vez tiene acogida por nuestros tribunales). 

En las impresoras 3D, en las que el defecto puede afectar a la propia impresora, al diseño digital, al producto utilizado para crear el diseño digital, a un error humano en la utilización de la impresora o sus materiales, entre otros. ¿Qué tendría la consideración de producto? ¿Quién sería fabricante y, por tanto, asumiría la responsabilidad?

Ahora bien, en este momento, más de tres décadas después de la adopción de la Directiva, tanto la armonización pretendida como su efectividad se han puesto en entredicho. Ello se debe en parte a la distinta interpretación realizada por parte de los distintos tribunales de los Estados miembros así como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre diversos aspectos esenciales de la Directiva, alterando claramente presupuestos claves tales como la necesidad de la prueba por parte del perjudicado. Podría decirse, en líneas generales, que los tribunales de los distintos Estados miembros se basan en meras presunciones a la hora de considerar que un producto es defectuoso o al establecer el nexo causal, apartándose así de las previsiones de la Directiva y de los objetivos perseguidos por ésta y generando un contexto de inseguridad que puede suponer un obstáculo para el progreso y desarrollo de nuevos productos.

Pero la efectividad de la Directiva no solo se cuestiona por esta interpretación heterogénea; también se debe a los rápidos avances tecnológicos, la incorporación de internet en las cosas, las aplicaciones, la robótica etc., que obligan a redefinir los parámetros de la responsabilidad para considerar, no solo los nuevos 'productos' fabricados, sino también 'el nuevo proceso de producción', en el que el fabricante puede ser un tercero ajeno a dicho proceso o incluso el propio consumidor. Pensemos, por ejemplo, en impresoras 3D, en las que el defecto puede afectar a la propia impresora, al diseño digital, al producto utilizado para crear el diseño digital, a un error humano en la utilización de la impresora o sus materiales, entre otros. ¿Qué tendría la consideración de producto? ¿Quién sería fabricante y, por tanto, asumiría la responsabilidad? Según la Directiva, este tipo de productos no quedarían excluidos de su ámbito de aplicación pero obviamente la redacción actual –muy anterior a estos desarrollos tecnológicos- no puede responder a estas cuestiones.

Por estas razones,- y por primera vez desde que se adoptó la Directiva-, la Comisión Europea ha promovido, a través de un estudio externo, su evaluación formal, a cuyo fin ha realizado una consulta a los interesados, incluyendo administraciones públicas, asociaciones industriales, productores, importadores, distribuidores, consumidores, asociaciones de consumidores y aseguradores, entre otros. A través de dicha consulta se han planteado cuestiones relevantes que tienen por objeto obtener información que permita valorar su aplicación a lo largo de estos años, su efectividad (incluyendo productos conectados a internet, aplicaciones, etc.) y valorar así si es necesaria la adopción de una nueva Directiva o de su modificación.

Aunque se prevé que el resultado de la evaluación termine a mediados de este año y, por tanto, muy pronto podrá conocerse si se llevará a cabo su modificación, sería muy conveniente que así fuese ya que la actual aplicación no garantiza el necesario equilibrio pretendido entre los intereses de las empresas fabricantes y los de los consumidores. Es innegable que la distinta interpretación del régimen de responsabilidad de los productores y la incertidumbre sobre los riesgos que asumen las empresas al desarrollar sus productos no fomenta un entorno de seguridad jurídica propicio para la innovación y desarrollo en el mercado único, por lo que el cambio parece necesario.


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