OPINIÓN

Democracia e indulto ante un golpe de estado

Corresponde a los catalanes decir la última palabra, y una elevada, y responsable, participación ha de dejar inequívocamente claro el sentir de esa mayoría, tantos años silenciada, de una Cataluña próspera dentro de una España de progreso.

Democracia e indulto ante un golpe de estado.
Democracia e indulto ante un golpe de estado. EFE

El camaleónico y ambiguo candidato Iceta, tras convulsionar la campaña con su propuesta de promover, si gana las elecciones y es investido presidente, el indulto de a Puigdemont, sus consejeros y resto de imputados, ahora recula y trata de minimizar los efectos y las críticas que le han llovido de todas partes e, incluso, de Ferraz. No sólo de Ferraz, si no desde su socialista de cabecera como es Pepe Borrell, quién hoy mismo le ha hecho saber que “antes de coser las heridas hay que desinfectarlas, de lo contrario se pudren”.

Su propuesta, tan oportunista como atrevida, y no exenta de cierto desconocimiento, aun cuando él sea licenciado en derecho, no deja de reverdecer la polémica de la procedencia, en democracia, de la existencia misma del indulto y lo que ello representa de invasión del Poder Ejecutivo a la autonomía del Judicial.  

Iceta podría estar pensando en la amnistía, pero nuestro ordenamiento jurídico no la contempla

El otorgamiento de la gracia del indulto nunca ha sido una cuestión pacífica toda vez que supone conculcar la regla de oro de la democracia que no es otra que la independencia de poderes.

Iceta podría estar pensando en la amnistía, pero nuestro ordenamiento jurídico no la contempla y, sin embargo, sí da cabida a la existencia del derecho de gracia.

La vigente ley española sobre el derecho de gracia,  que data de junio de 1870, -en tiempos de la Regencia-  muy posteriormente reformada en 1988, exige, para el otorgamiento del indulto dos presupuestos inexcusables: el primero de ellos es que el eventual beneficiario del mismo haya sido condenado en firme, y, el segundo, el arrepentimiento por parte del reo. Así las cosas, es obvia la precipitación de Iceta y su oportunismo en mitad de la campaña con la sola finalidad de “arañar” votos a Esquerra Republicana de Cataluña.

Tras los últimos mítines de campaña de ERC, y las siempre sorprendentes manifestaciones de Marta Rovira, parece claro que no están dispuestos a renunciar ni a la opción independentista, ni a la vía unilateral para conseguir los objetivos que no abandonan. Es verosímil pensar, entonces, que el arrepentimiento no es fácil se vaya a producir. Carmen Forcadell, para librarse de la cárcel, asumió ante el Magistrado Llarena la aceptación del orden constitucional y la defensa de sus postulados políticos desde el acatamiento a la ley. En estos últimos días ha debido olvidarlo y recupera su discurso más rupturista.

Otra cuestión no menos importante, y de muy seria aplicación para Puigdemont y sus consellers fugados, es que la Ley de indulto no permite la concesión del derecho de gracia a quienes no estén a disposición de la Justicia, es decir a los que se encuentren en rebeldía.   

El buenismo oportunista del líder del PSC deja al descubierto la enésima vía de agua de la necesaria estabilidad política de la sociedad catalana

En ese escenario, la propuesta de Iceta no ha dejado de ser una maniobra electoral de quién por un puñado de votos es capaz de llegar más lejos de lo que algunos de sus biógrafos fueran capaces de imaginar.  

El buenismo oportunista del líder del PSC deja al descubierto la enésima vía de agua de la necesaria estabilidad política de la sociedad catalana. Parece que todo lo gravemente sucedido a lo largo de los últimos años, desde la nefasta fecha del 9-N, no ha calado. Llueve sobre mojado. En estos días, me viene a la memoria la cita -erróneamente atribuida a Azaña-  de Juan Negrín durante la Guerra Civil 

“Aguirre (Lendakari vasco en aquellos momentos, refugiado en Cataluña) no puede resistir que se hable de España. En Barcelona afectan no pronunciar siquiera su nombre. Yo no he sido nunca lo que llaman españolista ni patriotero. Pero ante estas cosas, me indigno. Y si esas gentes van a descuartizar España, prefiero a Franco. Con él ya nos entenderemos nosotros, o nuestros hijos o quien fuere. Pero esos hombres son inaguantables. Acabarían por dar la razón a Franco. Y mientras, venga a pedir dinero, y más dinero.”

Me pregunto cómo es posible que tras lo ocurrido en los últimos tiempos, la sociedad catalana no sea capaz de reaccionar y abortar la vía rupturista de la secesión y el caos. Y en ese contexto, propuestas de indulto a quienes no han sido condenados y/o se resisten a estar a disposición de la Justicia, no contribuyen a calmar las turbulentas aguas de las consecuencias del “procés”.

El indulto no deja de representar una debilidad, más que la generosidad pretendida, del Estado

El indulto no deja de representar una debilidad, más que la generosidad pretendida, del Estado en tanto en cuanto persigue reparar un daño a quienes la Justicia, desde su independencia, ha resuelto condenar. El secesionismo que enarbolan las opciones políticas de ERC, Puigdemont y la CUP, es irreconciliable con el Estado de Derecho. Su finalidad última es siempre la reinserción del reo y parece, por lo que ellos mismos no ocultan, que no existe ápice alguno de arrepentimiento y aceptación del orden constitucional en la lucha por sus ideales de independencia y construcción de la república catalana. Mal haríamos si creyéramos en la sinceridad de sus postulados. Tropezar, más de dos veces en la misma piedra, sería un histórico error que retroalimentaría la obsesión por el logro de sus imposibles objetivos. No se puede volver a caer en él, pues los pueblos que olvidan las lecciones de su historia corren el riesgo de revivirla.

España es una democracia no cuestionada y en ella no cabe el indulto para quienes pretenden socavar los principios más elementales sobre los que la misma se sustenta

Al pueblo y la sociedad catalana sólo se les puede pedir, y exigir, que el próximo día 21 se desperecen y acudan en masa a votar para que el más alto nivel de participación posible legitime el sentir mayoritario de su ciudadanía y que ese ejercicio responsable del voto lo sea a favor de las opciones que representa el constitucionalismo, que no sólo no pretende restringir derecho de autonomía alguno sino más bien al contrario, favorecer el mayor nivel de autogobierno, en el marco de un orden constitucional que es, en todo caso, inviolable. Corresponde a los catalanes decir la última palabra, y una elevada, y responsable, participación ha de dejar inequívocamente claro el sentir de esa mayoría, tantos años silenciada, de una Cataluña próspera dentro de una España de progreso.

España es una democracia no cuestionada y en ella no cabe el indulto para quienes pretenden socavar los principios más elementales sobre los que la misma se sustenta, que son los que derivan de un ordenamiento constitucional respaldado por una enorme mayoría de ciudadanos.


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