Publicado: 23/01/2017 04:00
La Fiscalía ha solicitado tres años de cárcel para la diseñadora cordobesa Juana Martín, especialista en trajes de flamenca, investigada por las presuntas irregularidades en Invercaria, por un presunto delito de alzamiento de bienes por maniobrar con un inmueble embargado con el que la empresa pública de capital riesgo de la Junta de Andalucía, Invercaria, pretendía cobrarse la deuda que mantiene la diseñadora con esta sociedad por los préstamos concedidos y no devueltos.
El caso de Juana Martín es una pieza separada de Invercaria y en ella se investiga la ayuda económica que recibió. También está imputado el expresidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo, que ante el juez aseguró que la idea de contar con la diseñadora cordobesa fue, precisamente, de Francisco Vallejo y de la exconsejera de Cultura Rosa Torres.
La diseñadora ha pasado de ser imputada a ser investigada por el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla en el marco de las pesquisas por prevaricación y malversación del caso Invercaria, que versa sobre las inversiones más ruinosas y sin control de la empresa de capital riesgo.
En abril de 2014 prestó declaración ante el juez Gutiérrez Casillas. Invercaria se querelló por alzamiento de bienes y estafa en julio de 2014 contra Juana Martín “a la vista de las maniobras llevadas a cabo” por las sociedades vinculadas a la diseñadora para impedir la ejecución de un embargo de un inmueble ubicado en Córdoba.
El pasado 13 de octubre la Fiscalía formuló acusación contra Juana Martín, su hermano y otras tres personas más por alzamiento de bienes y pide tres años de cárcel para cada uno de ellos.
La defensa de Juana Martín ha señalado a través de una nota de prensa que niega “rotundamente” la existencia “de responsabilidad penal en su defendida que pueda derivarse de la querella presentada”. Esta empresa reclama la devolución de varias pólizas de préstamos participativos emitidos por Invercaria y que involucraría directamente a Martín, según la denuncia.
Juana Martín recibió supuestamente seis pólizas de préstamos participativos de Invercaria entre diciembre de 2006 y marzo de 2010 que ascienden a 680.000 euros que la diseñadora no reintegró en su totalidad. La empresa pública de capital riesgo se los está reclamando en el juzgado.
Invercaria, por su parte, calificó los hechos de un delito de insolvencia punible, en su modalidad de alzamiento de bienes, y de un delito de estafa, en su modalidad agravada de estafa procesal. Reclama diez años de cárcel para los cinco querellados, cuatro por un delito de insolvencia punible en su modalidad de alzamiento de bienes, y seis años de prisión por un delito de estafa en su modalidad agravada de estafa procesal.
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