OPINIÓN

La proporcionalidad en el “procés”

Ha llegado el momento de releer, seriamente, y adaptar en consecuencia, el Titulo VIII, pero invirtiendo la pregunta que nos hicimos en el 78.

La proporcionalidad en el “procés”.
La proporcionalidad en el “procés”. EFE

El “problema catalán” debería haberse negociado entre las partes hace ya varias legislaturas, tanto por el PSOE como por el PP, antes de que la cuestión se pudriera y llegara al estado actual en donde las diferencias se han convertido en odio entre unos y otros. El enquistamiento parece  insalvable. Se cae fácilmente en la demagogia de la demanda de diálogo, cuando uno de los dos, se niega a ninguna otra consideración que no sea que la otra parte le conceda lo que no puede dar por no tener la capacidad de hacerlo.  No es de recibo la última maniobra torticera de Puigdemont, Junqueras, Forcadell y Colau, enviando una  carta, al Rey y al presidente del Gobierno, reclamando negociar pero sólo sobre la base de la autorización de un referéndum en Cataluña, y para los catalanes, cuando la ley no lo posibilita. Nadie, en su sano juicio, puede exigir a un político que cometa un delito de prevaricación –producir una resolución a sabiendas de que es injusta-.  Creo que el PP ha sido prudente en esta cuestión durante los dos últimos años, actuando con proporcionalidad. Así ha evitado, de momento, la imagen de la fuerza pública deteniendo a algún cargo político cosa que buscan los independentistas, y hasta ahora no lo han conseguido.

Y esta era también mi opinión, que hoy ha cambiado ante el desacato patente de la Generalidad a la democracia, a las leyes, a la Constitución y al Estatuto. Incumpliendo, sin pudor alguno, las leyes, unas veces directamente y otras buscando subterfugios para hacerlo como en el tema de los colegios, de la webs, de la publicidad de la independencia o los actos públicos para promocionar el referéndum y el voto del sí. Y a pesar de lo que se diga el Gobierno va con un lirio en la mano con la aplicación   de medidas judiciales en cada caso y que están bien tomadas pero que en estos momentos no guardan simetría y proporcionalidad con las llevadas a cabo por la “Generalitat” y por el “parlament”.

A dos semanas de la fecha señalada, el Gobierno ha de realizar sus mayores esfuerzos para, con el auxilio de la ley y los tribunales, impedir la aparición de urnas, papeletas, apertura de colegios electorales y el censo

Se ha de “rematar la faena” como se suele decir en el argot taurino. A dos semanas de la fecha señalada, el Gobierno ha de realizar sus mayores esfuerzos para, con el auxilio de la ley y los tribunales, impedir la aparición de urnas, papeletas, apertura de colegios electorales y el censo. Se haría el mayor de los ridículos, tanto en nuestro país como en la escena internacional, si el 1-O se lleva a cabo una mascarada como la del 9-N. Rajoy no debe relajarse.

Ha llegado la hora de cortar cuanto antes el tema a través del art. 155 de la Constitución –para estos casos fue concebido-  o mediante la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, ya que, como acreditan a diario,  no existe ninguna intención de acatar las decisiones judiciales acordadas por los Tribunales, y ello por el bien de los españoles y sobre todo por el de los catalanes que son la mayoría que no quieren saber nada de la separación de España. Como vulgarmente, en castizo,  se dice “se han de acabar las contemplaciones y aplicar el reglamento vigente” y esto sí que es ahora proporcionalidad, al igual que lo fue la decisión que adoptó la Segunda República en el 34.

Lo cual no quiere decir que una vez pasado el 1-O, no se deba profundizar en una solución definitiva a este problema y a otros existentes con la reforma de la Constitución.

La Constitución de 1978, la llamada “Constitución del consenso”, nos ha proporcionado el segundo periodo constitucional más largo de nuestra historia

La Constitución de 1978, la llamada “Constitución del consenso”, nos ha proporcionado, si la memoria no me falla, el segundo periodo constitucional más largo de nuestra historia, y, por supuesto, el que ha propiciado la mayor evolución y desarrollo económico y político de la historia de España.

Pero no es lo mismo “consenso” que “pacto”. Según la Real Academia de la Lengua, “consenso” es

Acuerdoproducidoporconsentimientoentretodoslosmiembrosdeun grupooentrevariosgrupos”,  mientras que “pacto”es

Conciertootratadoentredosomáspartesquesecomprometena cumplir loestipulado”.

A mi modo de ver, el “pacto de consenso” con el que se redactó la Constitución consistió en que los grupos políticos que lo hicieron, coincidieron en que, en aquellos puntos en los que no fuera posible el acuerdo completo, “consentirían” una redacción más o menos ambigua que les permitiera, a unos y a otros, seguir defendiendo sus posiciones, con la esperanza, todos, de que con el tiempo fueran evolucionando y se pudiera llegar a interpretaciones concretas.

Y por eso, porque nuestra Sociedad es muy distinta a la de entonces, creo que sería oportuno en este momento “repensar” nuevamente aquellos aspectos constitucionales que en su día se “consintieron” y cuya ambigua redacción nos está creando problemas. Pienso que hay que pactar hoy lo que no se pudo acordar entonces.

Revisar la Constitución no debe suponernos ningún trauma si se hace con rigor y seriedad y desde la objetividad alejada de los intereses partidistas y particulares

Revisar la Constitución no debe suponernos ningún trauma si se hace con rigor y seriedad y desde la objetividad alejada de los intereses partidistas y particulares. Libre, también,  de emociones y sentimientos tan fáciles de manipular por  políticos deshonestos que sólo pretenden “arrimar el ascua a su sardina”.  Ya en el momento de su redacción se consideró la necesidad de no sacralizar los contenidos, y la conveniencia, con el tiempo, de proceder a su reforma adaptándola a la realidad social. Recordemos un párrafo de la Constitución francesa de 1793, que decía “Es necesario que las constituciones puedan ser reformadas y cambiadas según vaya surgiendo nuevas relaciones de fuerzas en las sociedades. Ninguna generación puede someter a las generaciones futuras a su voluntad”.

A mi modo de ver, ha llegado el momento de releer, seriamente, y adaptar en consecuencia, el Titulo VIII, pero invirtiendo la pregunta que nos hicimos en el 78. Ahora deberíamos responder a ¿Qué competencias debe conservar, debe ejercer, y cómo, el Estado Central para que nadie cuestione la unidad de España? Para mí la respuesta es clara: El Estado Central debe mantener, únicamente, aquellas competencias que garantizan la unidad económica, la política exterior y la política de defensa una vez nos pongamos de acuerdo en qué historia, qué contenidos y con qué pluralismo y respeto a la diferencia se transmiten en la educación escolar y universitaria. Bien entendido que esas políticas deben ejercerse de acuerdo con las “nacionalidades y regiones”. Lo cual nos lleva, necesariamente, a la reforma del Senado.

Hemos de cambiar de filosofía. Hemos de pasar de “consentir” que se hagan unas u otras cosas a pactar lo que se ha de  hacer.


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