OPINIÓN

La sociedad civil quiere un referéndum

Nuestra Constitución no deja margen alguno para un mayor autogobierno de las llamadas nacionalidades históricas, y, en particular, Cataluña y País Vasco. Sus demandas tienen los límites de las reglas de juego que estamos obligados a respetar.

La sociedad civil quiere un referéndum.
La sociedad civil quiere un referéndum. EFE

Soy un demócrata convencido. Creo que la democracia es el mejor sistema que puede tener una sociedad para gobernarse. Representa la esencia de la participación de los ciudadanos en las cosas de todos, y para ello, para consagrar esa participación, lo primero es aceptar las reglas de juego que nos lo permiten. Discrepar es posible, y puede llegar a ser deseable, pero siempre desde la ineludible asunción de los principios que informan la constitución de cada Estado y que se constituye en el límite al alcance de esas propias reglas de juego.  

La Constitución de 1978 surge de un Estado que venía de todo tipo de carencias democráticas

En nuestro caso, la Constitución de 1978 surge de un Estado que venía de todo tipo de carencias democráticas. En aquellas Cortes constituyentes, la voluntad de los partidos políticos estaba presidida por una suerte de voluntarismo artificial, fruto de la necesidad de consensos en todos los ámbitos de la reforma y, muy en particular, de la distribución territorial del Estado.

Aquél voluntarismo, sin duda sincero, quedó reflejado, en el propio texto constitucional. El Título VIII de nuestra Carta Magna es la mejor expresión de un modelo de Estado que pretendía contentar a todos y, probablemente, dejar descontentos a la gran mayoría. Se concibió una España de las autonomías pero con diferentes acomodos. Estableciendo, de partida, diferencias entre territorios en función de viejas demandas, históricamente nunca bien resueltas. No pasábamos a ser un Estado unitario o centralista en su pura acepción; no cabía entenderlo como federal, al estilo de los “lander” alemanes y tampoco como un Estado de “regiones”, a semejanza de nuestra vecina Francia.

Nuestra Carta Magna, en lo que a la estructura vertebral del Estado se refiere, está regida por tres principios clave y fundamentales: el principio de la unidad indisoluble de España, el principio de autonomía de las regiones y el de la solidaridad entre ellas.

Surgen voces, y con mayor fuerza,  que reclaman una revisión de nuestro modelo

La “crisis catalana”, no cerrada con la simple aplicación del artículo 155, suscita entre todos, y una vez más, el eterno debate de la artificial estructuración de la España de las Autonomías. Surgen voces, y con mayor fuerza,  que reclaman una revisión de nuestro modelo, y para ello es inevitable un cambio en aquellas “reglas de juego” que nos dimos, y aceptamos, todos en 1978.

En ese escenario, es comprensible, como entonces, exigir consenso. Es obvio. Si bien es no menos cierto que en aquél momento veníamos de un Estado autoritario y ahora estamos gozando de 40 años de verdadera democracia. En el periodo constituyente, tras la recuperación de la libertad de acción política, la sociedad delegó en sus representantes la construcción de la España del futuro en democracia y libertad. Los ciudadanos nos limitamos a aprobar lo que los “siete padres de la patria”, con su amalgama de partidos detrás, terminaron conviniendo.

Hoy, como decía, la sociedad española vive de una  manera, más informada y plural, la realidad del Estado al que pertenecen. Aspira a tener algo más de capacidad para influir en aquellos cambios que puedan representar un nuevo modelo de convivencia del que no quieren ser excluidos.

Los ciudadanos quieren mayor protagonismo en esa nueva realidad que se pretende construir

Los ciudadanos quieren mayor protagonismo en esa nueva realidad que se pretende construir. Hemos de reflexionar y decidir, con nuestra participación en la vida pública, a través del voto,  hacia dónde queremos ir.  Porque, como dijera el filósofo “no hay viento favorable para quien no sabe hacia qué puerto se dirige”.

Fruto de aquél artificial y voluntarista consenso, nuestro texto constitucional construyó un imperfecto Título VIII que pudo servir para desembarrancar el proyecto, pero que dejaba sin cerrar, de manera sólida, y no vulnerable, la estructuración del Estado. España es hoy, más que nunca, un modelo no acertadamente definido de estado. No es unitarista, no es federal y no es un estado de regiones. Parece lógico pensar que se haya de reflexionar sobre la revisión del modelo territorial para tratar de alcanzar, no menos de otros cuarenta años de estabilidad política, exceptuando los últimos  cuatro protagonizados por la deriva independentista de Cataluña.

No resulta fácil oponerse a una revisión seria y con rigor, y mucho más argumentar esa negativa. Sin embargo, hemos de tener claro, e inequívocamente asumido, desde el inicio del eventual proceso de revisión, que se ha de evitar la tradicional “pendularidad” de nuestros políticos. No deben producirse cambios bruscos, frívolos en su concepción. No ajustados a la realidad del país que somos y de la historia que tenemos y a la que no podemos, ni debemos renunciar. “El futuro es nuestro”,de la Sociedad en la que convivimos y de la que los políticos forman parte de ella como los demás. Pero siéndolo, no podemos dejárselo hipotecado a las generaciones que nos sucederán

Hemos sufrido, aunque cueste aceptarlo, todo un golpe de estado en Cataluña, una herida sangrante a la que hemos aplicado una terapia de urgencia para evitar un mal peor

Hemos sufrido, aunque cueste aceptarlo, todo un golpe de estado en Cataluña, una herida sangrante a la que hemos aplicado una terapia de urgencia  -el desconocido artículo 155-  para evitar un mal peor. Se ha podido acertar con ese tratamiento perentorio pero somos conscientes de que la herida sigue abierta y aun conocido el diagnóstico, no hemos acertado en la solución final. Precisamente por ello, se hace necesaria una reflexión profunda sobre la España que los ciudadanos queremos. Todos nosotros. No sólo una parte del Estado. No podemos caer en un radicalismo que supere en su estupidez al que ha provocado esta catarsis nacional que hemos venido padeciendo desde la irracional convocatoria del 9-N de 2014 y hasta la locura del 1-O de este año. Ha sido un período en el que ha renacido la vieja confrontación de las dos concepciones del Estado: la tentación centralista y la tentación secesionista.

Hace falta mucha pedagogía en la ciudadanía para poder sensibilizar a la Sociedad en su conjunto sobre el modelo de Estado queremos. Insisto, pudimos dejarnos llevar, confiados por el momento y la situación de la que partíamos, por una clase política voluntarista que apostó, por encima de ninguna otra consideración, por el consenso para sacar adelante la Constitución del 78. Su revisión y reforma han de estar presididas por un consenso no menor y, en esta ocasión, atendiendo las demandas de una Sociedad ya madura y que ha vivido en libertad los últimos cuarenta años.

Si la soberanía reside en el pueblo, ha de ser la “sociedad civil” la que ha de ser consultada

Se habla, con enorme frivolidad, y muy pocos argumentos de calado y hondura, de muy diferentes Españas: la de la consolidación de las autonomías; la federal; la federal asimétrica; la confederal o la constituida por una nación de naciones. ¿Quién da más? Si la soberanía reside en el pueblo, ha de ser la “sociedad civil” la que ha de ser consultada. Toda ella, no parte de ella. ¿Por qué no? ¿No es el derecho de voto, el culmen de toda democracia? Hagámoslo. Decidamos que modelo de estructura territorial deseamos para el conjunto de España. Reflexionemos sobre el grado de descentralización idóneo y homogeneizador. Solidario con el conjunto de los pueblos y regiones de nuestro país. Visto, con la enorme preocupación que produce el conocimiento de la gestión de la educación en determinadas partes de España, replanteémonos si la educación, la sanidad, y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado  han de tener el descontrol, que hoy tienen en esos territorios. Una cosa es descentralizar y otra adoctrinar a los niños desde los muy pocos años, y ninguna conciencia de nada, falseando mil años de nuestra historia.

No es fácil ninguna “recentralización”. No contamos con antecedentes recientes en nuestro entorno socio-político. El remedio puede ser peor que la enfermedad. Nuestra Constitución no deja margen alguno para un mayor autogobierno de las llamadas nacionalidades históricas, y, en particular, Cataluña y País Vasco. Sus demandas tienen los límites de las reglas de juego que estamos obligados a respetar. Un cambio de ellas, como la propia Constitución determina, tiene un procedimiento también reglado y en él, el voto de los españoles determinará el modelo de estructura territorial al que aspiramos y deseamos.


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