La Xunta cree que el reglamento de Costas es "una tomadura de pelo": equipara el litoral gallego al mediterráneo

La Xunta de Galicia continúa su guerra contra el Gobierno ante el empeño del Ministerio de Transición Ecológica de sacar adelante un nuevo Reglamento General de Costas cuya tramitación supone, en opinión del Gobierno autonómico, una “tomadura de pelo”. Por eso, la conselleira Ángeles Vázquez ha pedido al Ejecutivo de Sánchez que amplíe el plazo de consulta pública para que todos los afectados por la nueva normativa puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas a un texto confuso, que está plagado de generalidades y que peca de catastrofista al equiparar “la costa gallega a la costa mediterránea".

Vázquez también critica que el Gobierno hable con tanta ligereza de la supuesta “masificación” que padece el litoral de Galicia. Por todo ello, la Xunta ha presentado una alegación conjunta a la que se han adherido más de setenta colectivos afectados por el reglamento, entre ellos una veintena de cofradías de pescadores y numerosas asociaciones vinculadas al sector marítimo.

La responsable de Medio Ambiente de la Xunta ha alertado de que el Gobierno pretende que las concesiones, que se podían dar con una duración de hasta 75 años, pasen ahora a 30, y señala que se arroga el derecho de "expropiar cuando la ola de un temporal llegue a un lugar determinado”, de forma que ese espacio pasará a ser de “dominio público marítimo-terrestre". Vázquez afirma que “esas son las pretensiones; las sabemos, pero siguen sin clarificarlas en la consulta pública" con el propósito de frenar posibles protestas.

"Nuestra costa no está superpoblada"

Asimismo, ha censurado que "no se justifican los problemas concretos" y "no se da solución" a los mismos, pues se trata de un texto alarmista que se dedica a incidir en la extraordinaria presión humana que sufre la franja costera y en los problemas que eso genera debido al cambio climático. En este sentido, la conselleira asevera que el reglamento está plagado de “generalidades” y señala que “nuestra costa ni está sobrepoblada ni tiene un problema acuciante relacionado con el cambio climático. Si el objetivo es otro, la lógica es que lo tengan que decir. No vamos a permitir que nos tomen el pelo y que le tomen el pelo al sector".

Por su parte, el conselleiro de Mar en funciones, ha destacado la necesidad de aportar mucha más seguridad jurídica al sector marítimo y pesquero, que era una de las prioridades de la Ley de Ordenación y Gestión Integrada del Litoral de Galicia. Esta norma autonómica se encuentra suspendida debido al recurso que el Gobierno interpuso a finales del pasado año ante el Tribunal Constitucional, por lo que la seguridad que otorgaba la ley gallega a 4.000 edificaciones localizadas en la zona marítimo-terrestre, entre las que se encuentran más de un centenar de empresas y cerca de 60 lonjas, podría quedar quebrantada.

Alfonso Villares ha recordado que el conjunto de actividades del mar, que van desde la extracción de los recursos pesqueros y acuícolas hasta su transformación y distribución, generan alrededor de 9.000 millones de euros de volumen de negocio anual, rondan los 2.800 millones en exportaciones y son el medio de vida de más de 40.000 personas. Constituyen, por lo tanto, una actividad esencial y estratégica para Galicia, de ahí que la Xunta esté dispuesta “a llegar hasta el final en la defensa de sus intereses”.