España

El Gobierno busca la presencialidad: "El cierre de los colegios es el ultimísimo recurso"

El Ejecutivo alcanza un acuerdo con 29 medidas y cinco recomendaciones con las comunidades autónomas de cara al arranque del nuevo curso escolar en pleno auge de los contagios. País Vasco es la única región que opta por abstenerse

El Gobierno ha anunciado "un acuerdo total" con las comunidades autónomas de cara al nuevo curso y en pleno avance de los contagios por coronavirus. El pacto recoge medidas coordinadas en materia de salud pública en dos direcciones. Una afecta a la reapertura de los centros escolares y la otra a la campaña de vacunación de la gripe, que se llevará a cabo a partir de la primera semana de octubre.

País Vasco ha sido la única región que se ha desmarcado del consenso alcanzado en lo referente a los colegios. En el caso de la campaña de la gripe, todas las autonomías han dado su visto bueno. El documento presentado este jueves por los ministerios de Sanidad, Educación y Política Territorial recoge 29 medidas y cinco recomendaciones.

"Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita", ha garantizado la ministra de Educación, Isabel Celaá, en una rueda de prensa posterior a la Conferencia Multisectorial.

"El cierre de los colegios es el ultimísimo recurso", ha apuntado el titular de Sanidad, Salvador Illa, que ha reconocido el "crecimiento de los contagios" en España. Los centros solo echarán el cierre si hay contagios "descontrolados y generalizados" y la decisión dependerá de cada CCAA sin la autorización del Ministerio de Sanidad que el Gobierno contemplaba en su borrador en un primer momento.

La reunión entre el Gobierno y las autonomías se ha producido de forma telemática y ha durado cerca de cuatro horas. Según Celaá, el objetivo es doble: "Lograr el mayor grado de presencialidad posible y conseguir una vuelta a la escuela segura, saludable y sostenible".

El documento presentado llega tan solo una semana antes de que arranque el curso en varias regiones y supone, en palabras de Celaá, "algún ajuste" de las recomendaciones que ya hizo el Ejecutivo a finales del mes de junio. En aquel momento, España aún estaba lejos de superar los 400.000 casos de covid-19 que actualmente ya ha rebasado.

La ministra ha asegurado que "los beneficios de la Educación superan al riesgo que los alumnos puedan tener en las aulas". Según Celaá, el riesgo que puedan tener en las aulas es menor del que puedan tener en otros ambientes.

Una veintena de medidas

Entre las propuestas planteadas no difieren mucho de las presentadas a finales del mes de junio. Destaca la posibilidad de que las CCAA puedan cerrar determinados colegios en caso de rebrotes, una medida que "únicamente se adoptará ante situaciones excepcionales" provocadas por el impacto de la pandemia.

"Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar asegurando los servicios de comedor, así como apoyo lectivo a menores con necesidades especiales o pertenecientes a familias socialmente vulnerables, siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, en base a las indicaciones de las autoridades sanitarias", ha recalcado Celaá.

Según ha explicado Illa, se considerará que existe un brote en un centro escolar cuando haya tres casos de covid-19 y ha detallado que si se detecta un contagio en un "grupo de convivencia estable", todo el grupo quedará en cuarentena, mientras que si esto mismo ocurre en una clase normal, solo quedarán aislados los contactos estrechos del alumno infectado.

El titular de Sanidad ha precisado que si hay brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico constatado entre sí, se procederá de la misma forma, mientras que, si se constata un vínculo entre los brotes, "se tiene que estudiar caso a caso" y tomar decisiones, como pueden ser "cerrar un aula" o "suspender una línea educativa".

Mascarilla a partir de los seis años

Otros puntos del acuerdo pasan por generalizar el uso de la mascarilla a partir de los seis años -y no desde los diez, como se habló antes del verano- y estudiar la posibilidad de que las familias declaren por escrito que se comprometen a no llevar a sus hijos al colegio si presentan síntomas compatibles con la enfermedad.

Según el Gobierno, compete a cada comunidad decidir si se implantan las llamadas declaraciones responsables y las posibles sanciones a las familias en caso de que lleven a sus hijos al colegio con síntomas de covid-19. 

"Sinceramente, no concibo que unos padres hagan esto a sabiendas de que su hijo está enfermo", ha dicho Illa descartando que se vayan a plantear sanciones de este tipo. "Seamos serios, si no esto no tiene solución. Si hay que sancionar esto, en fin...", ha lamentado ante las preguntas de los periodistas.

Críticas de docentes, inspectores y estudiantes

No se ha alcanzado un consenso a la hora de fijar la ratio, es decir, un número de alumnos por aula común en toda España. La realización de PCR en los centros educativos y los protocolos de cara al posible absentismo también dependerá de cada CCAA. No existen medidas iguales para todo el país.

A lo largo de las últimas semanas, asociaciones docentes, estudiantiles y de familias han alzado la voz para exigir al Gobierno y a las administraciones una vuelta a los colegios segura. El Sindicato de Estudiantes ya ha convocado una huelga a nivel nacional.

Algunas, como la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), han reprochado al Ejecutivo y, en particular, al Ministerio de Educación, la "carencia de liderazgo" y la "falta de compromiso y coordinación" en un asunto que, a su juicio, debería considerarse de Estado. Sindicatos del sector de la Enseñanza han afeado la "tardanza" con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha abordado el retorno a las aulas.

El Gobierno ha defendido el trabajo realizado a lo largo de los últimos meses para luchar contra la pandemia. Preguntada por por este diario los trabajos realizados hasta la fecha de la Comisión de Trabajo para evaluar la evolución de la pandemia en el ámbito educativo anunciada por el Ministerio de Educación a principios de agosto, Celaá ha respondido que las acciones comenzarán con el arranque de curso.

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