OPINIÓN

Deberes que hacer en tiempos inciertos

Puesto que las leyes ordinarias no tienen caducidad automática, al menos habría que reconsiderarlas para verificar su vigencia y sobre todo su grado de cumplimiento.

Deberes que hacer en tiempos inciertos.
Deberes que hacer en tiempos inciertos.

La crisis catalana ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una reforma constitucional que ha venido ocupando a los políticos –unos mas que otros- y a los medios de comunicación como si se tratara de algo verosímil. Como se supone que lo progresista y lo moderno es el cambio y sobre todo legislar –como si  no sobraran leyes en vez de faltar– casi nadie se opone a algo que es obvio que es muy difícil si no imposible de llevar a cabo por ahora. 

En la España de nuestro tiempo la labor de legislar se ha convertido en una huida hacía delante

En la España de nuestro tiempo la labor de legislar se ha convertido en una huida hacía delante y una excusa para no hacer los deberes: en vez de cumplir las leyes existentes nos inventamos otras nuevas….¿para seguir incumpliéndolas?. 

Todo el mundo sabe que nuestra constitución tiene tres virtudes incuestionables:

  1. Aunque como toda obra humana pueda tener y tiene aspectos cuestionables se trata de una institución que resiste cualquier comparación con sus equivalentes de los países de referencia; además de haber durado ya más que cualquier otra.
  2. El grado de consenso alcanzado y la legitimidad democrática de su promulgación no tienen parangón: estamos ante una obra maestra del género que cuenta con el más amplio reconocimiento.
  3. Su reforma –así lo quisieron los sabios constituyentes- tiene una alta complejidad que requiere, casi como su redacción original, un elevado nivel de consenso político; por lo que cualquier cambio exigirá otro equivalente.

Más allá de la oportunidad de analizar en términos crítico – constructivos su posible reforma hay que preguntarse por la posibilidad real de llevarla a cabo y la respuesta no puede ser más evidente: no es posible en presencia de la actual representación parlamentaria. A la mayor dispersión conocida hasta ahora de fuerzas políticas y cuyas relaciones son más inciertas que nunca,  se ha venido a sumar un buen número de partidos antisistema que no quieren reformar la constitución sino cuestionarla por completo.

La actual situación política puede y debe servir para abordar otro desafío aún mas importante: una amplia y profunda revisión de la legislación actual

Sin embargo, la actual situación política, que hace muy improbable una reforma constitucional, puede y debe servir para abordar otro desafío aún mas importante: una amplia y profunda revisión de la legislación actual para verificar la utilidad de su vigencia y su grado de cumplimiento.

España se ha convertido en uno de los países con mayor proliferación normativa del mundo, y además, en el que su grado de cumplimiento es menor.  

Es de sentido común y además está muy seria y recurrentemente estudiado y comprobado que un exceso normativo perjudica el desarrollo económico y social, llegando en el caso español incluso al absurdo de fragmentar nuestro mercado en reinos de taifas como consecuencia de una competencia sin par entre comunidades autónomas, el propio Estado y hasta los ayuntamientos en la producción de obstáculos al libre desempeño de la creatividad humana y empresarial.

Es un lugar común en España aceptar sin más el incumplimiento de las leyes

Es un lugar común en España aceptar sin más el incumplimiento de las leyes, hasta el punto de haber alcanzado un nivel de tolerancia social realmente intolerable: es hora de que la sociedad civil se libere de tan irresponsable actitud y comience a exigir, además de asumirlo individualmente, el cumplimiento de las normas. De este modo, además de elevar nuestra autoestima mejoraríamos nuestra calidad institucional que en los ranking internacionales aparece muy depreciada.

Puesto que las leyes ordinarias no tienen caducidad –deberían tenerla- automática, al menos habría que reconsiderarlas para verificar su vigencia y sobre todo su grado de cumplimiento.

Como la incertidumbre política que hoy vive España proviene de los desatinos autonómicos, habría que comenzar con los mas evidentes, entre los que cabe señalar:

  • o La casi absoluta retirada de la presencia del Estado en Cataluña y también en el País Vasco; porque una cosa es la transferencia de competencias y otra el abandono casi total de un territorio propio.
  • o La absurda y muy gratuita fragmentación del mercado interior en diecisiete mercadillos, contemporánea de la globalización de la economía mundial, es uno de los disparates que antes debieran desmontarse.
  • o ¿Existirá algún otro país en el mundo en el que el uso de su lengua oficial inhabilite a los funcionarios públicos o que el conocimiento de una lengua vernácula valga más que la cualificación profesional?
  • o ¿Cómo puede uno de los países mas endeudados del mundo seguir despilfarrando recursos económicos- que tiene que pedir prestados al exterior- en medios de comunicación –en realidad de propaganda-, empresas públicas perfectamente innecesarias –salvo para colocar a los allegados al poder- e incluso instituciones separatistas?
  • o La educación es un bien social esencial: además de dignificar a las personas, las dota de posibilidades para escalar socialmente por la vida con sus propios méritos. Habiendo sido deteriorada por la política en cuanto a calidad de resultados, hemos terminando añadiéndole una insólita asignatura –seguramente es un caso único en el mundo- :“la historia inventada en forma de comics” de uno de los países con mayor protagonismo histórico –documentalmente registrado- del mundo.
  • o La distribución de los recursos económicos del Estado entre las comunidades autónomas viene siendo objeto de discusión política cada vez con mas frecuencia. No siendo fácil un arreglo que satisfaga a todos si parece razonable y posible iniciar cuanto antes un proceso –quizás a través del Senado- de revisión del actual sistema, incluido el cupo vasco, sobre la base dos principios incuestionables: su análisis previo por una comisión de verdaderos expertos independientes de la política y su discusión posterior con “luz y taquígrafos”. De este modo se estaría afrontando un asunto importante, como es debido, es decir, al margen de los arreglos políticos en la oscuridad que nos han traído hasta aquí.

Los temas planteados, apenas media docena, siendo realmente importantes a diferencia de los que ocupan la agendas políticas y mediáticas, son además perfectamente solucionables sin necesidad de reforma constitucional alguna.

Se podría añadir la reforma de la ley electoral, que entre otros problemas plantea dos  muy actuales: la sobrevaloración de la representación parlamentaria de los nacionalistas en Las Cortes y de los votos independentistas en Cataluña.

¿A qué esperan los políticos para ponerse manos a la obra? ¿Qué mejores cosas tienen que hacer?


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